Miles de personas han marchado en Santo Domingo para reclamar el fin del «régimen de corrupción e impunidad» y pedir justicia en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que confesó haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para adjudicarse obras en este país entre el 2001 y el 2014. La denominada «Marcha del millón contra la corrupción» fue organizada por el colectivo Marcha Verde, que surgió a principios del 2017, tras el ‘caso Odebrecht’.

La empresa brasileña reconoció en diciembre del 2016 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios gobernativos para obtener beneficios en contrataciones públicas en 12 países, entre ellos la República Dominicana. De hecho, la suma pagada en la isla caribeña fue el importe mayor gastado por la constructora fuera de su país de origen.

Cooperar en la causa

En enero del 2017, el Ministerio Público multó Odebrecht por un monto de 184 millones de dólares, el doble de la suma pagada en sobornos. La compañía acordó cooperar en la causa a cambio de que sus ejecutivos no fueran procesados y que pudiera seguir trabajando en la isla. Actualmente, la constructora sigue operando en la República Dominicana, país que permaneció durante meses como el único que no había detenido a nadie por el caso. Solo en mayo del año pasado el Ministerio Público implicó a 14 personas, acusadas de corrupción.

Al término de la manifestación, Marcha Verde leyó un manifiesto en el que anunció su compromiso «para sacar de una vez y para siempre a la delincuencia política y a sus aliados económico, empresariales y militares de las instituciones«. Y también para que los responsables de gestionar y beneficiarse de los contratos entre el Estado y Odebrecht «sean debidamente procesados y condenados, comenzando por el presidente (del país), Danilo Medina«.

Régimen de robo

Marcha Verde acusó a Medina, a Leonel Fernández, su antecesor, y a las élites del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de ser «los principales artífices y responsables del régimen de robo de los recursos públicos». Medina y Fernández, quien preside el PLD, «controlan de manera antidemocrática las instituciones de persecución del delito, las altas cortes e importantes medios de comunicación del país para evitar que se haga justicia en el ‘caso Odebrecht’ y en otros importantes casos», dijo el colectivo.

Medina llegará el próximo jueves al segundo año de su segundo mandato y, según Marcha Verde, debería ser sometido a un juicio político y a una investigación penal independiente para que responda por estos casos. La marcha del colectivo, en que los manifestantes llevaban banderas y pancartas con mensajes como «El fin de la impunidad» o «Los ladrones a la cárcel», transcurrió sin incidentes.

El fin de la impunidad

En República Dominicana «hay un millón de razones para marchar, luchar y vencer la corrupción y la impunidad», afirmó la profesora María Teresa Cabrera, integrante de la comisión organizadora del colectivo, que cuestiona el expediente presentado por el Ministerio Público en el ‘caso Odebrecht’ porque deja fuera el periodo «en el que se pagó más del 67% de los sobornos», así como a funcionarios y legisladores.

La marcha contó con el apoyo de distintas organizaciones sociales y de partidos políticos, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) que recientemente llamó a la ciudadanía a acudir a la actividad. El pasado martes el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana, Francisco Ortega, dio inicio a la audiencia preliminar contra los 7 imputados de recibir los sobornos de Odebrecht, pero tras dos vistas decidió aplazarlas hasta el fin de agosto para que se entreguen las pruebas que el ministerio asegura tener en contra de los acusados.

Los imputados

Los imputados son los expresidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, ambos del PRM; el empresario Ángel Rondón, a quien se le acusa de distribuir el dinero; el senador Tommy Galán, del PLD, y su compañero de partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Asimismo, el supuesto testaferro de Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga, y el exsenador Roberto Rodríguez, del PRM.

En junio pasado el procurador general, Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal contra seis personas de las 14 acusadas en mayo, dejando a ocho fuera del expediente. Rodríguez anunció entonces la inclusión de Jesús Vásquez, hasta hace poco secretario del PRM, en la lista de los imputados por este caso.