Vamos casi por el tercer año de pandemia de COVID-19, una crisis sanitaria tan larga, disruptiva y mortífera que debería haber transformado la preparación de Estados Unidos de cara a la próxima emergencia de salud pública. Lamentablemente, no lo ha hecho.

Decimos esto como miembros del consejo asesor del presidente Joe Biden para la covid durante las semanas que precedieron a su toma de posesión. Desde entonces hemos hecho un seguimiento de la respuesta de la salud pública a la pandemia y también hemos participado en ella. Y estamos profundamente consternados por lo que se ha dejado sin hacer.

Han surgido mejoras, por supuesto. Las principales son el rápido desarrollo de vacunas, el uso generalizado de las pruebas caseras y la adopción de medidas de vigilancia del entorno como el muestreo de los sistemas de aguas residuales para predecir repuntes a nivel comunitario.

Sin embargo, estos pocos logros solo subrayan lo mucho que se debería y podría haber hecho, y que aún es necesario hacer. Había muchas oportunidades para haber conseguido una mejora permanente de la salud estadounidense y del sistema sanitario público. Todavía no se han aprovechado. Es indudable que habrá otras crisis sanitarias. Tenemos que analizar las oportunidades desperdiciadas o perdidas en la pandemia de COVID-19, y acometerlas ahora.

Incluso en los logros, hay mucho margen de mejora.

Se debería implementar el uso de pruebas rápidas y económicas en casa para detectar múltiples agentes infecciosos al mismo tiempo. Todavía no hay ningún sistema integral de notificaciones para que cada persona envíe fácilmente el resultado de su prueba a los organismos de salud pública, por lo que una amplia franja de contagios en todo el país sigue siendo invisible para los funcionarios que tratan de ralentizar su propagación. Asimismo, el sistema nacional de notificaciones para la recopilación y muestreo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para detectar la COVID-19 sigue siendo limitado, está descoordinado y no lo suficientemente estandarizado como para ser un sistema sólido de vigilancia nacional. Si las autoridades sanitarias públicas no pueden rastrear los datos para movilizar la respuesta a una crisis, de poco sirve la información recopilada.

La falta de voluntad del Congreso para asignar los fondos federales merece buena parte de la culpa, pero los fracasos no son solo atribuibles a las limitaciones financieras. Ha habido un repliegue en la preparación para las pandemias.

Tal vez la oportunidad perdida más importante es que no se haya priorizado la mejora sistemática de la calidad del aire en interiores. Toda clase de infecciones respiratorias, incluidos la gripe y los resfriados comunes, así como el asma y otras dolencias médicas, se deben a los patógenos en el aire y las partículas en suspensión.

Las primeras investigaciones en Italia indicaron que se podría reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en un 80 por ciento con seis renovaciones del aire por hora en las aulas de las escuelas. Un estudio en California en 2013 reveló que una mejor ventilación reducía considerablemente el absentismo de los alumnos. Otros estudios indican que una mayor calidad del aire en interiores mejora el funcionamiento cognitivo de adultos y niños. La calidad del aire ha mejorado en algunos edificios y restaurantes, pero los esfuerzos han sido desiguales. La mayoría de los edificios han sido dejados al margen, entre ellos, previsiblemente, aquellos donde viven, trabajan o asisten a clase niños y adultos, y donde respiran un aire insalubre.

Para mejorar esta situación, se deben establecer unos estándares nacionales de calidad del aire en interiores, y exigir que los edificios señalicen si cumplen dichos estándares. El foco inicial se debería poner en las escuelas, las guarderías, los centros de asistencia, los calabozos y las cárceles y otros entornos de alto riesgo de aglomeración.

Estados Unidos también necesita mejorar su recogida y análisis de datos. A lo largo de la pandemia, el país dependió de los datos de Israel, Gran Bretaña y Sudáfrica para rastrear el surgimiento de nuevas variantes y medir la efectividad de la vacunación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), conscientes de esto, crearon una división analítica para desarrollar esas capacidades. Sin embargo, los análisis serán buenos en la medida en que lo sean los datos de referencia, y se ha hecho muy poco por llevar la recogida e integración de la información sobre salud pública a la era digital.

Los CDC, la principal agencia de salud pública del país, han reconocido que carecen de una infraestructura de datos con unos estándares claros que puedan aceptar e integrar información crucial para monitorear y combatir las amenazas para la salud pública. Esto incluye la información de las agencias y los sistemas de salud locales y estatales que rastrean en tiempo real el número de casos preciso, hospitalizaciones y muertes, estratificados por estado de vacunación, edad, comunidad y raza. Los propios funcionarios de la salud pública irán a ciegas en la próxima emergencia si no se arregla este sistema.

