El exdirectivo, arrestado en Málaga, es uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht
Emilio Lozoya, director general de la petrolera estatal mexicana Pemex durante la Administración de Enrique Peña Nieto y uno de los principales señalados por la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ha sido detenido este miércoles a primera hora de la mañana en Málaga, según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales españolas. El arresto se produjo en una urbanización de lujo de la capital de la Costa del Sol en la que, según señalan estas fuentes, el antiguo directivo de la petrolera residía en una vivienda de la que prácticamente no salía. La detención se produjo en una de esas salidas. Fuentes policiales señalan que no opuso resistencia.
#FGRInforma que está integrado carpeta de investigación contra Genaro “G” por probable comisión de delitos de conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud y delincuencia organizada https://t.co/DvvNqbbwI0 pic.twitter.com/W6RW4Wf4oo
— FGR México (@FGRMexico) December 10, 2019
El exdirectivo de Pemex comparecerá este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es quien se va a encargar de su procedimiento de extradición. Lozoya está acusado de fraude a gran escala, corrupción y soborno durante los años 2012 y 2013. Según la documentación remitida a España, el antiguo director de la petrolera presuntamente adjudicó contratos públicos a cambio de sobornos. Las autoridades cifran el fraude en 280 millones de dolares (257 millones de euros). Lozoya ya había sido inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en su país.
La detención de Lozoya es un golpe al corazón de la anterior Administración mexicana, presidida por Peña Nieto, de quien Lozoya era uno de sus hombres de confianza. El exdirector de Pemex era una persona muy próxima al último canciller de Peña Nieto, Luis Videgaray, y fue considerado uno de los chicos de oro del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El caso de Lozoya es distinto en un sexenio golpeado por numerosos casos de corrupción, en la medida en que supuso que el escándalo deOdebrecht se comenzaba a abrir paso en México, que no se había visto afectado hasta entonces por el vendaval que ha sacudido a otros países de América Latina. En el caso del exdirector de Pemex, tres exdirectivos de la constructora brasileña aseguraron que Lozoya recibió más de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 para ayudar en la firma de contratos.
Las delaciones corresponden a funcionarios de la constructora —Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva— que accedieron a colaborar con la justicia para obtener beneficios en sus penas. Una reconstrucción realizada por la justicia brasileña a partir de los testimonios jurados de los tres inculpados y de decenas de documentos —copias de las transferencias electrónicas, órdenes de pago de los bancos, vídeos…— ha constatado que el nombre de Lozoya aparece vinculado a diversas operaciones.
Los documentos y testimonios apuntaban que Lozoya solicitó y recibió 4,1 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012, es decir, durante y después de la campaña electoral de las presidenciales mexicanas de ese año. Según se desprende del material, los responsables de Odebrecht aseguran que ese pago era una manera de asegurarse el favor de alguien que por aquel entonces se consolidaba por su cercanía al expresidente Peña Nieto. Lozoya participó en el área internacional de la campaña del candidato priísta. Lozoya aseguró en repetidas ocasiones que no había evidencias en su contra. “Niego categóricamente mi participación en estos hechos”, insistió después de conocerse las acusaciones de soborno.
El paradero de Lozoya era un misterio, circunstancia que comenzaba a salpicar al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien le han llovido críticas por no haber hecho nada para avanzar en las investigaciones contra Lozoya. “Si están prófugos, van las autoridades competentes a procurar detenerlos, esa es una función de la Fiscalía General”, afirmó el pasado año López Obrador. «Yo no tengo problema de conciencia ni en este ni en otros casos porque no protejo a nadie. Cuando se trata de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger; ya lo he dicho, no tengo compromisos, al contrario. Nosotros no permitimos la corrupción, ni la impunidad, que nosotros no vamos a ser tapadera de nadie y que no se van a autorizar negocios ilícitos desde la presidencia de la república”, añadió durante una de sus conferencias matutinas, en las que se defendió de las críticas: “Lo que no se puede decir es que no los detienen porque nosotros los protegemos, ¡Eso no, eso es una vil mentira! Si se llegara a pensar sobre él que existe la misma impunidad de siempre. No, son otros asuntos y no vamos a permitir la impunidad en ninguno de los casos”.