En momentos en que todo está cambiando es imperativo romper la muralla de impunidad

La covid-19 paralizó el mundo y ha generado una catástrofe sanitaria, económica y social. El mundo nunca volverá a ser como antes y la democracia puede ser una víctima más. Casi 400.000 muertos y más de seis millones de contagiados muestran la magnitud de la tragedia global que no tiene punto final a la vista, mientras los sistemas de salud resisten el embate del virus, la economía busca reactivarse, colapsan los sistemas de protección social y se libra una competencia ilimitada por hallar la vacuna que ponga punto final a la noche más oscura de la humanidad en los últimos cien años.

Todo ello al tiempo que la democracia, en varios países de América Latina, sufre el ataque viral de otra poderosa epidemia: la corrupción, una reconocida enemiga, que hoy pareciera más mortal que ayer, dado el desmoronamiento del aparato productivo y la vulnerabilidad de los sectores populares, que son la mayoría de la población. La crisis generada por el coronavirus ha evidenciado las fragilidades del modelo económico y la patología de un sector de la clase política que ve en la emergencia una oportunidad para enriquecerse a costa de las necesidades de los más pobres, que reclaman la atención y la solidaridad del estado para sobrevivir. En el tercer mundo no es verdad que golpea igual a ricos y pobres porque la desigualdad, la exclusión y la pobreza hacen mucho más complejo lidiar con la pandemia. Ya saca las orejas el monstruo de un gran retroceso que nos devolverá décadas atrás en conquistas sociales.

La corrupción lleva siglos entre nosotros y se ha vuelto una enfermedad endémica. A pesar de los estudios enciclopédicos sobre transparencia que cada cuanto se producen, por universidades, centros de pensamiento, gobiernos y agencias multilaterales, no existe una fórmula mágica para acabarla, ni una vacuna que inmunice a las sociedades contra su existencia. Es un enemigo mortal, a veces invisible, capaz de mutar y regenerarse, en el ámbito de lo público y lo privado, porque no se trata de una enfermedad exclusiva de los servidores del estado, sino que también afecta a las pequeñas y grandes compañías. Hoy frente a la escasez de recursos económicos, será más letal que nunca y debe combatirse con más rigor que nunca.

La corrupción es un monstruo de mil cabezas que no para de reproducirse y frente a la cual no existe inmunidad total en ningún país del planeta. Son miles de millones de euros los que se van por el sifón de aguas negras de la corrupción. Dinero de la salud, la alimentación escolar y ayudas humanitarias, principalmente, que terminan en los bolsillos de unos pocos. Cifras astronómicas en países marcados por la pobreza. Un virus que mata a los más débiles y condena a la miseria, la violencia y el olvido a millones de ciudadanos.

La pandemia de la corrupción asfixia la democracia y estimula el empoderamiento de la tentación populista y autoritaria. El manejo de la crisis generado por la covid-19 ha revelado con nitidez la fragilidad del sistema político y de su gobernabilidad. La declaratoria de los Estados de Emergencia le ha permitido a los poderes ejecutivos legislar a plenitud sobre aspectos fundamentales —al margen de los legislativos—, buscando la reactivación económica y la garantía de la vida de los ciudadanos. Pero esas facultades deben tener un límite. En nuestros países se ha autorizado a alcaldes, gobernadores e intendentes a contratar de manera directa gran parte de su presupuesto para enfrentar la amenaza sanitaria y paliar los efectos sociales de la crisis. Esto desató una ola de corrupción en los territorios que reveló la voracidad de quienes han pretendido enriquecerse con la salud y el hambre de los más vulnerables. También ha elevado el clamor de la opinión por una acción contundente del aparato de justicia para defender unos recursos ahora más sagrados que nunca.

Para combatir el delito en tiempos de covid-19, las entidades autónomas de control en Colombia —Procuraduría, Fiscalía y Contraloría— hemos constituido un frente común para impartir justicia y castigar a los responsables. Es tiempo de unidad y de un frente común de la institucionalidad contra ese flagelo. En esa tarea han sido fundamentales las veedurías ciudadanas y las denuncias de los medios de comunicación, que han revelado casos aberrantes de corrupción en la contratación pública. La Procuraduría, que no ha estado confinada y actúa en los territorios, ha hallado casos protuberantes de sobrecostos y violación de los principios de contratación. El Ministerio Público adelanta, por ello, más de 500 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 de las 32 gobernaciones del país y 272 de las mas de mil alcaldías en el marco de la emergencia sanitaria.

En momentos en que todo está cambiando, y se sacuden las estructuras del antiguo régimen y surgen nuevas prioridades, es imperativo romper la muralla de impunidad que ha protegido por años a los corruptos, que se amparan en las fallas de la justicia, una cultura de ilegalidad y la permisividad social. Si algo tiene que surgir de la pandemia es una sociedad menos tolerante con los corruptos. Es la manera de fortalecer la democracia y aislar el abuso del poder, instrumento natural de la falta de transparencia. Una sociedad más fuerte, vigilante y empoderada estará inmunizada contra la acción de los inescrupulosos. También una institucionalidad más efectiva en la investigación y sanción de los delincuentes garantizará que la sociedad desarrolle los anticuerpos para vencer la amenaza. Esa es la epidemiología de la corrupción.

Esa otra pandemia no la puede vencer un solo individuo. Es la sociedad unida, vigilante, haciendo uso de modernas herramientas de big data e inteligencia artificial la que le quitará el oxigeno a los bandidos. La covid-19 nos obliga a pensar en un nuevo contrato social que interprete las nuevas realidades nacionales y mundiales. En el mundo que surja de la pandemia habrá que crear una nueva democracia más sólida y una sociedad más transparente que venza el pesimismo y ejerza un distanciamiento total con la corrupción y le dé cero espacios para que se multiplique. Si no se vence ese enemigo, la democracia estará en peligro y ello requiere un liderazgo que tenga claro que hay que extinguirle los bienes a los corruptos y decretarles la muerte política. Para ellos no pueden haber respiradores artificiales porque quien terminará en la UCI será el estado de derecho. Los liderazgos del futuro de América Latina deberán edificarse sobre un sistema inmune de instituciones públicas sólidas capaces de generar grandes acuerdos nacionales, lejos de los autoritarismos y populismos de izquierda o de derecha.

Fernando Carrillo Flórez es Procurador General de la Nación de Colombia.

Fuente: BBC Mundo