En estos tiempos de pandemia en la que el silencio provocado por la inactividad inducida por la cuarentena, nos lleva en ocasiones al límite de escuchar la reflexión que produce el pensamiento, como la de ponderar la iniciativa sobre la “Marca País”, presentada recientemente por la élite gubernamental y empresarial Dominicana y además, el papel que debe desempeñar el Estado en una coyuntura tan excepcional como la que atraviesan las economías.

Cuando un Bloque de Países Latinoamericanos desde el 2012 comenzaron a lanzar la estrategia de posicionamiento internacional de la “Marca País” de cada una de sus Naciones, se podía apreciar el sentido de oportunidad por la ocasión que vivía el Mundo. El escenario de hoy día es muy distinto, los países atraviesan por la pandemia más desafiante en tiempos de globalización, por esa razón tal vez resulte inoportuno el lanzamiento de la campaña.

Lo extemporáneo no viene al caso porque consideremos que somos autárquico como país ni porque debamos apartarnos por ser una isla; por el contrario, ver al resto del Mundo como una oportunidad y complemento es positivo; pero para ello, es importante valorar el contexto por el que atraviesan la mayoría de las Naciones: alto número contagiados por COVID-19, de fallecidos por la misma causa, presiones sociales, caída de la economía y restricciones a la movilidad internacional de los ciudadanos de los países emisores de turismo.

Los gobernantes que hoy tienen la responsabilidad de formular las políticas públicas para los distintos plazos, deben definir al menos dos aspectos que desde esta opinión resultan claves: el papel del Estado en la presente coyuntura y la recuperación económica que el país demanda.

Lo del papel del Estado lo aprecio aquí solo en la dimensión que le reserva la actual Constitución de la República Dominicana, no sin antes reconocer que la misma garantiza la libre empresa, comercio e industria, así como la propiedad e iniciativa privada. En el Art. 218 referente al crecimiento sostenible, la Carta Magna establece lo siguiente: “La iniciativa privada es libre. El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precio, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante utilización racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico.”

Bajo la sombrilla del artículo citado, resulta conveniente en la actual coyuntura y bajo también la ley de la Alianza Público-Privadas, número 47-20, definir el rol que requiere el País de su Estado, para comenzar en forma sistemática a recuperar la pérdida económica que superará para el 2020 los US$ 10 mil millones y una contracción medida por el PIB de hasta un -6.0 %, a causa de la pandemia, luego del confinamiento social y además por el distanciamiento laboral.

En la literatura económica no aparece un parámetro de referencia ni para países desarrollados ni para los que se encuentran en vía de desarrollo, que nos diga cuál debe ser el tamaño del sector publico dentro de la economía. En la República Dominicana, en los últimos años el tamaño del Estado ha oscilado entre un 16.0 % a un 18.0 % del gasto público total respecto al PIB y para el año que transcurre, en forma excepcional cerraría con un 23.0 %.

Al margen de la calidad del gasto público y de si es progresivo o no, lo cierto es que, en las actuales circunstancias, el Estado debe jugar un rol destacado en la promoción del crecimiento económico en el corto plazo, de tal manera que en el menor tiempo posible el país pueda ir desmontando su pérdida económica y los casi tres años de retroceso en materia de creación de riquezas, siempre y cuando la participación de lo público en la economía alcance alrededor de un 21.0 % para los próximos dos años.

El principal obstáculo a vencer para alcanzar un mayor y mejor papel del Estado, con un gasto público productivo, comprometido con las inversiones y creación de empleos, sería el fondeo de su presupuesto, el que, al caerse los ingresos corrientes por la disminución de la actividad económica, le quedan las opciones de la venta de sus activos –solo para obtener ingresos extraordinarios- y el endeudamiento público, dirigido exclusivamente al gasto de capital. Esta opinión favorece el endeudamiento público bajo la modalidad de la mutualización y enfocado a la inversión productiva.

El papel del Estado en la presente circunstancia debe también promover la iniciativa con el sector privado para impulsar inversión, en un ambiente de posiciones fiscales y monetarias expansivas, en la que se exploren instrumentos no solo tradicionales, sino además novedosos, como el uso productivo de los fondos de pensiones, para que abandonen su carácter rentista y estado desmonetizado en el que se encuentran y de un presupuesto dotado de estabilizadores automáticos.

Un mayor activismo por parte del Estado para el 2021-2022, debería estar alineado a la recuperación económica como objetivo fundamental de las políticas públicas, de tal manera que contribuya a reponer la caída que ha tenido el PIB en forma más intensa y revierta la característica del actual desempeño, logrando igualar o superar lo pronunciado que ha sido la caída, para que así la forma de letra V que ha adquirido la curva de la economía no sea asimétrica en su rebote.

La estrategia pública tendría como norte la recuperación económica en el menor tiempo posible y debería promover en la actual coyuntura, que la sinergia se dirija hacia adentro y no hacia afuera. En la actualidad, las Naciones, en lo relativo a la economía, luchan por recuperarse, en esa labor, están obligadas a mirar más a privilegiar sus propios recursos, tanto por el lado de la oferta, como de la demanda y no tanto hacia afuera, por la caída de la demanda internacional y mayores reservas en las decisiones de los inversionistas y de los ciudadanos que hacen turismo.

La iniciativa pública/privada con la “Marca País”, que promueve la inversión, el turismo, las exportaciones, la cultura y ciudadanía, aunque importante, es inútil en estos momentos, por lo que, los escasos recursos financieros disponibles deberían aprovecharse en forma óptima, dirigiéndolo a promover un crecimiento económico basado en el consumo interno y la inversión, con la modalidad de “Hecho en Dominicana”.

Una estrategia como la indicada tiene la ventaja colateral, que reduce las importaciones y favorece mejores resultados en la balanza comercial y menos presión sobre las reservas internacionales y al tipo de cambio, al tiempo que consumiendo lo nuestro, se crean mayores fuentes de empleos, imperante en las actuales circunstancias.

Son tiempos de elevar el compromiso de todos para acelerar la recuperación económica, con una estrategia de políticas públicas que privilegie lo nacional, más que tratar de alcanzar una mayor reputación internacional, como la procurada por la “Marca País”.