La pandemia que azota al mundo y particularmente a los países menos favorecidos con el desarrollo, ha dejado claramente al descubierto las deficiencias de sus sistemas sanitarios y las vulnerabilidades de aquellos sectores sociales que presentan mayores niveles de marginalidad, como resultado de las desigualdades que arrastran.

La desigualdad se manifiesta de varias formas, una de ellas es con la alta proporción de informalidad que prevalece en el mercado laboral, que en el caso dominicano a junio del 2020 se situaba en un 47.7%, la otra, por la existencia de programas sociales que abarcan a importantes grupos poblacionales, en la modalidad de algún tipo de asistencia social, dado que ellos no han podido insertarse a la formalidad. Por su lado, una parte importante de los trabajadores que laboran en el sector formal de la economía, presentan una alta fragilidad al exponerse con facilidad a perder sus trabajos.

Luego, la desigualdad se ha manifestado, además, en el escaso acceso a los servicios de salud y educación, con el agravante que la disparidad comienza a temprana edad, haciendo que luego se refleje en el mercado laboral con desventaja, frente a los que sí pudieron recibir desde niño los referidos servicios con calidad.

El nivel de la distribución del ingreso es otra forma de apreciar el alto nivel de desigualdad imperante en la sociedad dominicana. El Coeficiente de Gini -utilizado para medir la distribución del ingreso- para junio de 2020, en la escala del 0 al 1, se situaba en un 0.41, -considerado alto la concentración del ingreso- y la pobreza general ha aumentado de un 21.4% en marzo a un 27.4% a junio del presente año.

Desde que la epidemia del COVID-19 obligó a las autoridades a tomar medidas de confinamiento, la economía hubo que paralizarla en todas aquellas actividades productivas que no eran esenciales, provocando que el PIB se contrajera durante los primeros nueve meses del año en un -8.1% y un pronóstico para finales del 2020 de un -6.0% o tal vez más.

La respuesta oficial fue implementar al menos dos programas sociales/laborales, a fin de proteger a los trabajadores para que no fueran despedidos de sus empleos, evitando terminaran sus relaciones laborales contractuales, así como, garantizarle ingresos monetarios y alimentación durante el tiempo de la emergencia nacional, con ese propósito se organizó el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE), en sus versiones I y II.

El grupo FASE I, ha estado dotando a los trabajadores en estado de suspendidos, de manera hasta RD$8,500 al mes. El programa Fase I llegó a alcanzar casi medio millón de trabajadores, mientras que a finales de noviembre se ha reducido a 161,987, luego de la reapertura de la economía. El programa está previsto concluir en diciembre, para lo cual dejarían de recibir la compensación salarial.

Por su lado, el programa FASE II, está dirigido a otorgarle un completivo de salario, ascendente a RD$5,000 al mes, a aquellos trabajadores que se encuentran laborando. La cantidad de trabajadores incluidos en el referido programa se ha mantenido sobre los 425 mil, alcanzando la cifra máxima en noviembre con 537,137. Al igual que Fase I, el II terminará en diciembre del año en curso.

Por concepto del programa FASE I y II, desde abril hasta noviembre el gobierno central ha erogado la suma de RD$41,377 millones, siendo junio el que registró la mayor cantidad de beneficiarios, cuando alcanzó la cifra de 863,515 trabajadores en todo el territorio nacional, aunque el de mayor gasto fue septiembre con un monto de RD$7,565 millones.

No cabe la menor duda que el gobierno central ha jugado un papel decisivo, tanto en auxiliar a los trabajadores, como en mitigar el impacto en la profundización de la desigualdad en la distribución del ingreso y el aumento de la pobreza en República Dominicana. Esta opinión reconoce la ausencia de espacio fiscal que tienen las finanzas públicas, la que, unida a la caída de los ingresos fiscales por la contracción económica, hace difícil mantener el programa FASE por más tiempo, a no ser que continúe el endeudamiento para gastos corrientes y su nula sostenibilidad financiera.

Mientras, los trabajadores que permanecen en FASE, al ver que su situación está próxima a agravarse, se ven en el espejo de la incertidumbre. La inacción no sería la posición más aconsejable. En el ánimo de aportar en la resolución parcial del desafío de atender con asistencia monetaria a los trabajadores que permanecen en el programa FASE, me permito sugerir la iniciativa “Préstate tú mismo”, fondeada con el ahorro previsional que tienen los trabajadores en sus AFP y contando con el aval del gobierno central.

“Préstate tú mismo” necesitaría un monto de RD$12,187,723,500, basado en la cantidad de trabajadores que están cubiertos por el programa FASE I y II, que en la actualidad asciende a 161,987 en el primero y de 537,137 para el segundo.

“Préstate tú mismo” operaría mediante un préstamo por tres meses, a un plazo de 2 años, girado contra los balances de cada una de las cuentas que tienen los trabajadores de los referidos programas, a una tasa de interés de un 7.68% anual. Para los de FASE I, un monto de RD$8,500 mensuales y a los de FASE II, RD$ 5,000 al mes.

Como apoyo solidario a los trabajadores y a fin de aliviar la carga financiera, el gobierno central cubriría el pago de los intereses, que ascienden a RD$998,852,771, en una modalidad de pago periódico que podría ser mensual o trimestral.

De acogerse la iniciativa “Préstate tú mismo”, los trabajadores del programa FASE I y II pagarían durante 2 años solo el capital, equivalente a RD$12,187,723,500, contando con un tiempo de gracia de tres meses, a partir de cuando concluyan los tres meses del préstamo personal, que equivale a decir, junio de 2021.

La iniciativa “Préstate tú mismo”, ofrece la ventaja que, al tiempo de facilitarle un auxilio financiero a los trabajadores en tiempo de pandemia por covid-19, mantendría la calidad financiera de los fondos de pensiones, pues estarían recibiendo la misma tasa de interés que actualmente están obteniendo por sus colocaciones en el mercado de valores, con la ventaja de que los RD$ 12,187 millones abandonarían temporalmente su posición rentista y desmonetizada e irían a dinamizar la economía por la vía del consumo de los trabajadores y aumentando la liquidez.

Los trabajadores, al ser los únicos dueños de los fondos de pensiones, estarían dándole ellos mismos un uso para cubrir sus necesidades básicas y de esa manera, estarían aportando para que las empresas puedan permanecer operando y la economía continuar el proceso de recuperación para beneficios de todos.