Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- El movimiento no partidista Participación Ciudadana, denunció este viernes que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez tiene un plan para “secuestrar” el Ministerio Público con fines partidarios.

Durante una rueda de prensa realizada en su sede, en la que se dio lectura a un documento sobre su posición, el también capítulo nacional de Transparencia Internacional, sostuvo que Rodríguez convocó un concurso para designar a la gran mayoría de las principales posiciones de la estructura del Ministerio Público, y para hacerlo se habría obligado a renunciar a diferentes miembros que no habían agotado su período.

Adicionalmente, afirmó la entidad, ha ingresado a la Escuela y a la carrera a una cantidad exorbitante de fiscalizadores, en clara búsqueda de un control a corto, mediano y largo plazo.

“Las denuncias realizadas por un grupo de fiscales sobre las prácticas de control de una persona que pertenece (en licencia) al Comité Central del partido oficial, muestran con claridad que se busca asegurar impunidad”, sostuvo.

En ese orden, Participación Ciudadana demandó que durante el período electoral y de transición, sin importar quién gane las elecciones, el Consejo Superior del Ministerio Público, bajo el control del procurador General de la República, “aplique las buenas prácticas que indican que no se deben tomar decisiones de esta naturaleza en medio de elecciones, y detenga el concurso público que lleva a cabo”.

En lo que se refiere a las elecciones, Participación Ciudadana recomendó prohibir toda campaña electoral hasta el 15 de marzo y que solo se realice una campaña de información, además de expresar su desacuerdo en el uso de celulares para transmitir resultados.

«El país no resistiría otro fracaso electrónico», aseguró la entidad en el documento leído este viernes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE LA GRAVE CRISIS NACIONAL

Saquemos algo positivo de esta crisis, aprovechemos para impulsar cambios profundos. Con un gran impulso nacional podemos avanzar en nuestros anhelos de que en la República Dominicana se respete la democracia, la institucionalidad y a la ciudadanía, que se ponga fin a la corrupción y la impunidad que estimulan los delitos que han provocado esta crisis.  

Participación Ciudadana expresa su profunda consternación por la grave crisis político-electoral que afecta a la sociedad dominicana y hace un llamado a las fuerzas democráticas para que aprovechemos este momento crucial para presionar por un cambio profundo en el comportamiento de los actores gubernamentales y políticos, a quienes debemos exigir el respeto que este pueblo se merece.

Nuestra organización tiene muchos años insistiendo en la necesidad de cambiar las reglas del juego político y el papel de las instituciones en la construcción de una sociedad democrática y participativa. Insistimos por décadas en la necesidad de normativas para el sector político y cuando al fin se lograron, no se ha manifestado la voluntad de cumplirlas. Fue en este contexto de debilidad democrática que en febrero de 2019 advertimos los peligros de automatizar las votaciones, sistema fracasado en el mundo entero y poco conveniente en un país lleno de desconfianza, abuso estatal y una larga historia de fraudes electorales. También hicimos innumerables reclamos para que se cumplieran la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en lo referente a aspectos fundamentales que han afectado todas las elecciones en el país, como lo son el uso abusivo de los recursos del Estado, la intervención directa del Presidente y sus funcionarios a favor de un candidato, las largas y costosas campañas, el reparto de recursos públicos a nombre de candidatos oficiales, en fin, el predominio de prácticas antidemocráticas que han sido ampliamente documentadas en nuestros informes electorales.

La actual crisis es el resultado de la falta de voluntad de cambio, de la debilidad institucional, pero, sobre todo, la reedición de la vieja y perniciosa cultura del continuismo a toda costa, corrupción desmedida e impunidad que tanto daño han hecho a este país. Ninguna nación puede avanzar con estos lastres. Estas reflexiones, por tanto, buscan llamar la atención para que esta crisis y sus graves repercusiones nos impulsen a aprovechar esta oportunidad para dejar atrás las prácticas políticas que impiden que la democracia avance.

Participación Ciudadana quiere dirigirse directamente a quienes consideramos tienen la posibilidad de dar un ejemplo y pasar a la historia con honor y satisfacción.

1. En primer lugar, exigimos al presidente de la República, Danilo Medina, que asuma el papel que le corresponde en este momento, que no puede ser otro que hacer honor al juramento de su investidura y comprometerse con los intereses del país, por encima de sus propios intereses individuales y grupales. Esto significa hacer lo que nunca se ha hecho, romper con la cultura de utilizar al Estado como comando de campaña y propiedad del candidato oficial. Le exigimos que utilice su liderazgo y el poder que el pueblo puso en sus manos para el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el avance de la democracia. Requerimos que deje de disponer el uso de los recursos del Estado y de enviar amenazas a los ciudadanos y ciudadanas de que su partido está preparado para vulnerar el sagrado secreto del voto.
2. De la Junta Central Electoral (JCE) no podemos esperar promesas. El fracaso de su sistema de votación nos ha convertido en referente obligatorio a nivel mundial. No valieron las advertencias sobre los riesgos de vulnerabilidad que hicimos junto a la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, hace justo un año, con pruebas de que el voto electrónico ha sido descartado en casi todos los países, por no ofrecer las garantías que requieren las elecciones en los países democráticos. También remitimos en marzo de 2019 a la JCE una carta solicitando que, de aprobarse ese sistema, debía hacerse con tiempo una auditoría de los equipos y del software. Todos los recursos gastados en equipos, en trabajo técnico y dos auditorías que certificaron su seguridad, resultaron en un duro golpe para el país, para la misma JCE y para los partidos políticos que, a pesar de nuestras advertencias, fueron encantados por las promesas de rapidez en el conteo y la transmisión.

