Josefina Medina

• Al menos 30 de 50 casos denunciados están en mediación de las autoridades
• Procuraduría investiga bares, colmados, food trucks, restaurantes, fábricas y hasta escuelas por exceso de ruido.

De sólo saber que el ruido les molesta, que el vecino o dueño de negocio es un inconsciente que no los deja dormir o que el Sistema 9-1-1 no acude tras denunciar los excesos, residentes del Distrito Nacional llevan meses siendo orientados sobre los alcances de la leyes de Medio Ambiente 64-00 y Prevención de la Contaminación Sónica 90-19 y hoy se dan por enterados de que excederse en los decibeles permitidos constituye un delito medioambiental que se sanciona, incluso, con la cárcel. 

Las charlas que llevó la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, en coordinación con el colectivo Vecinos Contra el Ruido, a diferentes juntas de vecinos de la capital, ha tenido un efecto positivo porque empodera a la ciudadanía sobre su derecho a vivir en tranquilidad y los pasos a seguir para formalizar una denuncia de contaminación sonora.

De marzo hasta el pasado 10 de mayo se realizaron siete charlas a las que ha asistido Diario Libre, en su mayoría, en los sectores Renacimiento, Ensanche Luperón, Naco, Ciudad Colonial, Cristo Rey y Ciudad Real II, y la última fue realizada el miércoles pasado en Bella Vista.

En cada charla era evidente el rostro de satisfacción de participantes que pensaban que el problema del ruido en su sector no tendría solución. La presencia del procurador titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Francisco Contreras, les irradia confianza y los hace creer en que no ha sido en vano el esfuerzo del colectivo Vecinos Contra el Ruido, coordinado desde hace más de un año por Andiel Galván. 

A través de Contreras y demás fiscales medioambientales, los vecinos que pasan malas noches, pudieron ver de frente a autoridades como el director de la Policía, Eduardo Alberto Then, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez y la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, y cuestionarles por el manto de impunidad con el que los llamados «ruidosos» les roban el deseado descanso por las noches y la paz durante el día.

Sin embargo, pasado el tiempo y tras varias reuniones con los actores del sistema, los ciudadanos quieren un régimen de consecuencias contra los reincidentes. Entre promesas y anuncios de medidas, las barreras que impiden la persecución de este mal social no dejan de manifestarse en cada charla, el fiscal Núñez orienta, explica los procedimientos, enseña lo que dice la ley, pero advierte que la falta de recursos y el no funcionamiento de una unidad o dirección especializada de la Policía Nacional que lo acompañe en los barrios o que levante un acta de infracción en sus patrullajes, dificulta la judicialización de la mayoría de los casos de contaminación sónica.

Por igual, el director de la Policía, Eduardo Alberto Then, reconoce el problema y admite que hasta él es afectado por la contaminación sónica. Ha delegado a patrulleros que accionan contra robos, homicidios y riñas, a perseguir el delito de la contaminación sonora. Una decisión «impopular», pero que alega «es lo único que puede hacer» hasta tanto entre en operación la Dirección Antirruido creada en marzo pasado.

Demandan dirección

«Un policía que va detrás de homicidas, ladrones, no le va a dar importancia a la denuncia de un ciudadano por el ruido que proviene de una fiesta, una industria, de un vehículo con una bocina kitipó en una esquina, por eso queremos que funcione la Dirección Antirruido con agentes especializados en este tema», explica Galván en reiterados encuentros.

El fiscal Contreras indicó que desde que dejó de funcionar el Departamento Antirruido de la Policía ha dejado de recibir las llamadas actas de infracción. Su equipo de fiscales realiza operativos, señala que «hasta de madrugada» para encontrar infraganti a los negocios y personas denunciadas para poder llevar a la justicia un caso apegado al debido proceso.

Entre las confrontaciones de la Procuraduría y la Policía Nacional sobre la persecución de este delito, ambas aspiran a concientizar a la población sobre los efectos nocivos del ruido, incluso antes de que una bocina o fuente de ruido sea incautado o una persona sea sancionada, los organismos agotan una fase de notificación y mediación, se produce en última instancia las incautaciones, cierres, sanciones y encarcelamientos.

Denuncias y acciones

En enero pasado, Vecinos Contra el Ruido acompañó a las juntas de vecinos de la capital a presentar formal denuncia ante la Procuraduría de Medio Ambiente.

La procuraduría especializada delegó en dos fiscales la investigación de las denuncias: Carmen Núñez investiga 25 y Awilda Balbuena, otras 25.

La Procuraduría dio acceso a Diario Libre al estatus de esas denuncias tras cuatro meses de haber sido formalizadas. La mayoría están en fase de mediación y no se han producido cierres ni incautaciones.

De acuerdo a los reportes suministrados, entre los 50 denunciados figuran colmados, negocios de comida rápida, restaurantes, fábricas hasta centros educativos y residentes ruidosos.

Los vecinos se quejan por los llamados teteos o fiestas callejeras, musicalización en vivo en zonas residenciales, guaguas anunciadoras, bocinas «kitipó» (quita y pone) instaladas en vehículos, carreras clandestinas, ladridos de perros abandonados en balcones y la típica música a alto volumen en los colmadones. 

Los que han firmado acto de compromiso

De los 50 denunciados, solo 30 han firmado un acto de compromiso, que consiste en un plazo de 15 días que da la Procuraduría para que adecúen las instalaciones de sus negocios de manera que la actividad productiva que realizan no afecte más a los residentes del sector donde cohabitan.

