España.- La situación era tensa este viernes en Barcelona, con carreteras cortadas y enfrentamientos entre manifestantes y policía, mientras el gobierno español de Pedro Sánchez celebra un excepcional consejo de ministros criticado por los independentistas catalanes como una «provocación».
Al menos siete manifestantes fueron detenidos, seis de ellos tras unos choques violentos con la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra.
Con lemas como «desbordémoslos» o «seremos ingobernables», distintos grupos independentistas convocaron acciones para bloquear Barcelona en protesta por la celebración del consejo de ministros, un gesto con el que Sánchez quiso mostrar su cercanía con Cataluña.
Desde el amanecer, los activistas de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR, grupos de acción directa) cortaron una decena de carreteras en Cataluña, entre ellas importantes autopistas como la AP7 y la A2, que comunican la región con Francia y Madrid. También cortaron importantes vías de acceso a Barcelona, luego reabiertas, según el servicio regional de tráfico.
Más tarde, en el centro de la ciudad, la policía cargó en dos ocasiones contra un grupo de unos 200 individuos. En el segundo embate, los manifestantes lanzaron contenedores y tiraron piedras, vallas, huevos, botellas y petardos a los agentes, constató un periodista de AFP.
Al mismo tiempo, una manifestación pacífica de miles de independentistas tenía lugar frente a la Estación de Francia, cerca de donde estaba reunido el consejo de ministros. «Es difícil saber qué va a pasar mañana. Pero aquí estamos, mostrando fuerza, en calma», dijo a la AFP Carles Serra, un empleado textil de 45 años.
El excepcional consejo de ministros comenzó pasadas las 09H00 GMT en el palacio de la Llotja de Mar, cerca del litoral mediterráneo, en medio de un fuerte dispositivo policial destinado a mantener alejados a los manifestantes.
El consejo de ministros se produce tras la reunión el jueves en Barcelona entre Sánchez y el presidente catalán Quim Torra, quien no ceja en su ambición de alumbrar algún día una República catalana independiente de España.
Tiene lugar, además, un año después de unos comicios regionales que revalidaron la mayoría separatista en el Parlamento regional, disuelto en octubre de 2017 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy tras una infructuosa declaración unilateral de independencia.
Sánchez buscaba desactivar la tensión de las últimas semanas con este encuentro, que culminó con un comunicado conjunto donde ambos gobiernos se comprometieron a «un diálogo efectivo» para «avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica».
«Nos corresponde a todos abrir una nueva etapa», añadió Sánchez posteriormente en una cena empresarial donde volvió a coincidir con Torra.
«Sabemos que las posiciones iniciales son separadas pero tenemos que ver cómo podemos ir avanzando», dijo la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi.
El encuentro fue enérgicamente criticado por la oposición conservadora. Pablo Casado, líder del Partido Popular, fustigó que Sánchez brindara al separatista Torra un trato «prácticamente de jefe de Estado», y aseguró haber sentido «vergüenza ajena».
A pie de calle, los ánimos también se volvían contra el ejecutivo independentista catalán por este diálogo que, según se anunció, continuará en enero con otra reunión.
«El diálogo para mí es un paso atrás. Ahora ya no es el momento de intentar dialogar, ese momento ya ha pasado. Me parece que solo fue una foto para calmar los ánimos para hoy», dijo la manifestante Mariona Godia, una administrativa de 35 años.
En juego está la interlocución política reimpulsada con la reunión del jueves entre ambos presidentes, la segunda después de otra celebrada en julio, cuando ambos acababan de llegar a sus respectivos cargos y trataron de rebajar la tensión estallada por la tentativa de secesión de 2017 y el encarcelamiento preventivo de nueve líderes independentistas.
Desde entonces, el apaciguamiento se había quedado encallado.
Los separatistas, sin quienes no dispone de mayoría parlamentaria, retiraron el apoyo al gobierno español después de que la fiscalía reclamara entre 7 y 25 años de cárcel para los acusados por el intento de secesión, que serán juzgados a principios de 2019.
También Sánchez endureció el tono, presionado por la derecha y la extrema derecha, que entró por primera vez en un Parlamento regional de España, el de Andalucía, con un agresivo discurso contra los separatistas.
Fuente: Afp.com