Violación de la ley de Compras y Contrataciones y la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- En su auditoría al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), la Contraloría General de la República confirmó que entre septiembre de 2020 y abril de 2022 dos oficiales superiores de la Fuerza Aérea (FARD), que laboran en la Presidencia de la República, se encuentran en calidad de suplidores de la entidad, lo cual contraviene la ley sobre Compras y Contrataciones en el Estado y la Orgánica de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el informe emitido por la entidad fiscalizadora, se refiere al teniente coronel Claudio Pérez Mora, gerente financiero de la Gobernación de las Oficinas Gubernamentales, y a la mayor Aura Guadalupe Castillo Pérez, quien está contratada como psicóloga clínica en la misma dependencia.

La auditoría interna se llevó a cabo en la administración anterior del mayor general Celin Rubio Terrero, durante el período comprendido entre septiembre de 2020 y abril de 2022.

La investigación documenta que ambos militares son los propietarios de la compañía Centro Ferretero Castillo, SRL, que suplió insumos al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial por un costo de RD$ 5,014,681, durante el periodo auditado.

Se ejecutaron diez operaciones de compras a la sociedad comercial de los dos oficiales, que, según la Contraloría, contraviene el artículo 152 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que establece:

“Ningún militar en servicio activo podrá ejercer habitualmente actividades que, de acuerdo con el Código de Comercio, se reputen como actos de comercio”.

Oficial de la Policía también suplía al CUSEP

Los documentos financieros revelaron, además, que una segunda tenienta de la Policía Nacional y que presta servicios en el CUSEP estableció una relación comercial ilegal con la entidad.

Los soportes de los cheques pagados a la compañía Diversas Variadas Armidis & Asociados, SRL, evidencian que la oficial Armidis Modesta Novo Toribio es la socia mayoritaria de la compañía, según afirma la Contraloría en su informe.

La entidad militar realizó siete operaciones de compras con dicha empresa, que incluyeron materiales de construcción, equipo de lavandería, banner de alta resolución; así como reparaciones, construcción de verja, equipo de oficina y libros didácticos, por un monto de 2.8 millones de pesos.

Sobre ambos casos, la fiscalización también señala violaciones al Artículo 14 de la Ley de Compra y Contrataciones que dice en el numeral 3 y 4 los siguiente:

“Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa, y 4 que dice: Todo personal de la entidad contratante”.

Fuente: acento.com.do