La red organizada fue frustrada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) en conjunto con la Fiscalía de esta demarcación.

La investigación, que lleva en curso aproximadamente un año y cinco meses, de acuerdo a la magistrada Yohanny Herrera, ha identificado hasta la fecha 15 imputados, de los cuales 12 se encuentran arrestados, entre ellos cinco militares y 10 civiles.

Al menos siete chequeos militares se encuentran en la ruta desde Monte Cristi hasta la ciudad de Santiago, lo que pareciera facilitar el “negocio redondo que hay al rededor del tráfico y trata de migrantes”, sobre todo haitianos en toda la zona fronteriza, de acuerdo a una fuente de Listín Diario.

Sin embargo, específicamente el chequeo militar de Copey, ubicado justo en el desvío que lleva a Manzanillo o Las Matas de Santa Cruz, es un foco para la circulación de personas, pues en el frente de la fortaleza hay una estación de gasolina.

Autobuses y expresos desde distintas partes del país, camiones y furgones de carga transitan durante todo el día, con miembros del Ejército revisando y regulando que no pasen indocumentados y situaciones irregulares, fue el punto de partida de esta red de tráfico ilegal.

Razón por la que esta fuente de Listín Diario asegura que “hay más de 5 militares involucrados, eso es un negocio redondo, y si pasan por los chequeos a todas horas, es porque saben que pueden pasar”, refiriéndose a la complicidad de autoridades que podría haber.

En un rango de edad de entre 20 a 60 años, dos mujeres y trece hombres, han sido involucrados en esta red radicada en Copey, Manzanillo, con ramificaciones hasta Puerto Plata, Mao, Bávaro, Punta Cana, y otras provincias del país.

Medida de coerción 

La medida de coerción fue apoderada y depositada ayer, con probabilidad de fijación para mañana, en la que el Ministerio Público pedirá prisión preventiva y declarar el caso complejo, “con un tiempo suficiente para desmantelar los demás puntos de la red”, de acuerdo a la magistrada Dinorah Liberato.

“En este caso particular de trata de personas, podría haber una condena hasta de 20 años, por tráfico ilícito de migrantes, corrupción, soborno, prevaricación y abuso de poder”, indicó la magistrada Yissel González.

“Nosotros estamos amanecidas trabajando desde que se inició la investigación para poder llevar un producto de calidad al juez y en vista de que la sociedad entienda que el Ministerio Público está haciendo su trabajo”, agregó.

Imputados

Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, han sido identificados como cabecillas de esta red de tráfico de migrantes desde Haití, quienes se encuentran detenidos con miembros del Ejército Dominicano, los segundo teniente José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargento mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier.

Asimismo, los civiles Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.

“Imputaciones”

A los imputados se les vincula por violación al tipo penal de tráfico Ilícito de Migrantes, previsto y sancionado en los artículos 2 y 7 (literales b, c, d y e) de la ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican como  un  delito  la  Trata y Tráfico de Personas.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares asignados para funciones en esa zona fronteriza del país; quienes facilitaban la entrada y salida irregular de indocumentados de nacionalidad haitiana, a cambio de obtener beneficios económicos.

Fuente: listindiario.com.do