Esta opinión aborda la posición fiscal y monetaria desde tres perspectivas. La primera, cómo se encontraban las referidas posiciones en la República Dominicana al momento de llegar el primer caso oficial de coronavirus el pasado 5 de marzo. La segunda, cuál es la contribución que puede realizar la política económica en la fase de expansión en la que se encuentra la epidemia del coronavirus. Y la tercera, el papel que tendrán en la recuperación económica que se necesita para retomar el ritmo normal de las actividades comerciales y productivas.
La importancia de conocer cómo se encontraba la economía dominicana en términos fiscal y monetario, reside en que nos permite tener una idea del nivel de fortaleza o vulnerabilidad en la que se encontraba la economía a la llegada del Covid-19 y a partir de ahí, el nivel de esfuerzo que tendrá que realizar la política económica para afrontar, mitigar y superar la epidemia, así como además, revertir sus efectos sobre la economía.
Desde que el Covid-19 penetró al territorio nacional, hasta la fecha, su expansión no se ha detenido, provocando un cambio en el desempeño de los indicadores económicos, que los coloca en un lugar opuesto al que se encontraban, o al menos, se han deteriorado; lo que ha obligado a las políticas públicas, confrontar uno de los desafíos más severos por lo que ha transitado el país en forma simultánea: crisis sanitaria, parálisis económica y presión social.
Las estimaciones que han realizado los organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía dominicana, muestran una caída significativa de la actividad económica al cierre del año 2020, que la sitúan en un 0.0 % de crecimiento conforme al BM y de un -1.0 % del FMI. Cualquiera que sea el resultado final cercano a las estimaciones indicadas, el impacto sobre la economía nacional podría considerarse de severo y de difícil su recuperación.
La economía dominicana al cierre del año 2019 creció en un 5.1 % y se estimó crecería en un 5.0 % para el año en curso; sin embargo, el costo del PIB de no crecer o decrecer en términos negativos sería de entre US$ 2,883 millones a US$ 3,782 millones, lo que la situaría en menor condición para continuar disminuyendo la pobreza, el desempleo, el aumento del ingreso per cápita y bajar la presión de la deuda pública y también, un tiempo para retomar el nivel de expansión de años pasados y recuperar el año perdido.
El nivel de la deuda pública del sector no financiero a febrero del 2020 ascendía a US$ 38,381.4 millones, para un equivalente en términos del PIB de un 41.8 %. Ante la caída de los ingresos fiscales no financieros por un monto de RD$ 22,916.8 millones durante marzo, por la paralización económica que causa el Covid-19, y la previsible continuación de su disminución -al menos para abril y luego hasta cuando dure la expansión y pueda contenerse el coronavirus-, es de considerar que el saldo de los ingresos corrientes al final del año sea inferior al estimado en el presupuesto nacional, que asciende a RD$ 738,501 millones y la deuda aumente sobre lo estimado.
La calificación de deuda externa del riesgo país, medida por el spread entre las tasas de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y los de la República Dominicana se sitúa al 12 de mayo del año en curso en 587, cuando al 2 de enero era de 312, significativo de un incremento del riesgo para los inversionistas internacionales.
El faltante de ingresos corrientes, para fondear el gasto público, hasta la fecha ha tenido que procurarse a través de nuevos financiamientos, que haría elevar la presión de la deuda del sector público no financiero en un 1.4 % del PIB. Dado que la epidemia aún se encuentra en la fase de crecimiento y sugiere que no ha alcanzado el pico de la curva y menos aún su aplanamiento y posterior descenso, que permita el reinicio de las distintas actividades económicas en el país, seria previsible un mayor aumento de la deuda pública.
Por el lado fiscal, el monto de la deuda que hasta la fecha del sector público no financiero con acreedores como el FMI, el Banco Mundial (BM), el Banco Central (BC), de las reservas técnicas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para soportar los gastos extraordinarios, ascienden a RD$ 67,200 millones, equivalente de US$ 1,244 millones aproximadamente, distribuidos entre las siguientes partidas: US$ 650.0 millones al FMI, US$ 150.0 millones al BM (previamente contratado), RD$ 24.0 mil millones con el BC y el IDOPPRIL y de RD$ 40.0 mil millones con las AFP.
