Ese programa daría un acceso a la ciudadanía más rápido a dos grupos protegidos actualmente por alivios temporales de la deportación: DACA (la acción diferida aprobada por Barack Obama para los llegados en la infancia) y los TPS, un estatus de protección temporal que han ido concediendo diferentes Gobiernos a indocumentados de países donde se habían producido guerras o desastres naturales como Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre otros. En ambos casos, los cientos de miles de beneficiarios pueden vivir y trabajar en Estados Unidos, pero no tienen acceso a la residencia. También se contempla un trato especial para algunos trabajadores esenciales inmigrantes.

Según le dijo al diario angelino Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center Immigrant Justice Fund, una de las organizaciones que ha estado en contacto con el equipo de transición, el proyecto de Biden y su vicepresidenta Kamala Harris no vincula la regularización con un endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias. Con Barack Obama, por ejemplo, las deportaciones alcanzaron niveles récord, hasta el punto de que en algunos sectores proinmigrantes le pusieron el sobrenombre de ‘deportador en jefe’.

“Esta noción de implementación estricta de la ley migratoria y de dar a los republicanos todo lo que pedían estaba mal desde el principio”, declaró Hincapié. El proyecto contempla, según le dijo esta semana la vicepresidenta electa Kamala Harris a la cadena hispana Univision, una residencia temporal de ocho años para buena parte de los 11 millones de indocumentados, al término de los cuales podrán pedir la ‘green card’ o tarjeta de residencia. Tres años después, podrían optar a la ciudadanía. En el caso de los beneficiarios de TPS y DACA, según Harris, tendrían acceso directo a la residencia.

La mayor reforma migratoria desde la amnistía de Reagan

La reforma migratoria propuesta por Biden y Harris sería la mayor desde la aprobada durante el Gobierno de Ronald Reagan, que supuso una amnistía para tres millones de indocumentados en 1986. Un plan de este tipo debe ser aprobado por el Congreso, pero la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y un Senado dividido 50-50 entre ambos partidos sumado a la disposición del Gobierno para sacarlo adelante pone al proyecto en una buena posición para prosperar.

El plan ha sido muy bien recibido por los grupos que han participado en las reuniones con el equipo de transición. Héctor Sanchez Barba, director de la organización Mi Familia Vota y quien en el pasado fue crítico con Biden, definió la propuesta de la Administración entrante en materia migratoria como “la más agresiva” que ha visto y que se implementará desde el día uno. “No es solo la reforma migratoria, sino también las órdenes ejecutivas”, le dijo a Politico. “Nos quedamos completamente anonadados con el plan de inmigración y el nivel de claridad”, dijo por su parte Jess Morales Rocketto, la directora ejecutiva de la organización Care in Action.

Además de la reforma migratoria para los 11 millones de indocumentados, el presidente electo ha prometido acabar el primer día de su mandato con el veto de viaje impuesto al principio de la administración de Donald Trump a algunos países musulmanes. Además, un documento firmado por el jefe de gabinete de Biden, Roy Klain, también pide a diversas instituciones que trabajen desde el día uno de forma coordinada para reunir a los cerca de 600 niños que fueron separados en la frontera por la política migratoria de Trump en los últimos años y que el Gobierno saliente no fue capaz de reunificar.

Fuente: El Pais