MADRID — En España, un país donde los millonarios tienen reputación de tacaños, Amancio Ortega quizá pensó que su donativo de 309 millones de euros en equipamiento médico para la sanidad sería recibido con muestras de agradecimiento. El sexto hombre más rico del mundo y fundador del imperio Zara se encontró en su lugar con una ruidosa polémica, insultos en las redes sociales y políticos que despreciaron su “limosna”. La reacción de una parte de la izquierda hacia el gesto de Ortega debió ser un alivio para otros millonarios: “¿Ven?”, podían decirse. “Mejor morirse con la fortuna en el banco que compartirla”.

En la monarquía del dinero de España y América Latina, donde las grandes fortunas suelen estar ligadas a herencias, privilegios y relaciones con el poder, no existe una cultura filantrópica parecida a la estadounidense. “Hay ricos que deberían ser mucho más generosos”, recordó Melinda Gates en una entrevista reciente. Eso es especialmente cierto en nuestro caso. La donación de Ortega puede servir para abrir un debate necesario sobre la cultura de los millonarios de dar dinero y de los Estados de recibirlo.

Mejorar los servicios sociales o potenciar la educación son obligaciones de los gobiernos —y la filantropía no puede ser una excusa para trasladar la responsabilidad al sector privado—, pero quienes acumulan riquezas desproporcionadas tienen la obligación moral de colaborar, más aún cuando sus negocios se benefician de monopolios o regulaciones que limitan las oportunidades de otros.

Hospitales, bibliotecas, universidades o centros de investigación en Estados Unidos llevan el nombre de donantes privados. Una veintena de sus ciudadanos más pudientes, con Bill Gates y Warren Buffett a la cabeza, se han comprometido a donar al menos la mitad de su fortuna dentro del proyecto The Giving Pledge. Lo de menos es que lo hagan por altruismo o sentido de culpabilidad, para mejorar sus relaciones públicas o por sincera conciencia cívica: su ejemplo debe ser seguido por nuestros millonarios y su dinero aceptado si llega limpio y sin condicionantes.

Unidas Podemos, el partido de la izquierda española más beligerante con el donativo de Ortega, argumentó su rechazo en que una democracia digna no debe aceptar caridad de sus élites y exigió en cambio que paguen los impuestos que les corresponden. Pero ambas cosas son compatibles: hacer frente a las obligaciones tributarias y aportar un extra cuando se tiene una fortuna de más de 62.000 millones de dólares como la de Ortega. Esa actitud reaccionaria frente a un acto de filantropía sorprende por contradictoria —la política española acepta regularmente donativos, Ortega mismo ha donado a la sanidad española desde 2015—, desincentiva a otros millonarios que puedan estar pensando en colaborar y olvida a quienes pueden beneficiarse directamente de esa ayuda.

El resentimiento hacia el empresario gallego solo puede explicarse en la difícil relación que la izquierda más anticuada mantiene con el éxito personal. Ortega empezó a trabajar en su adolescencia como dependiente, inauguró su primera tienda Zara en 1975 y construyó desde la nada una marca global. Su empresa, Inditex, mantiene solo en España 47.930 empleos y en los últimos cinco años ha pagado 7547 millones de euros en impuestos.

En lugar de centrar las críticas en empresarios hechos a sí mismos, que crean riqueza y trabajo, el foco debería ponerse en la élite parasitaria que vive de privilegios adquiridos, teje redes de protección para preservar sus intereses y trata de influir en el poder político, logrando regulaciones y ventajas que le permiten seguir acumulando riqueza. En el caso de España tenemos desde familias que deben su posición a su relación con la dictadura franquista, y que han mantenido hasta hoy las conexiones que engrasan sus negocios, hasta nobles cuya fortuna ha crecido con cada generación desde que les fuera regalada por la monarquía en la Edad Media.

En Latinoamérica también hay poderosos grupos oligárquicos y aristocracias económicas que comparten los mismos males: privilegios adquiridos, la cercanía con el poder político como medio para protegerlos y un gran desapego a la responsabilidad social. Ignoran los problemas de comunidades que están entre las más desiguales del mundo como si no pertenecieran a ellas.

El espíritu filantrópico latino, aunque ha mejorado con los años, sigue estando por detrás de lo que le corresponde y ocupa un porcentaje minoritario en las estadísticas globales. La indiferencia de los millonarios del continente, con sus excepciones, se comprende desde el mismo concepto residencial que les lleva a vivir en barrios fortificados alejados de la realidad que les rodea. No comparten los problemas de seguridad de sus conciudadanos, porque invierten en protección privada; ni las deficiencias en educación, porque sus hijos se gradúan en el extranjero; ni les afecta el mal funcionamiento de la sanidad pública, porque cuando tienen un problema grave se tratan en Estados Unidos.

La filantropía, cuando habla español, suele hacerlo como vehículo para mejorar la imagen de empresas e individuos, tiene un impacto escaso y a menudo se utiliza para ejercer una influencia en la vida cultural, intelectual y cívica de las sociedades donde se invierte. Sigue arraigada la idea de que la caridad es una ocupación que corresponde a la iglesia, las organizaciones de la sociedad civil y los servicios sociales. El incentivo del bien común no termina de calar porque entre las élites económicas se ha interiorizado que el beneficio de la comunidad está disociado del suyo. La Gran Recesión de 2008 fue una prueba definitiva en España: las familias y corporaciones más pudientes salieron fortalecidas de la crisis, mientras las clases medias y bajas continúan pagando sus consecuencias.

La mejor manera de romper con ese círculo sería a través de la educación, el principal motor de transformación de las sociedades modernas por su capacidad para nivelar oportunidades y hacer de puente entre clases sociales. Y, sin embargo, es ahí donde más flaquea la filantropía tanto en América Latina como en España. Nada mostraría más las buenas intenciones de los dueños de las grandes fortunas que ver, como ocurre en otros países, sus nombres en la fachada de institutos y universidades. Mostraría, entre otras cosas, que están dispuestos a utilizar su dinero para ofrecer a otros las oportunidades que ellos tuvieron y que sus hijos asumen con naturalidad desde el nacimiento.

La filantropía no es incompatible con exigir a nuestros millonarios que el origen de esos fondos sea honrado, que cumplan con sus obligaciones fiscales y que no utilicen la influencia de su poder económico para alterar las reglas de juego. Una vez se respetan esos requisitos, como en el caso de Amancio Ortega, basta con responder con un “Gracias” y emplear ese dinero de la mejor manera posible.