Erika Guevara-Rosas pasa de un tema a otro y suena cada vez más preocupada.
La directora para las Américas de la organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional denuncia por ejemplo una «maquinaria represiva» impulsada por el gobierno de Donald Trump contra los derechos de inmigrantes en Estados Unidos.
Afirma que medidas como la separación de familias inmigrantes o la salida del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas restan a EE.UU. «toda la legitimidad para poder condenar violaciones a los derechos humanos en otros países».
Pero, en entrevista con BBC Mundo, también critica las respuestas «tímidas» de países de América Latina al trato que reciben sus ciudadanos en EE.UU. o ante otros problemas de derechos humanos en la región: «El que se atreva a condenar sabe que tiene sus propios esqueletos en el clóset».
Y pide apoyo para esclarecer las «gravísimas violaciones» de derechos humanos cometidas en la crisis de Nicaragua y poder llevar a sus perpetradores ante la justicia, «incluido al presidente» Daniel Ortega».
«Lo que está experimentando la región de las Américas es una grave regresión en materia de derechos humanos», sostiene Guevara-Rosas.
A continuación, una síntesis de la charla telefónica con esta abogada de derechos humanos:
Usted equiparó la política del gobierno de EE.UU. de separar niños inmigrantes de sus padres con la tortura y pidió terminarla. ¿Está satisfecha con la marcha atrás que dio luego el presidente Trump?
Lamentablemente lo que hemos visto con el gobierno del presidente Trump es una suerte de simulación frente a ciertas presiones que se generan ante las políticas públicas que están desarrollando, que son violatorias de los derechos humanos.
Y esta no ha sido la excepción. El 20 de junio firma una orden ejecutiva que supone poner fin a la separación de familias, pero lo que sucede es que da una orden para que siga el tema de detención de familias. Habrá una situación de detención colectiva, lo que para nosotros continúa con una gravedad frente a las políticas de migración que terminan siendo violatorias de los derechos humanos e inclusive de los derechos a solicitar asilo a los EE.UU.
¿Qué opina del nuevo plan del gobierno de EE.UU. de poner hasta 20.000 niños migrantes en bases militares?
Estos anuncios de que inclusive el Pentágono acepta la detención de niños y niñas migrantes en bases militares resultan totalmente violatorios no solo de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los EE.UU., pero también de la legislación nacional.
Al mismo tiempo, hay un aumento en el cruce de inmigrantes sin papeles a EE.UU. desde México y Trump fue electo con la promesa de limitar ese flujo. ¿Es ilegítimo que aplique una política de «tolerancia cero» en la frontera?
Lo que nosotros hemos estado documentando en la frontera es, por un lado, una disminución de los flujos de cruce fronterizo, precisamente por el temor que tiene la gente.
Inclusive en la administración de presidente (Barack) Obama se vio un número sin precedentes de personas deportadas de los EE.UU. a sus países de origen, particularmente centroamericanos y México, que están sufriendo graves crisis de derechos humanos y por ende el resultado ha sido la expulsión masiva de personas buscando protección internacional.
Lo que hemos visto en esta administración es un modo acelerado de poner en práctica toda esta maquinaria represiva y restrictiva de los derechos humanos de las personas que están cruzando la frontera. Además hay un aprovechamiento económico, porque se está privatizando la detención de personas migrantes. Se está criminalizando el cruce fronterizo sin documentos. Entonces toda esta retórica de que en realidad es la protección del interés económico norteamericano, es sin ninguna evidencia. Todo lo contrario.
¿Cómo observa la reacción de los países latinoamericanos ante esta crisis en EE.UU., teniendo en cuenta que la gran mayoría de los inmigrantes provienen de la región?
Desafortunadamente, el posicionamiento de los Estados de nuestra región, no solamente frente estas políticas que afectan directamente a su ciudadanía pero en general a las enormes crisis de derechos humanos y regresiones que estamos enfrentando, han sido posiciones tímidas, tibias.
En muchos casos son posiciones que encubren la propia responsabilidad de los Estados como en el caso de los países de origen de la mayoría de estas personas: países del triángulo norte de Centroamérica, México, etcétera.