Una campaña electoral más larga, desigual, con el Estado en pleno volcado a favor de un candidato, plagada de violaciones a las leyes y a los principios de la democracia, no admiten más promesas, sino decisiones valientes y oportunas. La JCE no se puede permitir una sola debilidad o incapacidad en el cumplimiento de su sagrado deber de garantizar unas elecciones libres, democráticas y transparentes.  Muchos ciudadanos y ciudadanas, justamente indignados, han solicitado la renuncia del pleno y la separación de sus cargos de los principales funcionarios responsables.

Participación Ciudadana no se ha sumado a esta solicitud por considerar que las consecuencias de esas renuncias podrían agravar la crisis. Sin embargo, los acontecimientos de esta semana y la falta de una rápida explicación de lo que pasó el domingo 16 de febrero, crean el temor de que una vez más los delitos, errores e incumplimiento de las leyes electorales, queden protegidos por un manto de impunidad y que, además, se repitan en lo que queda del proceso electoral. Estamos a la espera de una explicación de la JCE sobre lo que pasó, así como también del informe de las instituciones a las que se encargue la investigación, sobre todo el IFES, que ya había certificado el sistema. Participación Ciudadana se suma a los sectores que reclaman un acompañamiento de organismos internacionales a la JCE como un factor esencial que mitigue la desconfianza creada.

En este momento, en medio de esta crisis, se puede escuchar en la televisión un extenso spot que expone todos los éxitos del candidato presidencial del partido oficial y que no tiene nada que ver con el actual momento. Si estas y todas las otras violaciones a la Ley no son detenidas de inmediato por la JCE, jamás podremos esperar unos comicios legítimos ni en marzo, ni en mayo o eventualmente en junio. Proponemos que la JCE acuerde con los partidos la prohibición de toda campaña electoral hasta el 15 de marzo y que solo se realice una campaña de información y motivación del voto a nombre de la JCE. Esto, como una contribución a la equidad del certamen, a la tranquilidad ciudadana y a evitar cuantiosos gastos que, en definitiva, salen de los fondos de la sociedad.

Participación Ciudadana se opone al uso de celulares para transmitir resultados en razón de que el país no resistiría otro fracaso electrónico. Proponemos que, siendo unas elecciones municipales, los resultados de los colegios electorales sean consolidados y dados a conocer por las Juntas Municipales Electorales, las que luego transmitirán los resultados a la Junta Central Electoral, tal como está contemplado en el artículo 246 de la Ley Electoral No. 15-19.

3. Este momento de crisis debe unir a todas las fuerzas democráticas del país en el propósito de lograr un cambio profundo, tanto en la normativa como en el comportamiento de nuestros gobernantes y de la clase política. Esta crisis es el resultado de décadas de prácticas antidemocráticas, del crecimiento de la corrupción y la impunidad, de la exclusión, del uso abusivo del Estado para el enriquecimiento y la permanencia en el poder, en fin, de toda clase de prácticas ilegales amparadas en la impunidad y de las que este país esta hastiado. Necesitamos un compromiso serio de los aspirantes a la Presidencia, senadores, diputados, alcaldes y otros puestos electivos, de que no van a repetir el comportamiento que tanto nos avergüenza frente al mundo, pero, sobre todo, frente a nuestros jóvenes, niños y niñas, con quienes tenemos el compromiso de legarles un país en el que puedan vivir.
4. En este contexto, no podemos dejar fuera un aspecto que es crucial y, que, si pasamos por alto, todo lo que se reclama y lo que se pueda acordar para salir de esta crisis no tendría sentido. Mientras la atención pública estaba y está concentrada en las elecciones, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha puesto en marcha un plan para secuestrar el Ministerio Público con fines partidarios. De esta manera, convocó un concurso para designar a la gran mayoría de las principales posiciones de la estructura del Ministerio Público, y para hacerlo se ha denunciado que ha obligado a renunciar a diferentes miembros que no habían agotado su período. Adicionalmente, ha ingresado a la Escuela y a la carrera a una cantidad exorbitante de fiscalizadores, en clara búsqueda de un control a corto, mediano y largo plazo.

Las denuncias realizadas por un grupo de fiscales sobre las prácticas de control de una persona que pertenece (en licencia) al Comité Central del partido oficial, muestran con claridad que se busca asegurar impunidad. Participación Ciudadana demanda que durante el período electoral y de transición, sin importar quién gane las elecciones, el Consejo Superior del Ministerio Público, controlado por el Procurador General de la República, aplique las buenas prácticas que indican que no se deben tomar decisiones de esta naturaleza en medio de elecciones, y detenga el concurso público que lleva a cabo. Exhortamos a la ciudadanía a prestar atención a esta gravísima situación.

5. Ninguno de estos reclamos se logrará sin una amplia participación de la ciudadanía en la defensa de su derecho a una sociedad democrática y justa. Participación Ciudadana apoya las protestas pacíficas contra las instituciones que han fallado y en reclamo de que se celebren unas elecciones municipales y nacionales bien organizadas, respetando las normas, con equidad y transparencia y que se establezca y castigue a quienes son responsables de los graves hechos que hicieron abortar las elecciones del pasado domingo, los cuales ponen en riesgo el resto del proceso electoral y la estabilidad política del país. Hacemos un llamado a esos jóvenes que luchan y sueñan una sociedad mejor, a integrarse de forma organizada a la observación electoral con nuestra organización o a la participación política activa y comprometida con los mejores valores democráticos.

Fuente: Participación Ciudadana