Al ser entrevistado en el programa El Día, Pimentel dijo que estos procesos “a simple vista” indican violaciones de plazos vinculados a la Ley de Compras y Contrataciones y que fueron realizados en el marco del decreto de Emergencia, además de que existe una documentación que no es consistente porque se hizo una adjudicación primero, luego una readjudicación y después una reconsideración.

“Es un caso que empezamos a ver desde esta semana y sobre el cual vamos a tener una decisión próximamente”, destacó Pimentel.

Señaló que se han encontrado 308 casos para investigar, de los cuales unos 230 están en fase de revisión para tomar decisiones, por lo que se ha fortalecido el equipo de investigaciones, reclamaciones e impugnaciones sumando recursos humanos y nuevas capacidades para resolver todas las controversias.

Agregó que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha dedicado un tiempo importante a procesos organizativos internos y a confirmar y tener la precisión de todos los planes, acciones y programas.

Prohibiciones a funcionarios

Pimentel recalcó que ha hecho una primera advertencia, de la cual cada funcionario es dueño de sus actos, para que renuncien a ser proveedores del Estado si en algún momento se registraron, además de que los funcionarios salientes deberán esperar seis meses para hacer contratos de compras y contrataciones con el Estado.

“Tienen que tener la precisión de saber de si se han inscrito como proveedor del Estado como persona física o natural y deben proceder a solicitar su inhabilitación al tiempo de que estamos solicitando al Ministerio de Administración Pública la base de datos de todos los funcionarios de recientes ingresos que se cruzará con el registro de proveedores para ver cuáles tienen la prohibición de contratar con el Estado”, enfatizó.

Aseguró que la entidad que dirige desarrollará mecanismos de alerta y detección temprana, tomando en cuenta que en las declaraciones juradas de patrimonio se tendrá información valiosa.

Fuente: Listín Diario