La principal fuente de ganancias con las que cuenta el Estado dominicano proviene de los Ingresos Tributarios. Su mayor proporción de recaudo se concentra sobre los impuestos que gravan el consumo, es decir el ITBIS y los selectivos.

Nuestra reforma más reciente fue aprobada mediante la Ley  253-12 al cierre del año 2012, fecha para la cual los ingresos se estimaron en RD$346,788.6 millones al corte de ese ejercicio fiscal según revelan las estadísticas de la DIGEPRES, teniendo como resultado qué en ese año y el siguiente el presupuesto público fue deficitario. A pesar de que estos parches tributarios o paquetes de impuestos contribuyeron al aumento de los ingresos públicos, no logramos cubrir los gastos proyectados, porque no se atendieron algunas sugerencias que contribuirían en esa tarea tan difícil.

Es tema de conversación en los círculos de poder político y hasta sociales, que las reiteradas reformas tributarias implementadas en nuestro país no han tenido el  éxito deseado, dificultando lograr un nivel razonable en las recaudaciones fiscales que sea sostenido. Si siempre incurrimos en los mismos errores, no podremos alcanzar una mejoría en los ingresos tributarios considerando que estamos compelidos a observar dos caminos paralelos: la lucha contra la evasión y la elusión; y la reestructuración de los incentivos.

Hablar sobre impuestos resulta un tema odioso para mucha gente, sobretodo en la clase media que es donde se concentra la mayor carga. Nuestra realidad es que el país no puede continuar endeudándose indefinidamente, por lo que el futuro inmediato demanda un pacto fiscal que garantice la sostenibilidad financiera del Estado, simplificando el sistema tributario con una propuesta razonable y equitativa de incentivos, la visión desarrollista que demandan los nuevos tiempos y el rediseño de los impuestos.

La regresividad o progresividad del sistema no debe valorarse solo por el gasto público, la política social del Estado debe orientarse hacia mantener el sistema impositivo libre de distorsiones. Una apuesta  inteligente es promover la actividad económica, reduciendo la informalidad y transformando la cultura de los incentivos al sector privado que en su mayoría entiende necesariamente deben estar basados en el no pago de los impuestos.

El tercer trimestre del año próximo deberá producirse una discusión social amplia que de paso a una reforma tributaria de consenso, reduciendo las exenciones, créditos fiscales y reducciones impositivas que benefician los sectores de capital privado y rentistas poniendo al Estado en una posición de desventaja.

El próximo gobierno deberá esforzarse seriamente en la calidad del gasto, priorizando las inversiones, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización, penalizando la corrupción y haciendo de la auditoría ciudadana y la transparencia dos mecanismos indispensables de control. En la medida en que haya voluntad política el endeudamiento ira racionalizándose y las medidas impositivas desarrollistas reflejarán sus beneficios.