Nelson Marrero
La República Dominicana ha marchado por cerca de cuarenta años sin contraponerse con efectividad a los problemas sociales que engendran conductas delictivas y mantienen alta la conflictividad sangrienta en distintos escenarios; y faltan a la verdad histórica quienes describen la gravedad de los sucesos presentes como tendencia infrecuente, una apreciación no basada en los hechos como debe ser para diagnosticar objetivamente la realidad y lograrle soluciones.
Con posterioridad a los aciagos años de las fuerzas incontrolables que se ensañaban contra la juventud matando a diestra y siniestra bajo el autoritarismo por 12 años de Joaquín Balaguer, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en República Dominicana era de 13 (1994 en adelante), cifra que duplicaba los promedios de las naciones convenientemente seguras de Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos.
Incidencia que aun comparada con las de otros países de este vecindario correspondía a una franja elevada.
Era un índice de acciones mortales que según estudio auspiciado en retrospectiva por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no lucía tan alta para el promedio que registraba para entonces América Latina calculado en 20 muertes violentas por cada cien mil habitantes; pero esto porque para entonces se trataba de la región más violenta del mundo y República Dominicana, simple y llanamente, pertenecía a una vorágine continental y ha seguido enmarcada en ella.
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Tan cerca como en el 2017 (con vigencia del peledeísmo) la socióloga dominicana especialista en seguridad ciudadana más destacada en el hemisferio, Lilian Bobea, advertía que: «los problemas de la seguridad en República Dominicana no implican solamente a la Policía Nacional. La justicia adolece de déficits importantes para garantizar su acceso adecuado y pronto a una gran mayoría de la sociedad».
Hasta entonces el Estado dominicano, -a juicio de la científica social- no había evitado que al llegar la década del 2,000 República Dominicana «careciera de una política explícita, articulada y consistente de seguridad ciudadana».
Agregaba más contundentemente que «esta larga ausencia y el letargo en la inversión de recursos humanos y materiales adecuados ha dejado al país con un débito acumulado considerable en materia de seguridad preventiva y de justicia correctiva». Más claro, ni el agua, como una vez cerró su discurso el ilustrado presidente dominicano de los juegos pesados: Joaquín Balaguer.
Morir no es de ahora
Otras verificaciones estadísticas indican que las muertes no naturales en República Dominicana, a partir de los seguimientos demográficos empezaron a tener peso significativo dentro del total de defunciones en el año 1999 cuando constituyeron el 15% de las actas levantadas por decesos, con un promedio anual en acenso de 6%.
Contribuían al incremento los accidentes de tránsito, expresión también de violencia que en gran proporción implica comportamientos antisociales por conducción irresponsable y bajo consumo de alcohol que escapan a controles policiales de protección al ciudadano que el Estado dejaba de proporcionar.
El estudio patrocinado por la UASD anteriormente citado puso de relieve que en un período relativamente corto de solo seis años los homicidios con armas de fuego ascendieron de un 30% en 1993 a un 51% en el 1999 (año morado) cuando «la proliferación de las armas de fuego indiscutiblemente se había convertido en un factor coyuntural catalizador del crecimiento de la violencia y la delincuencia en el país».
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Los investigadores estadísticos llegaron además a la conclusión de que la gravedad del asunto «puede percibirse no solo en la gran parte de la población que legalmente porta un arma de fuego sino en la gran cantidad que las posee ilegalmente según los reportes de la (propia) Policía».
Para todos los fines y no llamarse a engaño sobre lo intemporal de los peligros de morir en este país, basta con recordar que las tasas de homicidios en el año 2015 (PLD) era de 16 por cada cien mil habitantes, según encuesta «Enhogar» que muestra que la delincuencia estaba siendo considerada como «el principal problema que agobia a los ciudadanos dominicanos (74%), secundado por el desempleo». El porcentaje actual de tales defunciones es de 11 por cada cien mil personas.
Fallando siempre
Daniel Pou, el más avezado analista local de los auges delictivos, suele deplorar, y no es de ahora, que durante décadas la República Dominicana «ha preferido tener una Policía Nacional cenicienta, sumida en una situación de servidumbre, donde la capacitación, preparación y evaluación de las personas que deben integrar el cuerpo del orden no son elementos sustentables ni tomados en cuenta al momento de ser incorporados».
Y para demostrar que la incompetencia a sigue con su misma presencia, acaba de resaltar, a propósito del trágico final de un joven retenido injustificadamente en una celda policial de la zona urbana de Naco, que el cuerpo del orden no tiene capacidad para manejar personas privadas de libertad y emocionalmente alteradas.
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Entrevistado en el programa de TV Toque Final, criticó que «en una celda de un destacamento a veces se mezclan mujeres con hombres, niños con adultos, delincuentes de alta peligrosidad con personas que han infringido algunas leyes del país, que puede ser hasta de tránsito».
En abono a las diversas evaluaciones que en toda época dejan mal parada a la Policía, la especialista en estrategias contra el crimen Lilian Bobea sostuvo en una ocasión que en el país la seguridad de las personas está primeramente condicionada por la posición socioeconómica de los individuos; en segundo lugar por su condición racial; en tercer lugar por sus atributos de género, edad y preferencias sexuales etc.
Promedios en contra
Por allá por el decenio del 2,000, cuando la tasa promedio de homicidios de cien países era de 7.9%, en República Dominicana llegó a ser, específicamente en el 2006, de un 23.56% como causa de muerte no natural; viniendo de una tasa que en el 1991 se situaba en el 13%, cerrando un período en el que el nivel más alto en América Latina fue en el 2018 de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Un reporte académico sobre las causas de la violencia que partió de estudios de organismos multilaterales enfocados en la región que comprende a la República Dominicana, señala: a) aprendizajes en los medios sociales; b) factores socioeconómicos vinculados a malas políticas públicas; c) tráfico y uso de drogas y el alcohol; d) disponibilidad de armas de fuego.
En las conclusiones sobre los orígenes de la violencia aparece como la más determinante contribución a las conductas antisociales la que proviene de los medios familiares y sociales, describiéndose enfáticamente al hogar como el núcleo donde inicialmente se adquieren las normas y los patrones conductuales; se aprende el concepto de lo bueno y lo malo, lo permitido o lo prohibido.
Fuente: hoy.com.do