La Fuerza del Pueblo (FP) se querelló este viernes contra funcionarios y exfuncionarios de la Junta Central Electoral (JCE), a quienes atribuye responsabilidades por las fallidas elecciones municipales del 16 de febrero pasado.
Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo Manuel Crespo y Antonio Florián presentaron la querella ante la Procuraduría Especializada persara la Investigación y Pecución de los Crímenes y Delitos Electorales, informó la organización en nota de prensa.
Explicaron que la acción está basada en los «21 hallazgos de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) al suspendido proceso de votación, de los cuales son 21 delitos electorales y de alta tecnología» que acarrean la actuación y persecución penal.
La querella implica a Miguel Ángel García, exdirector del Departamento de Informática de la JCE; Eduard Burroughs Hernández, encargado de Gestión de Calidad de Sistemas Informáticos del organismo electoral, así como a William Díaz y Ana Margarita Pontón, del área de Programación de la entidad electoral, «quienes hasta el momento han sido identificados como responsables» de los hechos señalados, dice el acto judicial.
La Fuerza del Pueblo solicita que se inicien las investigaciones que identifiquen a los autores, coautores y sus cómplices, tanto a lo interno de la JCE, como a funcionarios de otras instituciones gubernamentales o particulares que hayan tenido participación en la ideación, planificación, ejecución, consumación y ocultamiento de hechos ilícitos, los cuales generaron graves daños y perjuicios a la institucionalidad democrática, al Estado dominicano y la sociedad en su conjunto.
El documento de prensa agrega que las conductas identificadas y pruebas conocidas hasta el momento dan cuenta de que al interior y hacia afuera de la JCE se conformó una «asociación ilícita para cometer graves infracciones, tipificadas como crímenes y delitos electorales en nuestra legislación».
La formación opositora asegura que los «crímenes electorales» establecidos en los artículos 282, 283, 284 y 285 de la ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral; delitos de alta tecnología de los artículos 10 y 27 de la ley 53-07.
También otras infracciones especiales atribuidas a funcionarios públicos, que constituyen los tipos penales de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación de malhechores, de conformidad con los artículos 166, 167, 170 y siguientes, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, apunta la nota.
La OEA realizó una auditoría al proceso de voto automatizado de las fracasadas elecciones municipales del 16 de febrero y determinó, dos meses después, que los problemas ocurrieron debido a fallas en el sistema originadas en la propia Junta Central Electoral. EFE