Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- De acuerdo con una auditoría de la Cámara de Cuentas (CCRD) la Dirección General de Contrataciones Públicas ejecutó recursos por RD 1,257,957, 239 del Presupuesto Nacional sin la debida transparencia, en la gestión de Yokasta Altagracia Guzmán.

La irregularidad está documentada en una investigación especial sobre las ejecuciones presupuestarias de la entidad, durante el periodo de 2017 a 2020, correspondiente a las autoridades anteriores.

Los investigadores detectaron anomalías en los pagos de nóminas, asignación de combustibles, retenciones de impuestos; el 30 % dejado de cobrar por concepto del TBIS, activos no registrados en la entidad, falta de estados financieros, pagos irregulares del sueldo 13 y otras.

Según el informe de la experticia, las autoridades anteriores de la Dirección General de Contrataciones dejaron de retener para el fisco la suma de RD$ 12,707,079 y RD$ 3,210,877, respectivamente.

La entidad dejó de retener otros compromisos fiscales por RD$ 2,116,687; así como entrega de combustibles a funcionarios por encima del monto asignado, lo que sumó RD$ 1,117,00 de diferencia durante el periodo auditado.

En 2017, la directora general de la entidad, Yokasta Altagracia Guzmán, se adjudicó una partida de RD$1,950,000 en combustibles, al año siguiente la redujo a RD$ 980 mil, pero en 2019 volvió a aumentar la RD$ 1,675,000, mientras que el resto de los funcionarios recibían un máximo de RD$125,00 pesos al año del insumo.

En tres años y siete meses la funcionaria, encargada de regular las compras y contrataciones públicas consumo en carburantes la suma de RD$ 4,830,00, sin los documentos soporte que justifique su uso, indica la auditoria financiera.

La falta de transparencia afectó por igual activos fijos como dos camionetas para la entidad, que no fueron registrados en el sistema de propiedades de la institución.

El estudio también documenta y cuestiona los desembolsos en las cuentas de materiales y suministros del consumo de comida y bebida para personas; combustibles, material de oficina, bonos, electrodomésticos, vehículos y otros, por la suma de RD$ 150.368,024, pero que no fueron cancelados con el sello de pagado, como indica la Ley 10-07 de Control Interno de la Contraloría General de la República.

La normativa refiere  en el Articulo 26 los siguiente:

“Los ejecutores directos de las operaciones o actividades, en los diferentes niveles de la organización de cada entidad u organismo sujeto al ámbito de la presente ley, son responsables antes de darle trámite, realizarlas, autorizarlas y ordenar o expedir la respectiva orden o libramiento de pago, de aplicar controles internos previos o autocontroles con la finalidad de determinar su veracidad, exactitud y cumplimiento de las normas de ejecución del presupuesto y demás disposiciones legales que las regulen(…)”.

Fuente: acento.com.do