¿Puede Donald Trump negarse a entregar sus declaraciones de impuestos y registros financieros a los fiscales del Congreso y de Nueva York? La Corte Suprema de Estados Unidos aborda el martes esta cuestión con claros tintes políticos, una ocasión para definir mejor los límites de la inmunidad presidencial.
Los nueve jueces del alto tribunal, confinados en casa por la pandemia del nuevo coronavirus, interrogarán a los abogados de ambas partes por teléfono en una sesión muy esperada que se emitirá en directo.
La audiencia, programada inicialmente para fines de marzo, se celebra ahora para dar tiempo a que los jueces tomen una decisión antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Trump busca un segundo mandato.
El exmagnate inmobiliario, que alardeó de su fortuna en la campaña electoral de 2016, es el primer presidente desde Richard Nixon en la década de 1970 en negarse a entregar sus declaraciones de impuestos, lo que desató rumores sobre su patrimonio y sus posibles problemas financieros.
«Claramente, hay algo en estos documentos que el presidente no quiere que veamos», dijo Steven Mazie, escritor y profesor, durante un seminario en línea.
Desde que retomó el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato en 2018, la oposición demócrata ha estado ansiosa por descubrir qué podría ser ese «algo».
Varios comités del Congreso han pedido a la firma de contabilidad Mazars desde hace mucho tiempo, así como a Deutsche Bank y Capital One, los registros financieros de Trump entre 2011 y 2018.
El fiscal demócrata de Manhattan, Cyrus Vance, hizo una demanda similar a Mazars como parte de una investigación sobre los pagos que recibió la actriz porno Stormy Daniels para que no airease nada sobre un supuesta relación con el mandatario.
Trump inmediatamente demandó para bloquear la entrega de los documentos.
«Lo que están haciendo no es legal», dijo el presidente en Twitter, y agregó que «la caza de brujas continúa».
Y tras haber perdido en los tribunales inferiores, Trump recurrió al más alto tribunal del país. Después de que el presidente nombrara a dos jueces conservadores de los nueve que la componen, la Corte Suprema ha dado un claro giro a la derecha.
– «Atormentar al presidente» –
Los jueces dedicarán la primera hora de exposición de argumentos orales del martes a las citaciones del Congreso, que tendrá como telón de fondo la feroz batalla sobre los poderes de investigación del Legislativo.
«Aprovechar todos y cada uno de los comités de la Cámara de Representantes para atormentar al presidente con una citación legislativa tras otra es una receta para la crisis constitucional», dijeron los abogados de Trump en un informe al tribunal.
Los abogados de la Cámara de Representantes respondieron en su informe que estas solicitudes no son nada nuevo y pusieron como ejemplo otras realizadas en el pasado a los presidentes Richard Nixon, un republicano, y Jimmy Carter, un demócrata.
«Lo que no tiene precedentes», agregaron, «es el extraordinario abanico de argumentos que el presidente Trump y el procurador general hacen sobre el supuesto poder de un presidente para frustrar investigaciones».
El Tribunal Supremo puede verse tentado a eludir el tema central. A finales de abril, solicitó a ambas partes que respondieran por escrito a la pregunta de si el asunto era de naturaleza política y no legal. Si lo primero es cierto, los jueces pueden cerrar el archivo sin tomar una decisión.
Ambas partes dijeron el viernes que «no», un gesto claro para que la corte tome una resolución.
– Asesinato en la Quinta Avenida –
En una segunda fase de la sesión del martes, los jueces abordarán el caso que involucra al fiscal de Manhattan, lo que plantea la cuestión sobre el alcance de la inmunidad presidencial ante la ley.
Los abogados de Trump argumentaron ante un tribunal de apelaciones que el presidente incluso podría matar a tiros a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y no enfrentaría ninguna sanción legal, mientras esté en el cargo.
«¿No se podría hacer nada?», preguntó un juez escéptico. «Correcto», respondió el abogado del presidente.
Para el equipo legal de Trump, la necesidad de inmunidad es «particularmente aguda cuando se trata de fiscales estatales y locales».
«Se debe permitir que el presidente ejecute sus funciones oficiales sin temor a que un estado o localidad utilice un proceso criminal para manifestar su insatisfacción con su desempeño», escribieron en su informe.
Pero los profesoras de derecho Claire Finkelstein y Richard Painter dicen que esta visión contradice otras decisiones tomadas por la Corte Suprema. Este tribunal requirió a Nixon que entregara grabaciones secretas de la Casa Blanca al fiscal especial que investigaba el escándalo del Watergate.
Los dos profesores agregaron en un escrito «amicus curae» presentado ante el supremo que una interpretación expansiva de la inmunidad presidencial representaría una «grave amenaza para el Estado de derecho».
Si la Corte Suprema acepta los argumentos del equipo de Trump, agregaron, «alterará los principios básicos de responsabilidad de los que depende» la democracia estadounidense.
Fuente: Agencia Francesa de Prensa