SANTO DOMINGO – La consternación se apoderó de la sociedad con el atentado contra una de las mayores celebridades dominicanas a nivel internacional, y más aún cuando se dijo que al menos 9 personas, casi todos jóvenes y una mujer, concertaron la acción criminal contratadas por una suma hasta ahora pírrica de RD$400,000 pesos, unos US$7,800 dólares.
El desafío no es sólo que las autoridades identifiquen y sancionen al autor intelectual y al jefe de los sicarios y precisen sus motivaciones, sino que la colectividad entienda que esta sociedad se hundirá en la inseguridad y el caos, con repercusiones económicas, si no toma con seriedad la urgencia de contener la creciente anomia social y establecer el imperio de la ley.
Si eso es al Big Papi…
Cuando se expandió la información del atentado que dejó gravemente herido al más popular de los beisbolistas dominicanos de todos los tiempos, idolatrado en Boston, donde alcanzó categoría legendaria, hubo quienes lo pusieron en duda. Y tras la reafirmación de la realidad, la pregunta generalizada fue quién podrá sentirse seguro si eso le ocurrió al “Big Papi”, un hombre de temperamento bonachón, que ha dedicado recursos y energías a atender niños con problemas cardíacos.
Los informes que de inmediato descartaron el móvil del robo, puesto que no hubo el menor indicio de esto, no fueron suficientes para devolver la calma: no había duda que no se trataba de una acción desesperada o improvisada de quien buscaba dinero a cualquier precio, sino de algo peor, que alguien había contratado sicarios para matar. Un solo balazo casi ha costado la carísima vida de Ortiz y después de atravesarlo hirió a su acompañante Jhoel López.
Hasta tres días después se creía que la acción envolvía a dos personas, pero desde entonces se ha acusado a nueve y todavía las autoridades dicen que buscan a dos o tres más. Es conmovedor comprobar que tantas personas hayan sido incorporadas a un crimen contra quien puede ser el dominicano más popular y apreciado. Peor todavía cuando las autoridades se apresuraron a tasar la encomienda en 400 mil pesos, para que el periódico New York Post titulara en primera página que al Big Papi lo quisieron matar por 7 mil 832 dólares. La cadena Telemundo dijo casi 8 mil dólares.
¿Quien lo mandó a matar?
Demasiado barato. Hay quienes apuestan a que hubo varios millones de pesos en juego, cuyos destinatarios es otro desafío, lo que apuntaría a un autor intelectual de mucho poder económico. Hasta ahora todos insinúan que pudiera ser un narcotraficante, vinculado a bandas de delincuentes, con suficiente poder económico y para evitar su identificación. Pero también podría provenir de alguien con influencias políticas, policiales o militares. En cualquier caso, toda la sociedad debe exigir que sea esclarecido hasta la raíz.
Los investigadores tuvieron éxito en localizar en menos de tres días a la persona que habría hecho el disparo y hasta a la propietaria de unos de los vehículos utilizados en apoyo logístico al crimen, pero tendrán que tenerlo pronto buscando hacia arriba, al jefe de la agencia de sicarios y al contratista. No puede quedar duda de que es más responsable el que paga por pecar que quien peca por la paga. Si queda alguna duda al respecto, nadie podrá sentirse seguro en el país, sea alto empresario, funcionario, político, artista, periodista o deportista.
Desde hace una década se habla de agencias de sicarios”, a las que se le han atribuido horrendos y múltiples crímenes, como los siete jóvenes encontrados acribillados en una casa abandonada en Navarrete en el 2004, y los siete colombianos ejecutados en Paya, Baní,lo que implicó a cinco oficiales de la Marina de Guerra en el 2008. Las jóvenes Natasha Sing y Zuleyka Flores, en el residencial Vereda Tropical de Santo Domingo Este, en 2014, por 400 mil pesos y en enero pasado cuatro asesinados en Guerra. Entre julio y septiembre del 2016 los medios informaron de 10 asesinatos por encargo, y por varios años ronda en los tribunales el caso de varios choferes asesinados en Santo Domingo por una banda de sicarios.
Incentivo de la impunidad
En la generalidad de los crímenes atribuidos al sicariato, las investigaciones policiales y judiciales se han quedado en los ejecutores o agentes de mafias organizadas, al igual que en el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en San Pedro de Macorís, a consecuencia de un escándalo de tierras del Consejo Estatal del Azúcar en febrero del 2017, el secuestro y asesinato del abogado Juniol Ramírez, ese mismo año,y en el suicidio del arquitecto David Rodríguez extorsionado en la OISOE en el 2015.