Es precisamente porque carecemos hoy día de un liderazgo legítimo y ético que pueda realmente condenar esas gravísimas violaciones a los derechos humanos. El que se atreva a condenar sabe que tiene sus propios esqueletos en el clóset que le pueden ser sacados.
Además hay intereses políticos y económicos tan importantes de la política norteamericana que previenen que estos Estados legítimamente puedan levantar la voz en defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos.
¿Lo que pasa en EE.UU. con la separación de familias migrantes le quita autoridad al gobierno de Trump para señalar problemas de derechos humanos en la región?
No solo la separación de niñas y niños de sus familias, sino una serie de políticas que han sido violatorias de los derechos humanos, inclusive su reciente salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por supuesto que le resta toda la legitimidad para poder condenar violaciones a los derechos humanos en otros países.
E.UU. ha sido una voz fuertísima por ejemplo para condenar la gravísima crisis de derechos humanos que existe en Venezuela. Sin embargo, también quiere construir un muro para prevenir que personas en necesidad de protección internacional de nuestra región puedan acceder a su derecho a solicitar asilo en los EE.UU.
Entonces es muy contradictorio que por un lado haga condenas y por otro lado haga prácticas y políticas contrarias a la retórica que utiliza.
El escándalo por la separación de familias migrantes en EE.UU. ocurre cuando hay denuncias graves de abusos cometidos por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, y cuando aumenta a niveles brutales la violencia criminal en México y Centroamérica. ¿Se desploma el valor de los derechos humanos en las Américas?
Lo que está experimentando la región de las Américas es una grave regresión en materia de derechos humanos. Claro que hay diferentes crisis y diferentes niveles en donde esa realidad se está expresando de manera acelerada, como lo hemos visto en Venezuela, en Honduras y hoy día en Nicaragua.
La falta de esa legitimidad regional por parte del liderazgo político, es decir de los presidentes, de alguna manera contribuye a que estas gravísimas situaciones que se van deteriorando de manera muy acelerada no puedan ser solucionadas de manera regional. No existen posicionamientos de condena responsables y coherentes, ni tampoco propuestas de solución ante estas realidades por parte de nuestros propios Estados.
Sobre la crisis en Nicaragua, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado este viernes señala la muerte de 212 personas durante las protestas contra el gobierno, buena parte de ellas por la represión del Estado o el uso de grupos parapoliciales. ¿Qué debe hacerse frente a esto?
El Estado nicaragüense ha rechazado el informe, diciendo que es parcial, que no toma en consideración actos de violencia cometidos por terceros. Pero se le olvida que precisamente el Estado es el garante y tiene la obligación de la protección de los derechos humanos de todas y todos por igual.
Amnistía Internacional también ha hecho una investigación in situ y hemos podido generar un cuerpo de evidencia sobre las gravísimas violaciones que se están cometiendo en el contexto de una política sistemática de represión del Estado y el uso de grupos paraestatales armados, que operan en colusión con la policía para cometer estas atrocidades.
Lamentablemente también hemos visto un posicionamiento tibio por parte de la región. El informe de la CIDH esperamos que sirva como el documento base para los inicios de la investigación que tiene que realizar el grupo de expertos independientes que se estará estableciendo en los próximos días en Nicaragua.
Esperamos que los Estados no solo den su respaldo político al establecimiento de este grupo, pero que también den su respaldo técnico y financiero para asegurar que cuente con todos los recursos para realizar su función de manera imparcial, para que pueda ir esclareciendo estas gravísimas violaciones y generando un cuerpo de evidencia que permita llevar a los perpetradores a todo nivel, incluido al presidente Ortega, ante la justicia.
¿Hay elementos suficientes para llevar al presidente Ortega ante la justicia?
A nosotros nos queda claro que esto es una política sistemática de violación de los derechos humanos dirigida por el propio presidente Ortega.
No podemos olvidar que bajo la Constitución nicaragüense él es el supremo jefe de la Policía Nacional, quienes son los que están cometiendo estas graves violaciones a los derechos humanos a la luz pública. La policía está bajo la orden directa del presidente Ortega. Entre el presidente Ortega y la comandancia de la policía no existe ninguna intermediación jerárquica.
Fuente: BBC Mundo