La financiación de esos planes, que caducaba el 30 de junio, ha sido una de las principales medidas aplicadas por el gobierno de Pedro Sánchez para apuntalar la economía, duramente golpeada por la crisis sanitaria.

El gobierno exigió a las empresas no suprimir empleos durante seis meses a partir de la implementación del plan de desempleo temporario.

En total, entre mediados de marzo y fines de mayo, unas 3,7 millones de personas se habían beneficiado de esos planes, según el Ministerio del Trabajo.

La tasa de desempleo que alcanzó el 14,4% a fines de marzo, podría escalar al 19% a fines de año, según las proyecciones del gobierno, mientras que el Banco de España prevé entre 18,1% y 23,6%.

«Renovamos una herramienta que ha conseguido derechos adicionales para la clase trabajadora y que se ha demostrado eficaz para evitar la destrucción de puestos de trabajo», se congratuló en Twitter Unai Sordo, dirigente de Comisiones Obreras, uno de los principales sindicatos.

Las negociaciones para prorrogar esta medida fueron duras, toda vez que los empresarios querían que se extendieran hasta diciembre, mientras que el gobierno trata de amortiguar su impacto sobre las finanzas públicas, que prometen verse devastadas por la crisis.

«Seguimos trabajando para que en el mes de septiembre podamos abordar cómo se afrontará el último trimestre del año», señalaron las patronales CEOE y Cepymes en un comunicado.

Madrid prevé que la deuda pública alcance el 115,5% del PIB a fines de 2020, contra 95,5% a fines de 2019.

El déficit presupuestario debería aumentar a 10,3% del PIB a fin de año, contra 2,8% en 2019.

Fuente: AFP