El presupuesto nacional vigente presenta una rigidez del orden de un 91.0 %, representativo de que el accionar gubernamental no dispone de flexibilización para manejar con cierta holgura los recursos financieros contemplados, dado la carga fija y los compromisos ineludibles. Por otro lado, el presupuesto muestra una necesidad bruta de financiamiento equivalente a un 5.0 % del PIB, que incluye un financiamiento neto de un 2.2 % del PIB, indicativo de déficit financiero y de ausencia de espacio fiscal para afrontar las nuevas necesidades en ocasión de la epidemia del Covid-19.
La clasificación económica del gasto público del presupuesto nacional 2020, contempla para el gasto corriente un 84.0 % y de capital un 16.0 %, esta composición permite inferir la poca disponibilidad de recursos financieros de que dispone el gobierno central para emprender obras de infraestructura, posterior a la contención del coronavirus que promuevan de manera simultánea el empleo productivo y la sostenibilidad del gasto.
El monto de recursos fiscales que se han requerido y muy probablemente seguirán requiriéndose para asistir a la población afectada, dotándola de ingresos monetarios que les permitan mantener el consumo mínimo y por esa vía favorecer a la actividad comercial, a parte de la actividad productiva y colateralmente que sirva de apoyo al sistema de pagos de la economía nacional.
Por el lado del ámbito monetario, a la llegada del Covid-19 al país, la tasa de inflación acumulada era de un 0.20 % y la anualizada de febrero a febrero de un 3.66 %, señal de que la economía no presentaba presiones inflacionarias. De igual manera, la depreciación de la moneda nacional alcanzó un 1.3 % a la segunda semana de marzo, sin embargo, si se calcula a partir de la tasa que encuentran los clientes al llegar a las entidades bancarias, la depreciación superaba el 3.7 % y, respecto a la base monetaria restringida, esta se situaba a finales de febrero en RD$ 248,449.9 millones, cónsono con lo estipulado en el programa monetario del 2020 y al 7 de mayo en RD$ 269,080.0 millones, unos RD$ 9.0 mil millones superior al techo de la meta para esa fecha.
El hecho de que el nivel de inflación y la base monetaria restringida se encontraban alineada al programa monetario pre-coronavirus y durante la epidemia ligeramente superior, indican que la política monetaria puede jugar un rol más expansivo y no aferrarse a la vanidad de sobre proteger a los indicadores monetarios sobre los de salud de la población.
En relación a las reservas internacionales netas, la economía dominicana a marzo del 2020 disponía de US$ 9,324.4 millones, monto que respalda el equivalente a 5.5 meses del nivel de las importaciones del 2019. El dato representaba y aun permanece como buena noticia como indicador cautelar para afrontar los desafíos externos, pese a que ha disminuido a abril a un monto de US$ 8,613.7 millones
Las medidas monetarias tomadas a la fecha, han consistido en reducir la tasa de política monetaria de un 4.5 % a un 3.5 %, de igual manera se disminuyó la tasa de interés de los repos, de un 6.0 % a un 4.5 %, también se redujo la tasa de interés de los depósitos remunerados del Banco Central, Overnight, de un 3.0 % a un 2.5 %, todas anual.
En términos de propiciar liquidez al sistema financiero, se dispuso de un monto de RD$ 52.0 mil millones, basado en la flexibilización de los requisitos de cobertura en moneda nacional, reconociendo los contratos de préstamos como cobertura valida y en moneda extranjera de US$ 522.0 millones, basados también en los contratos de préstamos como medio de cobertura en un coyuntura como la que atraviesa la economía nacional.
