La amenazante pintada destaca en los muros. Es la silueta de un hombre rodilla en tierra y apuntando con un fusil. Sobre ella, una leyenda: “Los colectivos toman Caracas en defensa de la ¡Revolución!”.

El grafiti pintado sobre una plantilla es común en paredes y edificios del centro y de muchos barrios de Caracas. También sobre los muros blancos externos del Palacio Legislativo, asaltado el miércoles por un grupo de civiles afines al gobierno de Venezuela.

Los líderes de la oposición los llaman “paramilitares”. La fiscal general, Luisa Ortega, los define como “grupos civiles armados al margen de la ley”. En la calle los conoce simplemente como “colectivos”. Y suelen ir encapuchados.

El gobierno dice que numerosos colectivos son agrupaciones sociales que trabajan en proyectos de educación y de producción dentro de la organización comunal que promovió Hugo Chávez.

Muchos son pacíficos. Muchos tienen un papel muy político asociado a una larga tradición de izquierda. Eso los vinculó a Chávez y a la revolución bolivariana, ahora comandada por el presidente Nicolás Maduro.

Pero otros controlan con armas e impunidad algunas zonas desde hace años, según denuncian vecinos y ONG.

En el actual clima de confrontación y de conflicto político entre gobierno y oposición, que se plasma en las calles, los colectivos cobran un papel protagónico.

El 28 de junio, por ejemplo, manifestantes cortaban la calle frente al Hospital Clínicas Caracas. De repente, un grito: “¡Los colectivos!”. Un grupo de motorizados encapuchados causó pánico con su sola presencia.

En fotos y videos publicados en redes sociales y medios de comunicación locales en las últimas semanas se vio a civiles con armas de fuego.

Aunque es difícil englobar a los colectivos y muchos grupos declinaron hablar de BBC Mundo, visité a líderes de varios colectivos para saber qué piensan y conocer cómo se articulan con las fuerzas de seguridad del Estado.

Cultivo de semillas y seguridad

Junto a un grupo de motorizados de la Fundación Domingo Rebolledo subo una mañana de mayo las empinadas calles del barrio de La Vega, en el oeste de Caracas.

Me muestran el trabajo en la parroquia de la Base de Misiones Sinaí. Las misiones son los programas sociales creados por Chávez en las comunidades. Podrían quedar plasmados en la nueva Constitución que redactará la Asamblea Constituyente que se elige el 30 de julio.

Veo los huertos urbanos, los proyectos de cultivo de semillas y de fertilizantes para fomentar la producción propia y reducir la dependencia de grandes productores y cadenas de distribución.

Buscan ser una comunidad casi autogestionada y sus líderes se declaran abiertamente chavistas y defensores de la revolución.

La Fundación Domingo Rebolledo se define orgullosamente como colectivo. La forman 64 personas, entre ellos 40 motorizados que tienen también otras misiones.

“Somos anillos de seguridad del pueblo, de la patria”, me dice Juan, nombre ficticio de uno de los líderes, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.

“Somos organizaciones que hemos sido creadas como medidas de seguridad para defender el modelo de gobierno, al pueblo y a los cuadros políticos”, afirma.

En los últimos meses, ese trabajo se ha multiplicado con las continuas protestas callejeras contra el gobierno.

“Alerta”

Es un sábado de mayo y la oposición ha convocado a una nueva marcha. Juan está atento. Acaba de recibir un mensaje en el celular de lo que llama un “patriota cooperante”.

“ALERTA Me llegó información de que los escuálidos terroristas están planificando tomar la Redoma de la India”, dice el texto sobre la principal plaza del barrio de La Vega. “Escuálidos terroristas” es la forma despectiva de referirse a los opositores.

El mensaje sigue. “Por sí o por no, debemos estar mosca (atentos) y preparados para bajar a los primeros indicios; me parece o no, todas y todos tenemos la decisión de salir a combatir la contrarrevolución”.

