El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia absolutoria a favor de todos los imputados en el caso Tucano, pese a que la empresa brasileña Embraer admitió haber pagado sobornos.
Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la gestión de Laura Guerrero Pelletier, excluyó pruebas del caso Tucano, aportadas a través de la cooperación internacional, con las que se habrían establecido las responsabilidades penales de otros implicados, denunció Alejandro Tejada, abogado de Carlos Piccini, principal imputado en el caso y que ayer lunes fue absuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
«El Pepca tuvo la oportunidad de oro, a partir de las informaciones que le aportó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Ministerio de Justicia de Brasil, las cooperaciones jurídicas que ellos tuvieron, y de Uruguay, y el acuerdo que firmó con Embraer la Procuraduría (en ese momento dirigida por Jean Alain Rodríguez)», señaló.
Al ser entrevistado en el programa Distrito Informativo, Tejada dijo desconocer las razones por las que dichas pruebas fueron excluidas del proceso seguido en los tribunales dominicanos, pero lo atribuyó a poco interés por parte de Guerrero Pelletier y de Wilson Camacho, quien en ese momento era el jefe de Litigación que homologó el acuerdo con la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), fabricante de los Tucanos.
«Las razones por que las excluyeron no las puedo decir… tendría que ser el director del Pepca (Wilson Camacho quien lo haga ya que) él fue que homologó (el acuerdo con Embraer), quien conoció la audiencia de homologación del acuerdo que se firmó con la Procuraduría, en donde… Embraer se comprometió con la PGR de entregar los nombres, números de cuenta, código cif, y esos valores. Y estableció también de que si Embraer no entregaba esas informaciones, la Procuraduría podría proseguir con la persecución penal en contra de Embraer», señaló Tejada.
Explicó que si hoy en día la Procuraduría General de la República no persigue penalmente a Embraer, «entonces quiere decir que se entregaron esas informaciones, lo que siempre se me negó. Por eso, las honorables juezas establecieron que la Procuraduría tuvo la oportunidad de oro de armar un caso, pero no en contra de esas personas que ustedes vieron procesadas».
«Embraer dice inicialmente: yo mandé cien mil dólares directamente a República Dominicana; 2.5 millones a Uruguary y 900 mil al Uruguay. La pregunta sería: ¿si el Pepca recibe de las entidades uruguayas las documentaciones de cómo un ejecutivo brasileño de Embraer recibe una empresa que se llama Globaltis, ese dinero. Entonces, ¿por qué el Pepca solicita al tribunal, una vez aporta con la acusación esas pruebas, por qué en el juicio entonces solicita excluirla?», se preguntó.
El jurista entiende que lo que procede ahora es que Camacho, a partir de esas pruebas que se excluyeron, abra «el Super Tucano 2.0, como lo prometieron. Una segunda fase de ese caso. Debieran de darle esa satisfacción a la ciudadanía. Ustedes que no quisieron hacer el trabajo», dijo en alusión a los fiscales.
Cree que el Ministerio Público «mutiló» durante el proceso los documentos que se obtuvieron de la cooperación internacional de Uruguay y Panamá y, por tanto, no le siguieron el rastro al dinero que supuestamente pagó Embraer en sobornos para que le compraran sus aviones.
Ayer lunes, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia absolutoria a favor de todos los imputados en el caso de corrupción en la compra de los aviones Super Tucano.
Según la acusación, los imputados habrían recibido el pago de supuestos sobornos ascendentes a US$ 3.5 millones distribuidos por Embraer para garantizar la compraventa de ocho aviones Super Tucano.
Las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez ordenaron el cese de las medidas de coerción contra los inicialmente imputados y programaron la lectura íntegra del fallo para el próximo el 12 de julio a las 9 AM.
Entre los acusados por el caso están el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor.
Fuente: acento.com.do