España.-Al final, Madrid, Catalunya (Barcelona, su área metropolitana y Lleida) y Castilla y León (Segovia, Soria, Salamanca y Ávila) han decidido quedarse en la fase 2 de la desescalada , ésa en la que el control de la epidemia sigue en manos del Gobierno de España y, por tanto, siguiendo las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad.
No han querido dar el paso, pese a que durante varios días han sembrado dudas sobre si gestionarían directamente el proceso de desescalada que el Ministerio de Sanidad les había propuesto (en la fase 3, la gestión única de la administración autonómica) sin que se conozcan los motivos . Solo Castilla y León ha argumentado que Soria, Ávila, Salamanca y Segovia están “cerca” de Madrid. Fuentes autonómicas, sin embargo, aducen a motivos de “prudencia” y “cautela”, así como a la necesidad de ganar tiempo para planificar de manera adecuada la entrada en esa nueva normalidad. Las especiales características de las dos metrópolis así lo precisa, señalan.
Las comunidades decidirán si endurecen, flexibilizan o suprimen las medidas actuales
Porque, a partir del 21 de junio que decae el estado de alarma, las comunidades tendrán potestad para decidir qué permitir en su territorio. Desde el aforo de los cines, museos o bares, hasta decidir si celebra las fiestas patronales o si abren los locales de ocio y permiten bailar en las discotecas. Recuperan las competencias en los referente a la actividad económica y de ocio de su territorio, como tenían antes del 14 de marzo.
En sus manos está seguir con las medidas diseñadas por el Ministerio de Sanidad, flexibilizarlas o suprimirlas, como indicó ayer el ministro Salvador Illa en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso.
Todo, menos lo relativo a la movilidad entre comunidades, que eso queda fuera de su competencia y que tampoco se puede prohibir si no hay un estado de alarma o una figura similar. A partir del 21, cualquier ciudadano de una comunidad podrá viajar a otra.
Las directrices que tampoco podrán eludir son las recogidas en el real decreto que en breve debe aprobar el Congreso de los Diputados que establece la obligatoriedad de llevar mascarillas (bajo multa de 100 euros) en todos los espacios públicos y cerrados siempre que no se pueda mantener la distancia física de 1,5 metros (esa distancia es la base para establecer los aforos en los locales y eventos). También la obligatoriedad de realizar PCR a todos los casos sospechosos, a pasar información de manera puntual al ministerio relativa a la situación epidemiológica de la comunidad y garantizar los recursos sanitarios asistenciales suficientes para poder actuar en caso de rebrote, entre otras puntos. Ese decreto es el marco jurídico que regulará la nueva normalidad y, a partir de él, las comunidades tomarán las decisiones convenientes.
La responsabilidad es grande, máxime cuando se sabe que ningún territorio está exento de rebrotes. Ahí está el ejemplo de Portugal, indicó Illa, cuya situación durante la pandemia ha sido un ejemplo y que en un solo día han detectado un brote de casi medio millar de infectados en los alrededores de Lisboa. O el País Vasco, que lucha contra un rebrote en Bilbao.
Pero, en este caso, las comunidades tienen la facultad de decretar la cuarentena del área afectada si fuera necesario. “Una disposición de la ley de Salud Pública permitió al Gobierno canario poner en cuarentena un hotel con 800 personas dentro”, recordó Salvador Illa.
El ministro insiste, sin embargo, que las comunidades podrán contar con la Administración central en todo momento. Su intención es seguir reuniendo al Consejo Interterritorial de Salud (Gobierno y comunidades) una vez a la semana con el objetivo de poner en común los problemas que se susciten e intentar llegar a acuerdos homogéneos. “Con los datos que vayamos recibiendo, seguiremos haciendo las recomendaciones que consideremos oportunas”, señaló el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Madrid y Barcelona se enfrentan, además, a un problema añadido a la alta densidad poblacional, ser nodos de transportes, con un gran movimiento de ciudadanos extranjeros. Otro punto de complicada gestión. Illa reconocía ayer que uno de los temores actuales es la “reintroducción del virus”. En el último mes, más de un centenar de ciudadanos extranjeros, procedentes fundamentalmente de EE.UU. y América del Sur, han dado positivo.
Fuente: La Vanguardia.com