En ese momento se activa Juan, que fue policía y forma parte del ODDI (Órgano de Dirección de la Defensa Integral) en el barrio de La Vega. Responde al ODDI Capital de Caracas, a cargo del jefe de gobierno del Distrito Capital, que ahora es el mayor general Antonio Benavides Torres.

Hasta hace pocos días, Benavides era el jefe de la Guardia Nacional. Algunos miembros del cuerpo están acusados de haber matado a manifestantes de oposición. La Fiscalía imputó recientemente a Benavides por violaciones de derechos humanos.

Las operaciones del ODDI, iniciadas con la alerta del “patriota cooperante”, se articulan con la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) y la REDI (Región de Defensa Integral), ambas ya con estructura completamente militar a cargo del Ministerio de Defensa.

Así se activa lo que el gobierno socialista llama la unión cívico-militar, plasmada en ley desde 2014 y a la que tanto apela en los últimos meses porque considera que la oposición está promoviendo un golpe de Estado y una intervención extranjera.

En abril, ya en plena ola de protestas, el presidente Maduro incluso dijo que ampliaría a medio millón de miembros la llamada Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo de civiles con entrenamiento militar. Y afirmó que les garantizaría un fusil a cada uno.

Los responsables del gobierno citan los artículos 322 y 326 de la Carta Magna, que hablan de la corresponsabilidad entre el Estado y los venezolanos para la defensa del país.

Pero, ¿cómo se refleja eso en la actuación del colectivo Domingo Rebolledo?

De negro y con el rostro cubierto

Juan asegura que la propia policía y Guardia Nacional llaman al grupo de motorizados para intimidar, asustar, disolver una manifestación y limpiar la calle de las barricadas.

Por ello se visten de negro con el rostro cubierto.

Viajo con ellos en moto y me muestran un recorrido habitual en la cercana parroquia de El Paraíso, uno de los principales focos de levantamiento contra el gobierno.

“Nosotros no vamos a llegar reprimiendo, atropellando ni agrediendo, simplemente llegamos a dispersar, para que no dañen los bienes de la nación”, me dice Juan, que asegura que su grupo es pacífico y que lo máximo que hacen es apresar a un manifestante y entregárselo a la autoridad.

Le pregunto si ellos tienen armas. Juan dice que no, aunque podría tomar prestada una de su tío.

“No podemos llegar a las armas, porque la oposición está muy armada. Te puedes imaginar el estallido que se puede generar (…) Hay armas, pero no las usamos. Queremos mantener la paz”, dice Juan, que es funcionario público.

Un compañero, formado en la lucha armada de los años 70 y 80, va más allá. “Para que este gobierno caiga tiene que haber una guerra. Si la hay, estamos preparados”, asegura, temeroso de que otro Ejecutivo acabara con los “logros sociales” del chavismo.

Juan reconoce que hay colectivos que no operan como el suyo. Y que cuentan con impunidad.

“Los colectivos son impunes en todo. Pueden tomar una acción y el gobierno lo respeta, porque son personas que vienen de la policía o son mismo policías activos. Tienen contacto en la policía. Agarran a uno preso o matan a uno por algo. No pagan nada por eso. Nosotros no estamos trabajando así”, compara.

En las imágenes del miércoles en el Palacio Legislativo, por ejemplo, se vio que la Guardia Nacional no impidió el paso a los manifestantes. Luego tampoco los dispersó para permitir la salida de los parlamentarios, que estuvieron siete horas en el edificio.

“Pacífica, pero armada”

Chávez, que atribuía la supuesta violencia a la burguesía venezolana, siempre dijo que la revolución era “pacífica, pero armada”.

Esas palabras las recuerda Lisandro López, conocido como Mao, líder histórico de la lucha armada en Venezuela en los años 70 y 80 y uno de los pioneros de los Tupamaro, nombre que recibió su grupo en Venezuela en honor al original de Uruguay.

Mao también dice que impulsó la creación de los colectivos en la primera mitad de la década pasada.

