Tania Molina

El Estado dominicano somete a varios de los testigos que presenta la Pepca en el caso, y pide una compensación de 26,000 millones de pesos por daños y perjuicio.

Precedida por una protesta que agentes policiales contuvieron a bombazos, la audiencia de medida de coerción, que se conocería ayer a los detenidos durante la Operación Calamar, fue reenviada para el próximo miércoles, debido a nuevas querellas que se han presentado en contra de algunos de los imputados y deben ser notificadas a las partes.

Por lo menos cinco querellas habían sido depositadas hasta ayer ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, de parte de personas que dicen sentirse estafadas por la estructura que, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se formó en torno al Ministerio de Hacienda, durante la gestión del Donald Guerrero, para distraer fondos públicos por un monto superior a los 19,000 millones de pesos.

Además de Guerrero, entre los 20 detenidos a los que se les conocerá medida de coerción están los también exfuncionarios peledeístas José Ramón Peralta, exministro Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y pasado candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). A ellos se les imputa, entre otras cosas, de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, sobornos, asociación de malhechores y lavado de activos.

“Esta estructura de corrupción ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados se han acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho”, declaró el titular la Pepca, Wilson Camacho, a su salida de la sala de audiencia.

Los querellantes van tanto en contra de las personas ya imputadas como por otras, que no fueron precisadas, y están vinculadas a las expropiaciones de terrenos.

Uno de los que presentaron recursos son los sucesores de la familia Gatón que, de acuerdo con su abogado, se querellan contra Donald Guerrero y otros (no precisados), alegando que desde Hacienda se hicieron libramientos de pagos por 1,527 millones de pesos por el pago de unos terrenos que habían sido expropiados por el Estado, pero que ellos apenas recibieron unos 300 millones.

A Bombazos

Mientras el titular de la Pepca reiteraba en las escaleras internas del Palacio de Justicia, que la Operación Calamar se refiere a una estructura de corrupción que se construyó para estafar y desfalcar al Estado dominicano y mantenerlo como un rehén de la corrupción, en las inmediaciones de la edificación, decenas de peledeístas se manifestaban en contra de lo que definen como un caso político.

Sin pasar el cerco que con gran despliegue de agentes limitó el acceso al tribunal, los manifestantes se mantenían al extremo norte del edificio, cuando las bombas lacrimógenas les hicieron dispersarse. Una de las bombas impactó el vehículo de la regidora peledeísta Fiordaliza Pichardo, incendiándolo.

Minutos después, también fue contenida a bombazos la caminata de un grupo de peledeístas, encabezado por el senador Yván Lorenzo, en la avenida Independencia.

El legislador denunció la “agresión abusiva y cobarde” y advirtió que ellos no van a abandonar las calles ni un minuto.

“Este es un gobierno de intolerantes, Luis Abinader, es una actitud cobarde, porque es un gobierno de intolerantes. Nosotros no alteramos el orden, sencillamente veníamos caminando pacíficamente”, dijo luego de detonaciones de bombas que los hicieron desistir de su marcha.

Marcha verde

En los alrededores del Palacio de Justicia, quienes sí pudieron manifestarse fueron los del movimiento Marcha Verde, que bajo el lema de “cero impunidad”, pedían sanción ejemplar y recuperación del dinero.