Vista de la planta de almacenamiento de gas Castor de Vinaroz (Castellón), en el Delta del Ebro. CARLOS GARCÍA POZO

El Gobierno ha decidido que no volverá a abrir el almacén de gas submarino Proyecto Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, ante la posibilidad de que su entrada en operación volviera a desatar una oleada de terremotos. El ministro de Energía Álvaro Nadal ha dado a conocer las principales conclusiones del informe elaborado por un grupo de expertos interdisciplinar del Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard, cuya principal conclusión es existe un «riesgo elevado» de que se desencadene un nuevo episodio de microseísmos en la zona si se vuelve a inyectar gas en la instalación.

Fueron, según el informe, las inyecciones de gas realizadas las causantes de los casi 500 movimientos sísmicos que se registraron en la zona. En concreto, la inyección en el año 2012 motivó una «desestabilización» de la falla de Amposta y, en consecuencia, una oleada de pequeños terremotos en la zona.

El Gobierno resolvió entonces para la instalación, indemnizar con más de 1.200 millones de euros a la empresa constructora – participada por ACS- y esperar al veredicto de los informes técnicos para decidir si reabre Castor o desmantela la instalación. En consecuencia, el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento, tal y como ha explicado el ministro. Así, la plataforma Castor, situada a 21 kilómetros de Vinarós, está cerrada desde finales de 2013.

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha remarcado que no hay una decisión tomada sobre el futuro de la instalación pero que, por el momento y ante el riesgo que supondría su operación para las personas y el medioambiente, el almacén de gas submarino seguirá parado.

No obstante, los expertos aconsejan, de igual modo, que tampoco se intente extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla. Según Nadal, lo que procede hacer es dejar que «se asiente» aprovechando que, como señalan los técnicos, la situación en la actualidad es de «estabilidad». Posteriormente se debería proceder a realizar nuevos estudios como el que se ha llevado a cabo ahora y que conjugan los métodos sismológicos, geológicos y de ingeniería.

El informe técnico también quita responsabilidad a Escal UGS, la empresa concesionaria, al asegurar que era muy difícil «prever» que se iban a desatar los terremotos una vez que el almacén comenzara a operar. En todo caso, Energía ha remitido a los juzgados en los que se analiza el caso Castor los informes porque, según Navia, deben ser ellos quien determinen posibles responsabilidades.

«No altera el proceso de indemnización que se dio con Castor ni la valoración», ha asegurado el secretario de Estado. El almacén tiene un coste de 95 millones de euros al año en la factura del gas entre el pago de la indemnización a la empresa concesionaria y el coste de hibernación, lo que supone un encarecimiento de la factura aproximado del 3,1% durante un periodo de 30 años.

Referencia: El Mundo, España