La economía dominicana presenta una trinidad de choques a causa del Covid-19. El choque de la oferta, con la pérdida de más de un millón de trabajadores suspendidos del sector formal y un número indeterminado del sector informal, razón que genera el segundo choque, el de la demanda por falta de ingresos y, el tercero, el choque financiero, al estar hibernada la economía, el flujo de ingresos en las empresas y en el gobierno han descendido; lo que provoca dificultades en la cadena de pagos y consecuentemente un desbalance entre los gastos y los ingresos.
Los choques han tenido como respuesta desde la perspectiva de las políticas económicas públicas una posición monetaria acomodaticia, que se traduce en medidas de proveer liquidez a los sectores productivos, vía el sistema financiero nacional, acompañadas de disposiciones que flexibilizan el marco regulatorio.
Por el lado fiscal, se puede apreciar una posición moderada, al no producirse en forma cuantificada una expansión importante del gasto público, acorde con el impacto de la epidemia del Covid-19 y hasta podría señalarse que hay indicios por proteger en forma desmedida los indicadores fiscales, en una coyuntura que demanda de una actividad fiscal más agresiva.
Para la fase en desarrollo en que se encuentra la epidemia del coronavirus, el país cuenta con las medidas que han anunciado las autoridades, las que deberán profundizarse de acuerdo a la duración y profundidad que llegue alcanzar la situación sanitaria y los impactos económicos derivados.
El otro nivel de desafío que presenta la economía nacional es el de la recuperación, luego de controlar, contener y disminuir el Covid-19. La política económica está obligada a ser marcadamente más expansiva, tanto la fiscal –gastando-, como el monetario –suministrando liquidez- y los vehículos que se utilicen, deberán ir más allá de lo convencional, como manera de reducir el tiempo de la recuperación económica.
Esta opinión promueve la idea de establecer una política pública mutualizada, que procure el concurso, la colaboración, la cooperación entre todos los actores, como manera de redistribuir riesgos y costos, pero ganando beneficios colectivos, en una coyuntura en la que el coronavirus es contra todos y la respuesta debe ser de todos contra el Covid-19.
Por el lado del Banco Central, favorecemos que participe en el mercado secundario de deuda pública y de valores en circulación de oferta pública de las empresas privadas. Los emisores privados en el 2019 colocaron valores por un monto de RD$14,885 millones, como jugador, la autoridad monetaria puede facilitar mayor liquidez, a fin de favorecer la capacidad y la cadena de pagos del gobierno y de las empresas privadas.
Mientras que, por el ámbito fiscal, esta opinión, también promueve la idea de reformular el presupuesto del 2020, como forma de adaptarlo a la nueva realidad sanitaria y económica que provoca el coronavirus y además, que sea útil para redirigir recursos financieros hacia otras prioridades, permitiendo elevar el coeficiente del déficit fiscal previsto, como regla financiera, con caducidad impuesta por la epidemia y transparencia en la ejecución del gasto.
El gobierno puede contemplar la posibilidad de emitir bonos para el mercado internacional con el aval de los organismos multilaterales para la recuperación económica y además renegociar con ellos los compromisos del servicio de la deuda externa del 2020.
En el plano local, emitir bonos equivalentes a una proporción del monto del servicio de la deuda pública interna del 2020, que asciende a RD$ 133,566 millones y disponer que estos puedan servir de colateral para que los acreedores puedan utilizarlos en el mercado financiero nacional.
Otra medida que puede ser explorada, es la de permitir que solo por el 2020 el sector educación reciba el 16.0 % del gasto público total y no el 4.0 % del PIB, como manera de liberar recursos financieros para redirigirlos al sector salud y al salvataje de las pequeñas unidades económicas afectadas por el confinamiento. La ley de educación contempla los referidos dos parámetros, aunque favorece el que provea más recursos, pero dado que el año escolar no requerirá de los mismos recursos, coyunturalmente podrían redirigirse.
Finalmente, como acción combinada entre las áreas monetaria y fiscal, planteamos dilatar por el tiempo que sea necesario, la transferencia de los recursos del presupuesto nacional (RD$ 33 mil millones) hacia el Banco Central por concepto de la ley de capitalización y redirigirlo al gasto público de capital, para que sea autosostenible.