Para llegar a esas actas, la Procuraduría cita al responsable del negocio, visita el local, realiza una inspección de las instalaciones y, de comprobarse los hechos que motivaron la denuncia, convida al infractor a la firma de ese documento.

Ante el no acatamiento del compromiso comienza la judicialización del caso, explicó la fiscal Núñez.

«Si no cumplen con lo acordado, procedemos a solicitar órdenes de clausura e incautación de equipos y, a partir de ahí, se continúa con la acusación directa o haciendo uso de las salidas alternas que prevé el Código Procesal Penal como son el juicio abreviado y la suspensión condicional del procedimiento». explicó.

El resultado de estos procesos ha sido el formativo, los barrios siguen ruidosos y los problemas denunciados no han cambiado.

«Estamos más sensibilizados, las autoridades más coordinadas, pero nos falta las sanciones«, aseveró Galván, quien agradeció la receptividad de la procuraduría especializada.

Hablan los vecinos

En el caso del residencial José Contreras, el presidente de la Junta de Vecinos, José Ramón Arias, reportó que siguen sufriendo la «bulla» de las personas que se aglomeran el parque, utilizan bocinas y ponen música a todo volumen, realizan jugadas de dominó hasta las 2:00 de la mañana.

«Dentro del residencial, incluso, hay un destacamento, la policía pasa por el parque, los ruidosos se van o bajan el volumen, pero tan pronto los agentes dan la espalda continúan haciendo bulla, ese es el principal problema que tenemos en residencial José Contreras, una comunidad en la que predominan personas de la tercera edad», explicó.

Arias dijo que la Junta de Vecinos no ha podido interponer una denuncia ante la Procuraduría como hicieron otras porque no tienen a quién identificar como infractor «son muchas personas que vienen al parque de diferentes lugares», en cambio, consideró que una solución definitiva a este problema es que se designe una patrulla fija en ese parque.

En Renacimiento II, la presidenta de la Junta de Vecinos, Rossemary Bonifacio, explicó que tras la charla sobre contaminación sonora los dueños de colmados han estado receptivos. Indicó que en esa urbanización hay problemas de música alta y los ruidos que se producen allí provienen de ladridos de perros que residentes dejan en sus balcones, los mufflers de los deliveries motorizados de los colmados, guagüitas anunciadoras, food trucks y fiestas de vecinos.

Indicó que solo de ese sector han sido formalizadas cinco denuncias ante la Procuraduría, una de ellas es contra un food trucks que firmó un acto compromiso de respetar las leyes 64-00 y 90-49.

Las demás son a colmados para que cambien o reparen los mufflers de los motores que utilizan sus deliveries. Sobre esta denuncia, la señora Bonifacio mostró su descontento con la Procuraduría de Medio Ambiente.

«El fiscal titular Francisco Núñez tiene buena intención, pero los demás fiscales no colaboran, le solicitamos mediar ante los colmados y ellos le dijeron que no son responsables de lo que hagan los deliveries, cuando ellos son los propietarios de esos motores con el muffler dañado», reprochó Bonifacio al indicar que tras la supuesta  intervención de la Procuraduría «a favor de los colmaderos», estos no asisten a las reuniones que organiza la Junta de Vecinos para procurar una solución a este problema.

Por otro lado, está la Ciudad Colonial, un lugar donde confluyen residencias, negocios y turismo por su valor cultural. Raquel Casares, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (Aprecc), dijo que el exceso de ruido ha provocado una merma de los habitantes que ya no ven la zona como un lugar apto para vivir en tranquilidad.

«Según los estudios de Turismo, la Ciudad Colonial es principalmente atractiva porque es habitada, vive la gente y al turista le gusta ver esa cosa tan auténtica, ver a la gente aquí, cómo vive, y se ha perdido. Son cosas que nos hacen pensar en qué debemos hacer para que la Zona Colonial sea una ciudad habitada y a la par atractiva para el visitante».

Indicó que la Ciudad Colonial pasó de 40 mil habitantes en 1946 a 7,500 en la actualidad. La proliferación de negocios y permisos para los mismos ha provocado la incidencia de negocios colindante con residencias, que por su naturaleza producen excesos de ruido, además, deploró que los espacios públicos son apoderados por personas que llevan bocinas y las instalan en la calle.

La Procuraduría tiene 11 denuncias de la Ciudad Colonial contra discotecas, bares, sala de fiestas, entre otros negocios. Valoró el ciclo de charlas porque estas han permitido que los residentes sepan cómo puede actuar las autoridades contra la contaminación sónica y sus deberes como ciudadanos.

Otra comunidad impactada por las charlas es Cristo Rey. La dirigente comunitaria Isabel Matos dijo que este populoso sector sigue siendo bulloso en su generalidad, sin embargo, detalló que el barrio Las Flores, de donde funge como presidenta de la Junta de Vecinos, ha experimentado un cambio con la llegada del nuevo comandante del destacamento de Cristo Rey. «En Las Flores nuestro mayor problema eran los teteos y ya son cosa del pasado».

Tras culminar el ciclo de charlas, el coordinador de Vecinos contra el Ruido dijo que el trabajo del colectivo continúa e irá orientado en darle seguimiento a los casos abiertos de contaminación sónica, seguir insistiendo en la intervención de los actores gubernamentales y buscar un acercamiento con la Alcaldía del Distrito Nacional, encargada de dar los permisos de suelo.

Fuente: diariolibre.com.do