El más reciente «asalto» en esta pelea se produjo este jueves a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

La oposición denuncia un «golpe de Estado» contra el Parlamento y el oficialismo acusa a los legisladores de desconocer las decisiones del Poder Judicial.

La crisis política en Venezuela es cada vez más profunda.

Desde que en diciembre de 2015 la oposición recuperó por primera vez desde el año 2000 el control de la Asamblea Nacional (AN), en Venezuela se ha desarrollado lo que semeja una larga pelea de boxeo entre, por un lado, el Poder Legislativo y, por el otro, el Poder Judicial, que viene tomando decisiones que repetidamente tienden a favorecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El más reciente «asalto» en esta pelea se produjo este jueves a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que esta anunció que asumirá todas las competencias correspondientes a la AN, cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de «desacato» a sentencias anteriores del propio tribunal.

«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», se lee en la sentencia emitida el miércoles.

La misma ha producido no solo respuesta de la oposición, sino también una cadena de reacciones internacionales, llegando el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a anunciar que su país retira de forma indefinida a su embajador en Caracas.

Pero, ¿es posible que en un régimen democrático el Poder Judicial asuma de forma genérica e indefinida todas las funciones del Poder Legislativo? ¿Qué implicaciones puede tener esto para la separación de poderes consagrada por la Constitución de Venezuela?

«Extralimitación»

Gerardo Fernández, abogado venezolano y profesor de Derecho Constitucional, considera que con esta sentencia el TSJ se extralimitó en sus funciones.

«Esa decisión es una proclama política sin contenido jurídico que técnicamente no puede asimilarse a una sentencia porque usurpa, se extralimita y abusa del poder del TSJ. Es una decisión al margen de todo el orden constitucional, del Estado de Derecho y de la democracia», dijo Fernández en entrevista con BBC Mundo.

Aseguró que el fallo es una declaración «inequívoca» desde el punto de vista formal, jurídico y constitucional de que se ha despojado definitivamente a la AN de todas sus funciones.

Fernández equipara los efectos de la sentencia al llamado «Fujimorazo», cuando en 1992el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, decidió cerrar el Parlamento de su país.

«Esta decisión marca un hito en la medida en que despoja de todas sus funciones a la AN. Desde el punto de vista jurídico, esto equivale a una disolución del Parlamento, lo deja sin poderes, eso es lo que se pretende», señaló.

El abogado indicó que, según su opinión, en Venezuela «no existe separación de poderes desde hace tiempo» y que lo que ha habido es «una política sistemática por parte del TSJ de cercenar las competencias del Parlamento» para impedirle ejercer sus funciones políticas, legislativas, administrativas y contraloras.

«Esta decisión es solo la guinda. En Venezuela estamos viviendo en este momento un golpe de Estado, la ruptura del orden democrático», agregó.

«La AN se autoilegalizó»

Sin embargo, el abogado constitucionalista Jesús Silva no coincide con quienes afirman que el Parlamento venezolano fue despojado de sus funciones y responsabiliza por lo ocurrido al «desacato» en el que afirma ha incurrido la Asamblea Nacional.

«En Venezuela no se ha eliminado la AN. Existe un Poder Legislativo cuya directiva no ha respetado las sentencias del Poder Judicial y, como consecuencia de esa infracción jurídica, la AN se encuentra en situación de ilegalidad», dijo Silva en una entrevista con BBC Mundo.

Señala que ante una «omisión legislativa», el artículo 336 de la Constitución establece que la Sala Constitucional del TSJ puede intervenir para subsanar esa situación.

«El pronunciamiento reciente del TSJ ratifica lo que ya dice la Carta Magna. No se genera una nueva normativa, no se altera la letra de la Constitución, solo se ratifica lo que la propia Constitución establece para este caso», dijo.

Silva también niega que ahora se produzca una usurpación de funciones.

«El TSJ no se convierte en una Asamblea Legislativa. Sencillamente, ante un caso de omisión legislativa el TSJ cubre un vacío legislativo para que el Estado de Derecho pueda continuar su funcionamiento. No es algo que el TSJ ha inventado, sino una atribución de carácter excepcional que ya está prevista en la Constitución para mantener en funcionamiento la República», añadió.

«Fuera de la Constitución»

Juan Manuel Raffalli, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, considera que la sentencia del TSJ ha consumado en Venezuela una «alteración del orden constitucional».

«Esto es un golpe de Estado. No hay interpretación posible que se haga de la Constitución cuyo resultado sea que la AN pierda sus competencias y que las asuma otro poder público. Eso no puede ocurrir de ninguna manera y bajo ninguna excusa porque eso es alterar el funcionamiento del Estado y de los poderes públicos», dijo en entrevista con BBC Mundo.

Señaló que la decisión del TSJ deja de lado que la Constitución establece en su artículo 136 que cada rama del poder público es independiente y autónoma.

«Se ha vaciado de toda competencia a la AN y con ello se acaba con la representatividad democrática, con el voto popular gracias al cual fueron electos esos diputados; y con el carácter federal de la República porque es en el Poder Legislativo donde están los representantes de los estados. Es decir, nos quedamos sin Parlamento», indicó.

«La Constitución, cuya función es delimitar las competencias de los poderes públicos está siendo desconocida. Allí hay cinco poderes públicos y cada uno debe ejercer plenamente sus propias funciones y no hay manera de interpretar ninguna situación que derive en que un poder se adueñe de otro», agregó.

¿La salida?

Ante la crisis de poderes planteada, Gerardo Fernández cree que la Asamblea Nacional de Venezuela debe plantar cara y dar la pelea en el terreno político.

«En este momento más que nunca se justifica la aplicación de la Carta Democrática Interamericana», dijo en referencia al debate que se ha desarrollado en la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a la crisis en política en Venezuela.

Precisamente este jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó lo sucedido en Venezuela de «auto golpe» y solicitó una reunión urgente del organismo para tratar el tema.

Para Jesús Silva, en cambio, la solución al conflicto de poderes reside en que la Asamblea Nacional salga de la situación de «desacato» en la que se encuentra por no haber cumplido con los procedimientos dictados por el TSJ para desincorporar a tres diputados cuya elección fue impugnada.

«Advierto que no solo hay desacato en el caso de los falsos diputados de Amazonas. Son también todas las demás sentencias del TSJ referidas a la AN, el caso de pretendidas leyes que violan la Constitución, todas esas sentencias han sido sistemáticamente desobedecidas por el Legislativo», dijo Silva.

«La solución a este caso es que el Legislativo reconozca al Poder Judicial venezolano y a los demás poderes públicos para salir de la ilegalidad en la que se encuentra», agregó.

Juan Manuel Raffalli considera que el caso de los diputados impugnados es solo una excusa y destaca ellos se desincorporaron voluntariamente de la AN y no están acudiendo a la sesiones.

«Esa es la excusa jurídica. Cualquier cosa que hagas para salir del desacato te van a decir que está mal porque el desacato tiene que existir para justificar este tipo de tropelías», dijo.

«No podemos seguirle buscando explicaciones constitucionales a esto porque no las tiene», agregó.

Por lo pronto, la oposición venezolana parece ir rumbo a dar la pelea en el terreno político.

Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, anunció que convocarán a manifestaciones para el sábado y para la próxima semana.

Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado oficialista Diosdado Cabello, llamó a los seguidores del gobierno a la movilización popular para frenar las «pretensiones de la derecha» venezolana.

El próximo «asalto» del conflicto de poderes en Venezuela podría decidirse en la calle.

Fuente: BBC Mundo