Mejorar la seguridad de los trabajadores ha sido otra oportunidad perdida. En el lugar de trabajo, todos se benefician si los compañeros que sienten síntomas parecidos a los de la gripe se quedan en casa; pero esto solo sucederá con un cambio cultural en torno a la enfermedad y, lo que es más importante, que se estipule la baja por enfermedad pagada para los trabajadores, en especial aquéllos con baja remuneración o de la economía colaborativa (gig economy). La baja por enfermedad pagada es especialmente importante en el sector médico, hotelero, del transporte público y el comercio minorista, donde los contagios se pueden extender con más rapidez. Sin embargo, los contratantes no suelen conceder a sus empleados la baja médica pagada, o por enfermedad de un familiar, y el Congreso se ha negado a aprobar leyes que lo exijan, a pesar de la montaña de datos sobre la propagación del coronavirus y otras infecciones respiratorias en el lugar de trabajo.

También se necesitan con urgencia estrategias para vincular a las agencias de salud pública con las poblaciones de alto riesgo, pero a las que es difícil llegar. Al principio de la COVID-19, las agencias de salud mantuvieron una relación pasiva con el público. Los estadounidenses tenían que hacer fila o inscribirse online para acceder a las vacunas o a las mascarillas o encargar pruebas y, a veces, solicitar el reembolso a sus compañías de seguros. Este enfoque funciona para quienes tienen tiempo libre, acceso a internet y destreza digital; pero es mucho más difícil para las personas con discapacidad, los adultos mayores que viven solos, los individuos que poseen escaso alfabetismo sanitario, la gente que no habla inglés y quienes viven en las áreas rurales.

Instituir un contacto proactivo será muy útil en futuras emergencias, se trate de pandemias, huracanes, incendios u otras catástrofes. De lo contrario, se volverá a dejar fuera a estos grupos ya insuficientemente atendidos, y se ampliarán las desigualdades en los cuidados y las consecuencias.

El gobierno aún tiene que asegurar una capacidad de producción nacional estable y cadenas de suministro de materias primas para los equipos de protección personal, incluidas las mascarillas N95 y KN95, guantes y batas desechables, y mucho menos productos farmacéuticos.

Tampoco ha arreglado el sistema de investigación clínica, que fue muy lento en generar resultados útiles en varios asuntos, como unos calendarios de vacunación óptimos y la evaluación de fármacos para mitigar los síntomas de la covid y prevenir las hospitalizaciones. Los resultados clínicos fiables que demostraban los beneficios de los esteroides y los problemas con la hidroxicloroquina solían provenir de Gran Bretaña y otros países. Sin embargo, los Institutos Nacionales de Salud no se han puesto al día en su manera de organizarse, financiar y recompensar a los científicos por participar en grandes ensayos clínicos prácticos, especialmente, pero no solamente, en las emergencias de salud pública.

La lista podría seguir y seguir, e incluir la respuesta deficiente a la covid persistente.

La pandemia de COVID-19 expuso crudamente las vulnerabilidades de Estados Unidos a unos nuevos y mortíferos patógenos que se pueden propagar rápidamente por todo el planeta y matar a un gran número de personas de forma terrible. Al vivir el trauma de los últimos años, los científicos y expertos en salud pública han podido adquirir un mejor conocimiento sobre cómo prepararse para la siguiente crisis sanitaria, dondequiera que surja. Y surgirá.

Ahora ese conocimiento se debe poner en práctica. Requerirá determinación, ambición y coordinación en todos los niveles de gobierno. Y dinero. Debemos actuar antes de que sea tarde y llegue la próxima crisis, y de que la gente se pregunte por qué no hicimos un mejor trabajo de preparación.

Ezekiel J. Emanuel (@ZekeEmanuel) es médico y vicerrector de iniciativas globales y profesor de ética médica y políticas de salud en la Universidad de Pensilvania. David Michaels (@drdavidmichaels) es profesor en la Facultad de Salud Pública de la Universidad George Washington y fue subsecretario de Trabajo en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional entre 2009 y 2017. Rick Bright (@RickABright) fue subsecretario adjunto de preparación y respuesta y director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado del Departamento de Salud y Servicios Humanos entre 2016 y 2020. Michael T. Osterholm (@mtosterholm) es director del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

Fuente: nytimes.com