Santo Domingo (D.N.), República Dominicana-. El Gobierno dominicano fijó su posición de apoyo para que todos los empleados del Estado pasen al Seguro Nacional de Salud (Senasa), una disposición establecida en la Ley 87-01, que 20 años después de creada la ley no se ha cumplido, y que cuenta con el rechazo de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas.

La posición del Gobierno está contenida en un documento introductorio de 69 páginas que presentó en el Diálogo Nacional y que describe sus observaciones y propuestas, sobre las 12 reformas que se pretenden discutir en este escenario.

En este documento, y en el apartado sobre la salud y seguridad social, el Gobierno plantea medidas como limitar el poder de veto en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) solamente al Gobierno, crear un régimen contributivo subsidiado para los trabajadores independientes, crear un récord electrónico de salud, y garantizar el acceso a medicamentos de alto costo, entre otros aspectos.

Según lo establecido en el plan de Gobierno, se debe asegurar la dignificación de todos los ciudadanos mediante el fortalecimiento de un sistema de seguridad social eficiente, accesible y equitativo.

A continuación, presentamos una síntesis de la posición del Gobierno frente a la reforma de salud y seguridad social.

Inclusión de trabajadores del Estado a Senasa

El Gobierno recuerda que nunca se ha cumplido la parte de la Ley sobre Seguridad Social que establece que todos los empleados públicos deben estar afiliados a la ARS del Estado, que es Senasa, e indica que precisamente por este incumplimiento, lleva este punto a discusión, «de modo que se emplee en su totalidad lo establecido en la Ley 87-01». Con esto el Gobierno busca también, «generarle fuerzas» a Senasa, en el mercado de las ARS.

Indica que a través de Senasa cada dominicano debe poseer, de forma pasiva una afiliación al régimen subsidiado de la seguridad social, que eliminaría la brecha existente hacia la salud universal. Los seguros contributivos tendrán su accionar en personas con niveles de ingreso suficientes para poder aportar a su administradora de riesgo de salud pública o privada.

Otras propuestas en materia de seguridad social

-Pensionados al Seguro Familiar de Salud

Otro punto que quiere dar cumplimiento tal cual señala la Ley 87-01, y que no se ha cumplido por falta de un mecanismo de implementación, es la cobertura a los pensionados por vejez en el Seguro Familiar de Salud. «Este gobierno ha decidido que esto sea un hecho, por lo que se ha conformado una mesa técnica que se encuentra calculando la viabilidad financiera y el impacto fiscal que representaría esta acción, de modo que se pueda ejecutar hasta lograr que sea un hecho», indica el documento.

-Un régimen contributivo subsidiado

Establece la implementación de un Régimen Contributivo Subsidiado, como puerta hacia la universalidad de la cotización para los trabajadores independientes.

El régimen contributivo subsidiado estaría dirigido a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio a un salario mínimo nacional, y se completaría con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador.

El documento de propuesta dice que lamentablemente, a falta de la creación de un mecanismo para iniciarlo, 20 años después este Régimen no ha sido implementado. «Para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 87-01, las instituciones del Sistema han creado una mesa de trabajo que se encuentra actualmente discutiendo el mecanismo de implementación del referido Régimen, así como cuál sería el costo fiscal que su puesta en funcionamiento representaría. Simultáneamente, el Consejo Nacional de Seguridad Social licitó un estudio que facilitará la identificación de aquellos trabajadores que aplicarían para la incorporación del referido Régimen», dice el documento.

Otra propuesta en esta línea, es incluir a este grupo de trabajadores independientes que completaría el régimen contributivo subsidiado, al seguro de riesgos laborales, lo que se traducirá en una protección mayor a los trabajadores independientes.

-Un Registro (Récord) Electrónico de Salud

Se desarrollará una plataforma de Registro (Récord) Electrónico de Salud, capaz de registrar y almacenar información de cada usuario, no limitada a sus características clínicas. Este sistema de registro, incluirá historial de exámenes clínicos, de estudios de laboratorios, de medicamentos, historial de eventos de interés epidemiológico, historial de eventos catastróficos, afiliaciones de protección social y afiliación programas especiales.

Asimismo, tendrá la capacidad de interoperar entre otros sistemas de información estatal para que por medio del número de cédula o el mecanismo seleccionado, un individuo pueda tener un perfil en su mano, lo que será de gran utilidad en escenarios de emergencia, así como dato de análisis para perfiles nacionales en términos de morbilidad y permitirá desarrollar escenarios epidemiológicos.

-Rediseño del sistema de medicamentos de alto costo

Se establecerá una estrategia entre las instituciones incumbentes (SISALRIL, SeNaSa, PMAC, PROMESE/CAL) para incluir en el catálogo de prestaciones los medicamentos de alto costo de enfermedades catastróficas seleccionadas y que establezca un proceso más ágil y digno de adquisición de medicamentos, procedimientos terapéuticos y diagnósticos.

-Las compras de salud a PROMESE/CAL

-Se propone el traspaso del proceso de todas las compras del sector salud al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), sustentados en el decreto 113-21, que fomenta el traspaso de todas las compras relacionadas a sector salud a estas instituciones, al igual que todas las partidas presupuestarias correspondientes a las compras de insumos sanitarios y reactivos de laboratorios.

La reducción de los integrantes del CNSS para la eliminación del poder de veto

El documento indica que República Dominicana cuenta con uno de los Consejos de Seguridad Social más numerosos de la región, lo que ha demostrado empíricamente que perjudica y nubla el proceso de toma de decisión, porque sectores específicos pueden vetar aspectos que convendría al Sistema.

«Para poder optimizar las decisiones tomadas desde el CNSS, el comité interinstitucional decidió reducir la representación de todos los sectores, además de asegurar que el Estado sea el único con poder de veto, dado su rol de garante de políticas de protección social».

Fuente: acento.com.do