Santo Domingo (D.N.), Republica Dominicana.- Organizaciones ecologistas y sociales exigen declarar la República Dominicana en “Estado de Emergencia Ambiental” al considerar la grave crisis que atraviesan los recursos naturales en diferentes regiones y zonas geográficas del país.
La demanda está contenida en un manifiesto dado a conocer por el movimiento ecologista y social del país y en el mismo se plantea que la eliminación de los bosques, la extracción masiva de agregados, los desechos peligrosos, la eliminación de manglares y la destrucción de arrecifes de corales constituyen solo una parte de las violaciones a la ley.
Se agrega que la destrucción de la vegetación especializada en las altas montañas ha provocado disminución de la capacidad de captación, almacenamiento y regulación de agua y el consecuente aumento de la vulnerabilidad a las sequías y a las inundaciones, que convierten las oscilaciones normales del clima en verdaderas catástrofes sociales y ambientales.
“Pero lo más grave es que delitos ambientales como la siembra masiva en áreas protegidas, la destrucción de patrimonio cultural y el incumplimiento ambiental por parte de Barrick Gold, la violación de las normas de construcción y de uso de los espacios costeros, el desarrollo de proyectos sin permisos ambientales, el otorgamiento de licencias y permisos sin cumplir con los requisitos y trámites establecidos son ignorados, tolerados y, en muchos casos, protegidos, estimulados o promovidos por el propio Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Ángel Estévez”, dicen las organizaciones.
A continuación el texto completo del manifiesto:
Destitución del Ministro de Medio Ambiente y Declaración de Emergencia Ambiental
En la República Dominicana se han verificado indicadores que evidencian un estado de emergencia ambiental que exige la definición de políticas y la toma de medidas urgentes y extraordinarias.
La destrucción de la vegetación especializada en las altas montañas ha provocado disminución de la capacidad de captación, almacenamiento y regulación de agua y el consecuente aumento de la vulnerabilidad a las sequías y a las inundaciones, que convierten las oscilaciones normales del clima en verdaderas catástrofes sociales y ambientales.
La amenaza de proyectos mineros en la alta montaña, fundamentalmente en las regiones suroeste y noroeste que padecen de insuficiencia de agua para su desarrollo, ratifican la falta de visión ambiental estratégica para construir sostenibilidad, disminuir la vulnerabilidad y superar fragilidades.
La eliminación de los bosques ribereños, la extracción masiva de agregados, el manejo irresponsable de desechos peligrosos, las acciones mafiosas en torno a los vertederos, la eliminación de manglares y la destrucción de arrecifes de corales, la violación de los planes de manejo de bosques y plantaciones constituyen solo una parte de las infinitas violaciones que no han generado respuestas de parte del Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades del país.
La República Dominicana no podrá cumplir con el Compromiso-País de reducir en un 25% las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030, a causa de la eventual entrada en operaciones de las plantas de carbón de Punta Catalina, que arrojarán a la atmósfera 6.34 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente, que sin dudas aumentarán la huella de carbono del país en más de un 20%, por tan sólo esta única fuente. Además de la grave contaminación que producirá Punta Catalina en la Provincia Peravia, sus emisiones de C02 contribuirán a incrementar el calentamiento global, cuyos fenómenos extremos han comenzado a afectar de manera muy especial a nuestra isla y al resto de la región del Caribe.
Pero lo más grave es que delitos ambientales como la siembra masiva en áreas protegidas, la destrucción de patrimonio cultural y el incumplimiento ambiental por parte de Barrick Gold, la violación de las normas de construcción y de uso de los espacios costeros, el desarrollo de proyectos sin permisos ambientales, el otorgamiento de licencias y permisos sin cumplir con los requisitos y trámites establecidos son ignorados, tolerados y, en muchos casos, protegidos, estimulados o promovidos por el propio Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Ángel Estévez.
Este funcionario considera que las áreas protegidas deben ser dedicadas a lucrativos cultivos de exportación y en consecuencia promueve desde el Ministerio de Medio Ambiente la ampliación de la frontera agrícola, en detrimento de los parques nacionales y las demás áreas protegidas, en abierta e irresoluta contradicción con la misión de este ministerio.
Ejemplos concretos de tales violaciones lo constituyen la actitud irresponsable del ministro al permitir la producción agrícola en los Parques Nacionales Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco, así como la autorización de construcción de una terminal de autobuses en el Parque Mirador del Este, próximo al Parque Nacional Los Tres Ojos. Incluso, el referido ministro se resiste a cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le ordenó retirar toda actividad productiva del Parque Nacional de Valle Nuevo.
Ante la gravedad de la situación, los diputados Fidelio Despradel y Ginnette Bournigal, juntos a representantes de importantes organizaciones ecologistas y sociales del país, demandan la destitución inmediata del actual Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Del mismo modo, plantean declarar la República Dominicana en Estado de Emergencia Ambiental, como pasos iniciales que permitan desarrollar políticas y acciones integrales urgentes, tendentes a superar esta grave situación, para garantizar el cumplimiento irrestricto de toda la normativa ambiental.
Fuente: http://nuestrotiempo.com.do