Alberto Fujimori volverá a la cárcel. La Corte Suprema de Perú ha anulado este miércoles el indulto concedido al autócrata, de 80 años, que recibió la gracia la noche de Navidad del año pasado por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y ha ordenado su regreso inmediato a prisión. El político liberal, que renunció en marzo en favor del hoy jefe de Estado y de Gobierno, Martín Vizcarra, otorgó el indulto a cambio de los votos de un sector del fujimorismo para evitar su destitución en el Congreso. El Ejecutivo de Vizcarra ha dicho ya que acatará la decisión judicial. Las consecuencias políticas de la decisión son poco predecibles, dado al contexto de enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y la oposición fujimorista.

Dos de los crímenes por los cuales el autócrata peruano fue sentenciado a 25 años de prisión en abril de 2009 -las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- cuentan con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH) de obligado cumplimiento para el Estado peruano. Por ello, las víctimas solicitaron en febrero a la Corte que revisara la cuestión y esta dispuso que la justicia peruana decidiera si el indulto se adecuaba a las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un proceso llamado control de convencionalidad.

La resolución de la Corte, de 225 páginas, indica que el control de convencionalidad consiste en evaluar el “cumplimiento íntegro y de buena fe del fallo y que las decisiones de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) no se vean mermadas por la aplicación de normas nacionales contrarias o por decisiones judiciales y administrativas que hagan ilusorio su cumplimiento”.

En julio, un grupo de víctimas y familiares de víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta -cometidas en 1991 y 1992- presentaron al Poder Judicial el pedido de dicho control de convencionalidad. Tras escuchar a los abogados de las partes en una audiencia celebrada hace dos semanas, la justicia peruana ha concluido este miércoles que el indulto es inaplicable.

En la resolución, el magistrado supremo Hugo Núñez Julca analiza los hechos políticos de diciembre pasado que empujaron a Kuczysnki a firmar el indulto para el autócrata y cuestiona la forma, la velocidad e irregularidades del trámite concedido por parte del entonces presidente. El juez ordena, además, la emisión de sendas órdenes de ubicación y captura para que el político regrese a la cárcel.

Una hora después de conocida la resolución del órgano de la Corte Suprema, la líder de Fuerza Popular y cabeza de la oposición, Keiko Fujimori, visitó la casa de su padre y rompió a llorar ante los medios de comunicación. «Es uno de los días más tristes en nuestra vida, es extremadamente doloroso que un juez le haya quitado la libertad señalando que no está moribundo y no tiene derecho a un indulto humanitario porque habría errores en la tramitación», ha dicho. «Está deteriorada su salud, ha purgado doce años de prisión. Invoco a un alto y un límite al odio y al ensañamiento de nuestros lideres políticos. Esta decisión por supuesto que será apelada».

«El indulto concedido es incompatible con las obligaciones internacionales que vinculan al Estado peruano, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos», afirma la resolución. El magistrado indica que Fujimori tiene una «enfermedad no terminal grave, no se justifica que se trate de un caso que exija la necesidad imperante de ponerlo en libertad», por ello determina que la resolución que firmó Kuczynski en la Nochebuena del año pasado «carece de efectos jurídicos» y «fundado el pedido de la parte civil de declarar inaplicable el indulto».

El juez supremo, como ya hiciera en enero un informe de la Defensoría del Pueblo, “encuentra y advierte irregularidades en la tramitación del indulto pues no verifica el cumplimiento de exigencias legales esenciales”. Y cuestiona la transparencia de la junta de evaluación técnica que recomendó la decisión. Núñez cuestiona que el acta de la junta médica penitenciaria que evalúa el estado de salud de Fujimori presenta un diagnóstico y dos días después lo modifica considerablemente. Además, revela que añaden al expediente información sobre una supuesta neoplasia en la boca de Fujimori dos días después de concedido el indulto, el pasado 26 de diciembre.

Fujimori cumplió 80 años en julio. Acude regularmente a chequeos médicos y está, además, a la espera de que comience un nuevo juicio penal en su contra por el caso Pativilca: el asesinato de seis personas cometido en 1992 por el Grupo Colina, el destacamento del Ejército formado durante su Gobierno y que fue también el brazo ejecutor de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

El Congreso, de mayoría fujimorista, está enfrentado con el presidente Martín Vizcarra después de que el Legislativo blindase al juez César Hinostroza, investigado por liderar una trama de corrupción en el sistema de justicia en la que participan empresarios fujimoristas y operadores políticos del gobierno de Alberto Fujimori. Tras los comentarios de la hija mayor de Fujimori, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, ha apuntado directamente al Ejecutivo de Vizcarra: “En política no hay coincidencias, esto es una clara intromisión en lo que pasa en el poder judicial”. Se avecinan turbulencias en la escena política peruana.

El sociólogo Felix Reátegui, investigador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica, dijo en declaraciones a EL PAÍS que «la decisión de anular el indulto por un juzgado de la Corte Suprema, de quedar asentada definitivamente, corrige una decisión profundamente irregular y reivindica a las víctimas». También es, dice, «significativo» revertir esta «medida de impunidad» en un contexto de «enormes problemas de corrupción». La anulación del indulto, agrega, Reátegui, «ayuda también a fortalecer el orden jurídico en general y en materia de respeto a los derechos humanos, en particular». La jurista Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que ha representado a las víctimas de caso Barrios Altos ante la Corte, subraya por su parte que “la decisión representa un compromiso por parte de la justicia peruana de asegurar que nadie está por encima de la ley».

Fuente: El País