Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Demóstenes Martínez (Santiago) y Henry Merán (San Juan) depositaron recientemente seis proyectos de ley, que son de alto interés nacional.
Las iniciativas son: Ley de Cheques de la República Dominicana; proyecto de ley que facilita, incentiva y protege a los denunciantes de actos de corrupción; proyecto de ley de educación cívica integral; proyecto de ley mediante el cual se sustituye y deroga la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo; proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios; y proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.
La Ley de Cheques de la República Dominicana tiene por objeto establecer las normas legales para el fortalecimiento y organización del uso del cheque como instrumento de pago en la República Dominicana, y revestirlo de credibilidad, con sanciones más efectivas a su mal uso.
El cheque es una orden escrita y girada por el librador contra una entidad de intermediación financiera, llamada librado, para que lo pague a su presentación, de los fondos disponibles que mantenga el librador en una cuenta en la entidad librada.
El proyecto de ley que facilita, incentiva y protege a los denunciantes de actos de corrupción tiene como finalidad establecer normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados para sancionar administrativa o penalmente a cualquier persona que incurra en el ilícito penal y proteger e incentivar a los que de buena fe denuncie o testifique sobre los mismos.
El proyecto de ley de educación cívica integral dispone la adición de la asignatura denominada “Educación Cívica Integral” al programa académico de los Niveles de Educación Básica y Media de todas las escuelas públicas y privadas que conforman el sistema educativo nacional.
Esta asignatura será impartida de manera obligatoria en cada uno de los ciclos que conforman los señalados niveles educativos, contando con un diseño curricular propio y con un repertorio de contenidos básicos que está indicado en esta ley.
El proyecto de ley mediante el cual se sustituye y deroga la Ley 19-01, del primero de febrero de 2001, que crea el Defensor del Pueblo, establece que el objetivo esencial del Defensor del Pueblo es salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, establecidos en la Constitución de la República y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicio públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos.
En tanto que el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios tiene como objeto dictar las normas para regular las relaciones jurídicas, originadas en el alquiler y subalquiler de bienes inmuebles, ya sean alquilados o subalquilados totalmente o por partes.
El proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias consigna el otorgamiento de la fuerza pública para asegurar la legalidad y ética de las actuaciones de los alguaciles y agentes que lo asistieren, cumpliendo así con decisiones vinculantes ya asumidas por el Tribunal Constitucional.
Fuente: Periódico El Caribe