Además, en 2050 el Gobierno aspira a trabajar con los Ayuntamientos para prohibir la circulación de estos coches, es decir, de los vehículos que emiten gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono, CO₂). “Somos conscientes de que no todos los municipios se encuentran en las mismas circunstancias y cuentan con los mismos recursos”, han señalado fuentes ministeriales. También propone el Gobierno la obligación de instalar puntos de recarga eléctricos en las gasolineras, para lo que plantean diferentes plazos en función del volumen de ventas de cada establecimiento, que, sin embargo, no especifican.

El transporte es en España (y en la mayoría de la Unión Europea) el alumno rezagado en la lucha contra el cambio climático. Mientras en el sector eléctrico la penetración de renovables se ha acelerado y se contempla un horizonte claro y realista en el que el 100% de la luz vendrá de fuentes limpias, en el transporte por carretera no se viaja a la misma velocidad.

El 26% de todos los gases de efecto invernadero de España proceden del transporte, principalmente, el que se hace por carretera. Y las previsiones del Gobierno indican que, si no se toman medidas, esas emisiones crecerán un 15% de aquí a 2030.

En el borrador presentado este martes se habla literalmente de vetar la matriculación y venta de «turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono» para 2040. Eso supondría, hoy por hoy, que no se venderían los coches con motores de gasolina, diésel y gas natural. Y tampoco los híbridos, porque también queman gasolina o gasóleo.

El veto a este tipo de motores (que también están detrás en gran parte de los serios problemas de contaminación en las grandes ciudades) es algo que llevan años anunciando diferentes Estados de la UE. El ministerio recuerda que Reino Unido y Francia han propuesto medidas similares para 2040. Y otros países (como Dinamarca, Irlanda y Holanda) plantean el horizonte de 2030 para ese veto.

La propuesta del ministerio también incluye que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con zonas de bajas emisiones «no más tarde de 2023».  Es decir, con áreas en las que se vete a los coches más contaminantes.

La ley, que se fija un objetivo de reducción de las emisiones de efecto invernadero para 2030 del 20% (respecto a niveles de 1990), tendrá que ser negociada en el Congreso y al no contar el PSOE con la mayoría necesaria los plazos se pueden dilatar. El Gobierno y Podemos han constituido un grupo de trabajo en el Congreso y el resto de grupos han recibido el documento hace unos días.

Objetivos generales

El objetivo general que plantea el Gobierno para la futura ley es que en 2030 las emisiones de España sean de 230 millones de toneladas de CO₂ equivalente, la medida que se utiliza para los gases de efecto invernadero, frente a las 339 millones de toneladas actuales. Esto supone un 20% de reducción respecto a los niveles de 1990.

El ministerio sostiene que el objetivo que plantea es muy ambicioso, más de lo que exige la Comisión Europea. Según sus cálculos, las políticas puestas en marcha por la Comisión, que deben aplicar los Veintiocho, implicarían que España podría emitir un máximo de 290 millones de toneladas en 2030, 60 más del objetivo que establece la ley.

Además, en 2030, el 35% de todo el consumo de energía de España debería ser de origen renovable y al menos el 70% de la generación de electricidad tendrá que ser limpia, según el borrador del ministerio. Respecto a los objetivos a largo plazo, en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país deberán haberse reducido un 90% respecto a 1990 y todo el sistema eléctrico deberá ser renovable.

Veto al ‘fracking’

Entre las medidas que también contempla el texto del ministerio está la prohibición de la utilización de la fractura hidráulica, el polémico fracking, para extraer petróleo y gas. Además, a partir de la entrada en vigor de la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para prospección y explotación de hidrocarburos, ni en tierra ni en mar. Los permisos vigentes no podrán seguir operando más allá de 2040.

El Gobierno también plantea la prohibición de establecer nuevos subsidios o incentivos a las energías fósiles desde la entrada en vigor de la norma. Y se elaborará un informe sobre el régimen fiscal de estos combustibles para revisar dichos incentivos. El ministerio pasa de puntillas por la fiscalidad (no se menciona la equiparación de la tributación de diésel y gasolina) argumentando que es algo que debe acometerse en colaboración con el Ministerio de Hacienda.

Es en este punto (el de la fiscalidad) en el que Xavier Labandeira, economista especializado en cambio climático y miembro del centro de investigación Economics for Energy, considera que el borrador presentado por el ministerio flaquea. Considera este especialista que se debería utilizar la fiscalidad como «un mecanismo» para reducir los gases de efecto invernadero. «Y especialmente en el transporte», señala. Propone este investigador que los tributos del diésel y la gasolina se igualen y que ambos se aumenten paulatinamente. También, que se utilice el impuesto de matriculación para penalizar realmente a los coches más contaminantes y emisores de dióxido de carbono.

Renovables

La ley de cambio climático se debe completar con el llamado plan de energía y clima que España tendrá que presentar a Bruselas en diciembre. En ese plan se establecerá la programación energética del país para la próxima década. Por ejemplo, si España contará con el carbón, con la nuclear, con el gas natural…

Ese documento aún está en elaboración, pero en el borrador de la ley de cambio climático ya se fijan medidas de fomento de las renovables. Entre 2020 y 2030, deberán instalar anualmente 3.000 megavatios de potencia renovable (en estos momentos toda la potencia renovable suma los 48.000 megavatios y en 2017 estas tecnologías limpias generaron el 32% de toda la electricidad en España).

Los riesgos del cambio climático

Como ya se había anunciado, el ministerio quiere obligar con esta ley a las empresas cotizadas a que elaboren informes de riesgo climático. Y el Banco de España (como ya hace el de Reino Unido) deberá elaborar cada dos años informes sobre los riesgos del cambio climático para el sistema financiero. También contempla el ministerio crear un comité asesor de cambio climático que deberá analizar si España cumple o no con los objetivos a los que se comprometa.

Fuente: El País