Lo que no ha hecho la JCE es un estimado del número de precandidatos a los que habría que contarle votos individuales, los que en boletas separadas de al menos 26 partidos oscilarían entre 110 mil y 320 mil, un descomunal desafío organizativo con un cómputo imposible en el plazo de tres días que establece el proyecto aprobado por el Senado.Imposible de materializar

El proyecto original sometido por la JCE desde el 2011 establecía la obligatoriedad de elecciones primarias solo para los partidos “mayoritarios”, es decir los que reciben más del 5 por ciento de la votación, que actualmente serían cuatro, el de la Liberación Dominicana (PLD), el Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Podrían escoger el padrón abierto o cerrado y en la fecha de su conveniencia dentro de un plazo; organizadas por ellos mismos, o por el órgano electoral, pero costeado del subsidio estatal.

Pero el proyecto aprobado por el Senado y remitido esta semana a la Cámara de Diputados establece en su artículo 42 que “Todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos de elección popular, mediante elecciones primarias abiertas y simultáneas, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto”.

El proyecto no hace excepción ni siquiera en los casos de alianzas o coaliciones políticas, lo que implicaría a los 26 partidos actualmente reconocidos, que junto a nuevos y agrupaciones locales podrían llegar a la treintena.

Debe asumirse que cada organización tendrá que tener al menos una extensa boleta con sus precandidatos a nivel presidencial, congresual y municipal, que para el 2016 totalizaban 4,106. Si se depositan en urnas comunes, habría que separarlas para iniciar el escrutinio.

Podrían llegar a 320 mil

Se ignora si los promotores del proyecto calcularon la cantidad de precandidaturas que implicarían esas primarias, lo que no es tan difícil partiendo de tres aspirantes por partido a cada uno de los 4,106 cargos electivos, límite que establecía el proyecto de la JCE, pero que desapareció en el del Senado. Asumiendo que promedien tres, el total por partido serían 12,318, que por 26 partidos totalizarían 320,268 precandidatos.

Si se quiere un cálculo conservador, asumiendo que los cuatro partidos mayoritarios mantengan el promedio de tres precandidatos por cargo, sumarían cada uno 12,318, que totalizarían 49,272.

Con otros seis partidos que lleven dos candidatos a cada cargo, los aspirantes se duplicarían a 98,544. Asumiendo que solo 13 agrupaciones postulen, y los otros tres con solo un precandidato por cargo, habría que agregar otros 12,318 y entonces el gran total sería de 110,862 precandidaturas.

Con cualquiera de los dos cálculos, la JCE tendría serias dificultades para computarles sus votos individuales al mismo tiempo, y ni hablar de que pueda concluirlo en el plazo de 72 horas, ni proclamar los ganadores en la primera semana de diciembre, cuando las primarias serían en el tercer domingo de noviembre, según el proyecto aprobado. El artículo 40 indica que la precampaña se iniciaría el tercer domingo de agosto del año anterior a las elecciones, y que la escogencia de candidatos sería tres meses después.

En febrero se celebrarían las elecciones municipales y en mayo las presidenciales y congresuales, con la eventual segunda vuelta en julio, lo que podría implicar cuatro procesos electivos en 8 meses.

En los comicios de 2016 la Junta Central Electoral solo computó individualmente los votos para elegir 190 diputados nacionales, que con un promedio de 12 aspirantes, incluidas las alianzas, habrían sido solo 2,280, y en cientos de colegios no se hizo este cómputo y terminaron anulados los preferenciales. El resultado final tomó dos semanas.

Tanto la Junta Central Electoral como muchos dirigentes políticos han considerado casi imposible cumplir la ley que instituye el voto preferencial para los cargos municipales desde el 2020, que solo serían unos 3,900 que por 12 aspirantes (incluidas alianzas) totalizarían 46,800.

En la Cámara de Diputados

Cada vez es más generalizada la convicción de que no habrá Ley de Partidos ni una nueva Ley del Régimen Electoral para los comicios de 2020 y que la JCE tendrá que cumplir su promesa de establecer los reglamentos para garantizar la equidad y transparencia, como le faculta el artículo 212 de la Constitución.

Por eso esta semana el partido Alianza País, que lidera Guillermo Moreno, intimó al organismo para que proceda en consecuencia.

El proyecto de Ley de Partidos llegó el jueves a la Cámara de Diputados, presidida por un declarado opositor a las primarias abiertas, Rubén Maldonado, un seguidor del expresidente Leonel Fernández, quien ha reiterado que no habrá imposición y se decidirá democráticamente, sin ninguna prisa, tras el estudio de la comisión correspondiente.

Los diputados realizan su propio estudio de los dos proyectos introducidos por la Junta Central Electoral.

El jueves la dirigente peledeísta Alejandrina Germán se quejó de que el Comité Político de su partido evadió la responsabilidad de decidir si las primarias deben ser abiertas o cerradas, olvidando que en 2014 había optado por dejar en libertad a cada partido de escoger el método, como establece el proyecto de la JCE. Y según los acuerdos que el PLD adoptó en 2015 para pactar a reforma constitucional, ahora ese organismo tendría que decidir por consenso y si no con al menos 75 por ciento de sus votos. Mientras el expresidente Fernández decía en Nueva York que si imponen las primarias de manera forzada “habrán vencido, pero no convencido”.

Intrigas contra oposición

Los once partidos de oposición que sostienen posición común ante la Ley de Partidos fueron esta semana a la Cámara de Diputados para reiterar su rechazo al padrón abierto y reclamar que se priorice la Ley del Régimen Electoral, lo que podría ser también una opción para ese órgano legislativo.

Coincidieron con ellos allí los dirigentes de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE), que agrupa a miles de iglesias protestantes.

Mientras crece el rechazo político y social al intento de imponer un único método de elección de candidatura, comienzan las denuncias de intentos de sobornos para lograr unos 30 votos de diputados, o ausencias, que faltarían para poder aprobar las primarias abiertas. El vicevocero del PRSC en la cámara, Pedro Botello, denunció ofrecimientos de personeros para conseguir votos.

La ofensiva incluyó la puesta en difusión de una vieja entrevista televisiva al expresidente Hipólito Mejía donde él defendía el padrón abierto, determinando que su vocero aclarara que eso fue el 7 de enero y que “luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”. Pese a ello la entrevista ganó primeras páginas en varios diarios.

Una fotografía de Mejía con el presidente Dahilo Medina el lunes, durante la inauguración de un centro de convenciones privado en Santiago, fue ampliamente difundida por órganos gubernamentales y sus voceros. Medina muy sonriente aparece de brazos cruzados, mientras Hipólito se le engancha con un brazo. La gráfica también de primera página en diarios generó intrigas y especulaciones.