El tratar de aplacar los reclamos de justicia, sin establecer las mayores responsabilidades ha tenido su más contundente expresión en el escándalo Odebrecht, donde más de dos años después de su develamiento, sólo hay siete procesados, entre ellos el agente de la constructora y un abogado, y sólo dos funcionarios y tres legisladores. De estos cinco, tres fueron del gobierno que contrató el 5 por ciento del monto de las obras atribuidas a Odebrecht, y sólo dos de los gobernantes de los últimos 15 años, contratantes del 95 por ciento. Uno solo de los 32 senadores ha sido señalado como receptor de sobornos, aunque casi todos eran del mismo partido que contrataba y presentaba los proyectos al Congreso.
Los profesionales de la conducta y los analistas sociales coinciden en sostener que los altos niveles de corrupción en la gestión pública, la concentración del ingreso y evasiones impositivas y la fastuosidad de funcionarios y empresarios, que imponen impunidad, son de los factores que incentivan la delincuencia abajo, incluyendo la organización de bandas de sicarios y narcotraficantes. La descomposición se expande en los agentes del orden y la seguridad, llegando al ministerio público y la justicia. La complicidad ha quedado manifiesta en la cantidad de oficiales y agentes militares y policiales vinculados a crímenes. El New York Post dijo que en el atentado a Ortiz hay dos policías. El exprocurador general Francisco Domínguez Brito afirmó en junio del 2014 que en la mayoría de los crímenes por encargo había expolicías envueltos.
******************************
Delincuencia del progreso
No puede pasar desapercibido que los protagonistas de la mayoría de los autores de crímenes resonantes y los miembros de las bandas de narcotraficantes son jóvenes, los hijos del progreso de comienzo de este siglo, maleados por la falta de respeto a las normas, impulsados por la exclusión social, en un país que se regocija de su crecimiento económico, pero con 30 por ciento de sus jóvenes desempleados, y 23 por ciento, unos 600 mil, que ni estudian ni trabajan.
Gran parte de esos delincuentes provienen de los hogares rotos, en más de un tercio regidos sólo por las madres. Los adolescentes desertan de la escuela, la mitad al llegar a la secundaria, y encabezan la tasa de embarazos precoces en todo el continente, reproduciendo la pobreza y el abandono que han heredado.
Como el automóvil es el mayor signo de riqueza en el país, los que no pueden alcanzar uno de cuatro ruedas se compran una motocicleta, que al finalizar el 2018, sumaban 2 millones 397 mil 337, el 55 por ciento de los 4.3 millones de vehículos motorizados, con incremento de 159 mil 840 sólo el año pasado. Los motociclistas protagonizan casi dos terceras partes de los accidentes y son responsables de que el país tenga el triste récord de mayor tasa mundial de muertos en calles y carreteras del mundo, después de la islita Niue, del Pacífico, de 262 kilómetros cuadrados y 160 mil habitantes. Los motores son el vehículo más utilizado en actos delictivos.
Superar la anomia social
El escritor y periodista internacional Carlos Alberto Montaner, con vínculos en el país y frecuente visitante, dijo en una columna radiofónica, al comentar el atentado al Big Papi, que mientras los políticos dominicanos están preocupados por ganar las próximas elecciones, “la República Dominicana se está convirtiendo a pasos agigantados en un país sin ley ni orden, donde reina casi absolutamente la impunidad”, atribuyéndolo en gran medida al narcotráfico. Cree que todavía se puede corregir el rumbo, que arrasaría con el turismo, pero que no queda mucho tiempo, que “la sociedad acaba con las mafias, o las mafias acabarán con la sociedad”.
Esa percepción es compartida por gran proporción de los dominicanos, que en todas las encuestas señalan la inseguridad, derivada de la delincuencia, la corrupción y la impunidad, como su mayor preocupación. Hace tiempo que se diagnostica una progresiva anomia social, que se practica desde las más altas instancias del poder político y económico, hasta los estratos más bajos, en un sálvese quien pueda, desde la circulación vehicular a los preceptos constitucionales. Las leyes son pura sugerencia, como observó un diplomático, que la mayor ley es la de la conveniencia y que no se respeta ni la ley de la gravedad.
El ejemplo más contundente es que la sociedad ha estado concentrada por más de un año en si el presidente de la República cumple la Constitución que ya modificó hace 4 años para optar por el actual período gubernamental y su juramento ante Dios y la sociedad dominicana de que éste sería su último gobierno. No obstante, parte importante de los dominicanos lo consideran normal, aunque saben que para “hacer lo que nunca se ha hecho” y reformar dos veces consecutivas la Constitución en aras de su continuidad, Danilo Medina tendría que comenzar por romper su propio partido y comprar legisladores con el dinero y los recursos públicos, para luego utilizar todo el Estado a fin de vencer un rechazo de esa reforma que llega al 70 por ciento en las encuestas. Todo en aras de la máxima nacional de que “to e to y na e na”.-