El Pacto Fiscal es un mandato legal, una necesidad reconocida por el Ministerio de Hacienda y una preocupación del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pese a las afirmaciones indicadas, el tiempo transcurre y en dominicana no hay señales por parte de las autoridades para que el tema de la limitación de las finanzas públicas sea abordado con responsabilidad. La dilación para discutir lo del Pacto Fiscal solo tiene un resultado, un mayor costo para la economía nacional.

La Ley número 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, en su Art. 36 establece la realización de un Pacto Fiscal, a fin de propiciar un desarrollo sostenible en un marco de sostenibilidad fiscal. Recientemente el Ministro de Hacienda reconoció la necesidad de hacer un pacto fiscal, indicando que el mejor momento para realizarlo es después de las elecciones del 2020; sin embargo, recordemos que en el 2016 el gobierno anunció el inicio de la discusión del Pacto Fiscal y han pasado casi cuatro años y la palabra empañada fue guardada sin explicación.

La última revisión realizada en el 2019 a la economía dominicana por parte del FMI, mostró preocupación por el aumento de la deuda pública, la necesidad de un ajuste para ampliar la base impositiva, reducir la carga del sector eléctrico y construir espacios fiscales.

¿Si la admisión acerca de la conveniencia del Pacto Fiscal es significativa, por qué entonces las autoridades competentes han dilatado su discusión?.

Traer a colación lo expresado en una oportunidad por Milton Friedman es valioso a propósito de esta opinión: “Nadie gasta el dinero de otra persona tan cuidadosamente como gasta el suyo. Nadie usa los recursos de otra persona con tanto cuidado como utiliza los suyos. Así que si quieres la eficiencia y la eficacia, si desea que el conocimiento sea utilizado apropiadamente, usted tiene que hacerlo a través de los medios de propiedad privada”.

Parafraseando a Milton Friedman en su retórica para justificar y promover la propiedad privada, diría, que el presupuesto nacional es dinero público, por lo tanto no es privado y nunca se gastara tan cuidadosamente como se gasta el de uno; de ahí parte de la razón por la cual se ha pospuesto la discusión del Pacto Fiscal; mientras, tenemos una deuda que crece, incluso sin crisis internacional o local y precios altos del petróleo, como aconteció en el pasado.

No resulta aconsejable la inacción en tiempos de normalidad económica, basado en los contextos nacional e internacional; es el mejor momento para afrontar los desafíos. Como dice un proverbio chino, apúrense lentamente, para que mañana no sea tarde y las cosas no resulten al final a lo Chile, Ecuador, Haití, Nicaragua y Puerto Rico, en donde no solo hubo un alto costo económico, sino que, ha sido letal para muchos de sus ciudadanos.

En términos presupuestarios, la mejor expresión de que las finanzas públicas no andan bien, es cuando en forma recurrente –en el caso dominicano permanente-, la formulación y ejecución del presupuesto deviene en déficit financiero, como resultado de que los gastos superan los ingresos y justo eso es lo que ha estado aconteciendo durante años en la economía nacional.

Desde al menos el 2005 hasta el 2020, con la sola excepción del 2015, el saldo presupuestario ha sido deficitario, lo que equivale a decir que de 16 años, 15 han presentado o presentaran (2019 y 2020) un resultado negativo; revelando, que la economía no ha estado generando los ingresos necesarios al fisco para cubrir el gasto público, que los gastos son excesivos, o una combinación de ambas causales.

Déficit financiero del presupuesto nacional

En millones RD$

Los años 2019-2020 fueron tomados del déficit proyectado en el presupuesto, el resto de los años corresponde a los déficits ejecutado.

Como puede apreciarse en el cuadro del déficit financiero presupuestario anual de la nación, durante el periodo 2005 al 2020 las finanzas públicas muestran un mal de tipo estructural, dado el desbalance permanente que registran los gastos sobre los ingresos, causa fundamental por la que el sector público no financiero ha venido endeudándose; traduciéndose en un costo financiero para el país del orden de RD$896,724 millones, sin considerar el pago de los intereses que implica endeudarse por ese concepto.

Al considerar el tema del comportamiento de la deuda pública del sector no financiero, originada por los déficits presupuestarios, más otras razones del endeudamiento, se puede valorar que se elevó durante los años 2005 a septiembre del 2019 de US$7,787 millones a US$34,227 millones, cambio equivalente al 21.7 % del tamaño de la economía a un 38.5 % del PIB. El incremento de US$ 26,440 millones y de un 16.8 % del PIB, es indicativo de los problemas que tiene el fisco y la economía del país.

Por otro lado, auscultar el desempeño de la rigidez presupuestaria, es otro indicador que muestra la ausencia de espacio presupuestario y fiscal que tienen las finanzas públicas dominicanas. La referida rigidez ha pasado en los últimos años de un 81.0 % a un 91.0 % hacia el 2020, señal de que cada vez menos no existe holgura para otros gastos del gobierno, no impuesto por las cargas fijas y de los compromisos ineludibles que tiene el Estado.

Entonces, como se ha podido apreciar, la dilación de casi ocho años que lleva el no realizar el Pacto Fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ha traído como resultado un alto costo financiero para la economía dominicana, que medido en términos del déficit presupuestario desde el 2005 al 2020, alcanza un valor de RD$ 896,724 millones y en términos de endeudamiento público de US$ 26,440 millones, cifras nada despreciable si la examinamos desde el punto de vista de los desafíos que implica no abordar en tiempos de normalidad económica la ausencia progresiva de espacios fiscales que tiene el gobierno central.

Posponer nueva vez la discusión del Pacto Fiscal, alegando que el momento no es oportuno, que hay que dejárselo a las nuevas autoridades que surjan a partir del 2020, es una excusa trivial; pues de haberse realizado cuando se anunció en el 2016, el impacto del costo financiero se hubiera detenido en el monto de los RD$ 468,332 millones y si se hubiera realizado en el 2013, el impacto sería solo de RD$ 351,004 millones; de manera, que solo por la dilación de los últimos ocho años el costo adicional asciende a RD$ 545,720 millones.

Los costos financieros que ha tenido la no realización del Pacto Fiscal han sido altos para la economía dominicana, su posposición en vez de evitar los referidos impactos han agravado la salud de las finanzas públicas, esto sin tomar en consideración acciones de ingeniería financiera –caso de los fideicomisos- que ayuda a simular una deuda pública menor a la que realmente presentan los datos oficiales.