Los investigadores del organismo internacional detectaron casos de mujeres que se casaron con funcionarios por un corto periodo de tiempo para cumplir con «servicios sexuales» a fin de poder recibir alimentos, mientras que algunos distribuidores pedían números de teléfono a mujeres y niñas y las llevaban a casa para obtener «algo a cambio». Una adolescente de la provincia de Idlib aseguró que «cuento más daba una chica al encargado de la distribución, más ayuda recibía». Un infierno que se convirtió en una gran barrera para muchas mujeres que decidieron dejar de acudir a los centros de distribución para evitar el acoso.

Estos casos se producían en poblaciones de difícil acceso por la delicada situación de seguridad a los que la ayuda llegaba a través de personal local contratado por las agencias de la ONU u otras organizaciones humanitarias. Si la guerra no era ya suficiente preocupación, las mujeres se enfrentaban además a este sistema de abusos sistemáticos que afectaba a las más desesperadas.

Avisos desde 2015

Este informe de la UNFPA se publica tres años después de que el Comité Internacional de Rescate (ICR) publicara otro en el que se recogía una encuesta entre 190 mujeres y niñas de las provincias de Dara y Quneitra, al sur del país. Un 40 por ciento de las entrevistadas por esta organización británica denunciaron haberse enfrentado a casos de agresiones sexuales relacionadas con la entrega de ayuda humanitaria.

Pero incluso antes que ICR, la asesora en temas humanitarios, Danielle Spencer, vinculada durante varios años a la organización Care, ya denunció este tipo de abusos después de realizar un trabajo de campo con mujeres sirias refugiadas en campos de Jordania. Spencer declaró a la BBC que se trataba de «una situación tan endémica que no podían ir a recibir ayuda sin ser estigmatizadas». Se asumía que si ibas a los centros de distribución es que habías hecho algún tipo de acto sexual a cambio de la ayuda. En opinión de esta experta «mujeres y niñas necesitan ser protegidas cuando están tratando de recibir alimentos, jabón y artículos básicos para vivir. Lo último que quieres es a un hombre, en el que supones que confías para recibir ayuda, que te pida tener relaciones sexuales con él».

Como recogió la cadena británica, las conclusiones del ICR y de Spencer se pusieron sobre a la mesa en una reunión celebrada en Amman el 15 de julio de 2015, que estuvo organizada por agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias. Entre todos los presentes decidieron poner en marcha mecanismos para combatir los abusos sexuales y proteger a las mujeres, pero estos parecen que no funcionaron como se esperaba y siguió la explotación. Esto llevó a Spencer a denunciar que «en algún lugar se tomó la decisión de que está bien que los cuerpos de las mujeres continúen siendo utilizados, abusados y violados para que la ayuda se entregue a un grupo más grande de personas».

«Tolerancia cero»

Desde Naciones Unidas aclararon que, una vez conocidas las denuncias hace tres años, «se llevó a cabo una revisión de contratistas locales en el sur de Siria y no tuvimos conocimiento de ninguna acusación contra nosotros». El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Andrej Mahecic, aseguró que estas acusaciones contra la ONU «no tienen fundamento» e insistió en que el organismo internacional «toma medidas para prevenir abusos de este tipo». Para Mahecic «la explotación de alguien necesitado de ayuda es inhumano y despreciable».

Fuente: ABC.es