La constructora brasileña Odebrecht S.A., asegura que sus ejecutivos han estado dispuestos a testificar en el proceso legal que se lleva en República Dominicana, que ha pagado US$60 millones al erario y que ha cumplido “en tiempo, contenido y metodología” sus obligaciones asumidas con el Estado dominicano, mediante el acuerdo de lenidad que firmó con la Procuraduría General de la República en marzo de 2017.

Mediante un comunicado publicado en Diario Libre, afirma además que en la empresa existe la “determinación inequívoca” de continuar cumpliendo con el acuerdo, y dice estar confiada en lo que deber ser la forma de actuar del Ministerio Público, en cumplimiento de la norma constitucional que establecen el estado de derecho y la seguridad jurídica en República Dominicana.

La constructora se refiere a las declaraciones del titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien el pasado 21 de diciembre declaró que el Ministerio Público estudia la posibilidad de anular el acuerdo establecido con Odebrecht por supuesto incumplimiento de parte de ésta. Las declaraciones de Camacho se produjeron tras la suspensión del conocimiento del juicio de fondo que se sigue en contra de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Juan Roberto Rodríguez, los acusados de recibir los US$92 millones en soborno que la constructora brasileña admitió haber pagado en el país.

El reenvío se produjo ante la ausencia del primer testigo de la Pepca, el exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra, quien se excusó de no participar en la audiencia atendiendo a compromisos familiares previamente asumidos, así como por las dificultades de realizar viajes desde Brasil, debido a la situación de la pandemia del COVID-19.

“La ausencia de los testigos Mauricio Dantas Bezerra y del testigo Maluf Cardoso, el Ministerio Público la considera una falta de respeto de Odebrecht hacia el sistema de justicia dominicano… como consecuencia de la ausencia de estos testigos, que deberían estar aquí, partiendo del acuerdo que existe entre el Ministerio Público de República Dominicana, el Ministerio Público está considerando la posibilidad de dejar sin efecto este acuerdo”, declaró Camacho a la salida del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conoce el caso. Pero en Odebrecht entienden que no hay motivos para anular lo pactado.

La empresa sostiene en su comunicado que Dantas Bezerra estuvo el 3 de diciembre en República Dominicana y compareció a la audiencia del caso, “de manera voluntaria y con el objetivo de confirmar las declaraciones y los compromisos asumidos por Odebrecht S.A., en el referido acuerdo. Dicha audiencia fue suspendida”.

A raíz de eso, el empresario regresó a Brasil y junto a otros ejecutivos de la empresa estuvo disponible para testificar vía remota desde la Embajada de República Dominicana en Brasil, pero no les fue concedido el privilegio, solicitado por la crisis que ha causado la pandemia de COVID-19 en el país suramericano, afirma la compañía en su declaración escrita.

Mediante el acuerdo con la Procuraduría, la empresa brasileña se compromete a colaborar con la Justicia y resarcir al Estado dominicano con 184 millones de dólares, a cambio de no ser perseguida penalmente en el país.

“Efectivamente, y como responsabilidad asumida por Odebrecht S.A., ante los hechos declarados y admitidos por sus exejecutivos/colaboradores bajo el acuerdo, Odebrecht hizo entrega a la Procuraduría General de la República de toda prueba, evidencia, acuerdo, información, documento, data, reporte, declaración, testimonio, delaciones premiadas y otros documentos para la verificación de los hechos admitidos por sus exejecutivos/colaboradores”, indica la empresa brasileña en el comunicado.