“Eran una forma de apuntalar al gobierno en los barrios”, me dice sentado en el despacho de la escuela que dirige ahora a los 58 años.

“Nacen como una necesidad política”, recuerda los años inmediatamente posteriores al golpe fallido contra Chávez en 2002.

Como indica su apodo, es maoísta y también estalinista, y ve el conflicto actual en Venezuela como una lucha de clases, visión compartida por otros colectivos.

“Si ellos toman el poder también vamos a ser eliminados. Sí, estamos armados y vamos a enfrentarlos”, admite Mao.

De momento no están en esa fase, dice. Le pregunto qué haría falta y cómo se activarían. “Con la orden del presidente. El único jefe de nosotros es Maduro. El que determina la acción es Maduro”, dice Mao, que me habla de códigos y de interpretaciones de las alocuciones presidenciales.

“Candelita”

Mao se dedica ahora más a la formación política e ideológica.

Quien sí estaba plenamente activo en la defensa de la revolución era su amigo Alberto “Chino” Carías. Era el líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) peruano en Venezuela y lo entrevisté en un despacho del edificio administrativo de la Asamblea Nacional el 18 de mayo, pocos días antes de su muerte por causas naturales.

“Hemos estado hasta las 9:00 combatiendo”, contaba Carías, que no consideraba al MRTA como un colectivo, pese a compartir objetivos. “Candelita que se prenda, candelita que hay que apagar”, decía gráficamente repitiendo una frase de Maduro durante las protestas de 2014.

“El gobierno ha sido blandengue con estos sectores terroristas. Chávez ya habría aplastado este movimiento”, afirmaba sobre actos de violencia que vinculaba con la oposición.

El 23

Tanto los Tupamaro de Mao como el MRTA de Carías nacieron en el 23 de enero, un barrio de gran tradición política de izquierdas que defendió a Chávez en el golpe de 2002 y en el que, sin embargo, ganó la oposición en las elecciones legislativas de 2015.

Allí está también el colectivo de trabajo revolucionario Montaraz. Lo visité una mañana de sábado de junio. Mientras esperaba a William Pacheco, uno de sus dirigentes, pude ver el huerto urbano donde los estudiantes realizan sus proyectos comunitarios.

En los muros del recinto hay un gran retrato del Che Guevara y un afiche de las FARC, el grupo guerrillero marxista que ha mantenido más de 50 años de conflicto con el gobierno de Colombia.

“El colectivo es una agrupación de personas con un objetivo político que acompaña al gobierno revolucionario”, me dice Pacheco cuando le pregunto qué es un colectivo, cuyo germen vincula con la llegada al poder de Chávez en 1999.

Afirma que su colectivo es pacífico y que se dedica a la educación, la cultura y el deporte, pero agrega.

“Hay otros que hacen un acompañamiento militar. Eso no significa que en caso de situación de situación coyuntural que quieran derrocar al gobierno no vayamos a participar”, matiza.

Le pregunto también cómo lo harían, si dispondrían incluso de armas.

“Todos los escenarios están presentes. Si hay una invasión o un conflicto con paramilitares o sectores de la derecha, habrá que defender la revolución con las armas”, afirma Pacheco, convencido de que hay una “guerra no convencional para derrocar la revolución”.

Le planteo la hipótesis de un cambio de gobierno en Venezuela en un proceso democrático, electoral.

“Habría que asumir esa derrota. Ahora, veríamos cuál es la actitud ante los colectivos sociales. El imperio generará otras situaciones de presión: perseguirá dirigentes, se incrementarán los asesinatos de dirigentes, y eso puede llevar a que nos tengamos que defender por otra vía”, dice rescatando el discurso antiimperialista que también replica el gobierno.

En abril le hice esa misma pregunta de una eventual cesión de poder a Jefferson González, líder joven del poderoso colectivo Alexis Vive, también en el 23 de Enero.

“Seríamos un bolsón de resistencia. Tomaríamos el poder”, me dijo.

Fuente: BBC Mundo