El objetivo es acelerar la campaña de vacunación y las pruebas de diagnóstico, y ofrecer las condiciones para la reapertura de escuelas y comercios. Además, entre las medidas aprobadas este mismo jueves, está la exigencia de máscaras protectoras para quienes viajen en trenes, aviones y autobuses, así como la imposición de cuarentenas a los viajeros que lleguen a Estados Unidos desde el extranjero.

El presidente, en la presentación de su plan contra el coronavirus, ha dicho que la cifra de estadounidenses muertos por covid probablemente alcanzará el medio millón el mes próximo, y que su Administración tardará meses en “dar la vuelta a las cosas”. “No nos metimos en este lío de un día para otro”, ha recordado. “Saldremos de esta, derrotaremos a esta pandemia”, ha añadido.

El comienzo del plan se plasmó en una docena de órdenes ejecutivas con las que Biden estira sus poderes presidenciales para limitar solo a lo imprescindible un paso por el Congreso que entorpecería la salida de una crisis que, para la nueva Administración, es la más urgente y prioritaria. Los decretos incluyen también medidas para abordar las desigualdades que hacen que algunas comunidades minoritarias, como los afroamericanos y los hispanos, estén siendo golpeados por la pandemia con una fuerza desproporcionada. El presidente ha ordenado la creación de un grupo de trabajo dedicado a asegurar que las minorías y las comunidades más necesitadas no se queden atrás.

Durante la transición de poder, algunos miembros del equipo de Biden expresaron su asombro y preocupación por lo que consideraron la ausencia de un verdadero plan de vacunación de la Administración Trump, que además no compartió con ellos información clave sobre suministro y distribución. Aseguran que no tienen un conocimiento completo de lo que se ha hecho hasta ahora y que se les amontonan las quejas de los Estados sobre la falta de vacunas disponibles para continuar con la campaña de inmunización. “Lo que heredamos es mucho peor de lo que podríamos haber imaginado”, dijo el nuevo coordinador de la respuesta a la covid, Jeff Zients, en una llamada con periodistas.

El presidente se dispone a impulsar en el Congreso, donde ahora cuenta con exiguas mayorías, un enorme paquete de ayudas públicas por valor de 1,9 billones de dólares para mitigar el impacto de la pandemia. Pero la experiencia demuestra que la tramitación del paquete puede tardar en aprobarse, y la Administración quiere moverse rápido. Por eso, la estrategia de Biden contra la pandemia incluye aprovechar todos los poderes del Ejecutivo federal ante una crisis que tiene múltiples ramificaciones.

El plan de 200 páginas no supone que el Estado federal asuma por completo la batalla contra la pandemia, pero representa una clara ruptura con la estrategia descentralizadora de la anterior Administración. Es el tipo de respuesta, coordenada, flexible y de gran alcance, que los demócratas llevan meses demandando y que el presidente Trump descartó, optando en cambio por dar la máxima autonomía y liderazgo a los Estados.

Abundan en el plan meras promesas, cuyo éxito o fracaso dependerá de su desarrollo y su ejecución. Pero también hay medidas concretas e inmediatas. Algunos objetivos requerirán que el Congreso apruebe más financiación, pero no todos. El plan es el producto de largas conversaciones con expertos médicos y científicos, así como con autoridades estatales y sociales. Se trata, en palabras de Zients, de “la culminación de meses de esfuerzos para crear una estrategia amplia que cambiará fundamentalmente el curso de la pandemia”.

Los expertos de Biden aseguraron haber identificado “12 faltas de suministro inmediato”, que los decretos del jueves están destinados a corregir. Estos déficits descubiertos incluyen el de máscaras N95 y otros equipamientos protectores, así como el de material médico necesario para la realización de pruebas diagnósticas. El presidente Biden, aseguró Zients, sigue “absolutamente convencido” de la necesidad de invocar la Ley de Producción de Defensa, que data de la guerra de Corea y permite forzar a las empresas privadas a colaborar en la producción de suministros críticos.

La de ayer supone la segunda ronda de un aluvión de órdenes ejecutivas que Biden tiene previsto firmar en sus primeros días de presidencia. Las que firmó el miércoles, un total de 17, estaban destinadas a revertir controvertidas políticas estrella de Trump. Así, dio órdenes para volver a adherirse al Acuerdo de París sobre el clima y para mantener el programa DACA, que ofrece protección a los inmigrantes que llegaron al país siendo menores. Pero también aprobó medidas relativas a la pandemia, como el nombramiento de Zients, la exigencia de máscaras en dependencias federales y el restablecimiento de los lazos con la Organización Mundial de la Salud rotos por Trump.

Zients insistió en que el objetivo de alcanzar los 100 millones de dosis de vacuna administradas en los 100 primeros días de la presidencia es “ambicioso y alcanzable”. El presidente ha ordenado a la Agencia de Gestión Federal de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que empiece a montar centros de vacunación, con la meta de tener una red de cien de ellos funcionando en un mes. Ha encargado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que pongan en marcha un programa para que las vacunas estén disponibles a través de farmacias locales. También ha prometido a los Estados que FEMA les reembolsará los gastos que les suponga el despliegue de sus efectivos de la Guardia Nacional para ayudar en la campaña. Los mismos fondos de los que el FEMA dispone para emergencias podrán ser destinados a apoyar a los Estados en la reapertura de las escuelas.

Fuente: El Pais