Por Ramón Núñez Ramírez
Recientemente el administrador de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, Jaime Aristy Escudar, declaró que la CDEEE tendrá un socio estratégico, posiblemente para finales de este año, mediante un proceso de colocación internacional del 49% de las acciones, lo cual a primera vista parecería una gran operación para el Estado Dominicano, sin embargo cuando se revisa la entrevista completa del administrador encontraremos que será un gran negocio para el comprador de las acciones.
Cuando usted compra una empresa adquiere los activos, es decir las maquinarias, edificio, depósitos bancarios, inversiones etc., pero también usted adquiere los pasivos, vale decir la deuda con los suplidores, financiamientos, el pasivo laboral, en fin los compromisos de la empresa.
El propio administrador reveló que el Ministerio de Hacienda se haría cargo de los financiamientos contratados para ejecutar el proyecto, entiéndase los empréstitos pasarán a engrosar el monto de la deuda pública, mientras la CDEEE se haría cargo de los reclamos de la empresa Odebretch, hoy en arbitraje, que son del orden de los US$700 millones, y como el Estado perderá el arbitraje, de nuevo más deuda pública y más bonos soberanos.
El costo de la termoeléctrica de Punta Catalina no se limita al costo nominal del contrato, ascendente a US$1,945 millones, a eso hay que sumarle el costo de los financiamientos y los adicionales que deberán pagarse cuando el arbitraje lo ordene. Hay muchos otros costos del proyecto que el país desconoce.
En una auditoria de la propia CDEEE al cierre de 2017, se habían pagado US$4.0 millones en asesorías ambientales, más de US$4 millones en asesoría financiera; a Stanley Consultant se le había pagado US$28.6 millones, en publicidad la friolera de US$9.0 millones, en personal de la CDEEE asignada al proyecto, US$50 millones, también en asesoría técnica un millón de dólares, en asesoría legal a la firma de abogados Foley Hoag, la que lleva los aspectos legales del arbitraje internacional, la suma de US$4.0 millones y alrededor de US$450 millones por los intereses y comisiones bancarias, así como por los pagos no realizados al contratista a lo largo de los años de construcción.
¿Cuál será el precio base para la licitación?
Se supone que no será el precio del activo en libros, sino el precio del contrato de venta de energía y potencia firmado y la duración del mismo; así el inversionista recuperará su inversión y utilidades en el tiempo de duración del contrato.
A pesar de que el propio administrador de Punta Catalina reveló que la empresa va a generar ingresos anuales entre US$500 y US$550 millones y un nivel de beneficios de US$245 millones anuales, no parece factible, ojala me equivoque, que una empresa de prestigio internacional, con tantos factores de riesgos inherentes en esta operación, incluyendo reputacionales, vaya a participar en esta licitación; más bien parecería que un empresario o una familia local, con apellidos extranjeros e involucrados en el negocio eléctrico, constituyan una empresa en el exterior y sean los ganadores de la licitación, que por cierto es posible los recursos generados por la venta del 49% de las acciones de Punta Catalina no alcancen para cubrir el arbitraje y otros reclamos que hará la empresa Odebretch.
En conclusión, los dominicanos nos comeremos los huesos, incluyendo seguir pagando una alta tarifa, y el ganador de la licitación se va a comer la masa, vale decir socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Así no fue que nos vendieron Punta Catalina.