La venganza de Donald Trump está en marcha. El Departamento de Justicia ha anunciado este lunes el despido de fiscales y empleados que colaboraron en las dos investigaciones judiciales contra el actual presidente solo una semana después de su regreso a la Casa Blanca. Trump ya había dicho que despediría al fiscal especial Jack Smith nada más tomar posesión, pero este se le adelantó al presentar su dimisión. Ahora, la purga se extiende a otros miembros del Departamento de Justicia con el argumento de pérdida de confianza.
“Hoy, el fiscal general en funciones, James McHenry, despidió a una serie de funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel significativo en el procesamiento del presidente Trump”, dijo un funcionario del DOJ en un comunicado. “A la luz de sus acciones, el fiscal general en funciones no confía en que estos funcionarios ayuden a implementar fielmente la agenda del presidente. Esta acción es consistente con la misión de poner fin a la instrumentalización del Gobierno”, añadió.
El Departamento de Justicia logró la imputación de Donald Trump por el caso de los papeles de Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida) en la que retuvo documentos confidenciales, y por el intento del presidente de subvertir la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.
Jack Smith, el fiscal especial que dirigió ambas investigaciones, presentó su dimisión el 11 de enero. Smith abandonó ambos casos contra Trump después de que este ganara las elecciones del 5 de noviembre, citando la política del Departamento de Justicia en contra el procesamiento de un presidente. Ninguno de estos casos llegó a juicio, pero el fiscal sostuvo en un duro informe que “las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y sostener una condena en el juicio” por el caso electoral. Su informe sobre el asunto de los secretos oficiales no llegó a ver la luz por decisión judicial.
Una de las cartas de despido, a la que ha tenido acceso la CNN, deja claro el motivo de la destitución. “Usted desempeñó un papel importante en el procesamiento del presidente Trump. El buen funcionamiento del Gobierno depende críticamente de la confianza que los funcionarios superiores depositan en sus subordinados. Dado su papel significativo en el procesamiento del presidente, no creo que el liderazgo del departamento pueda confiar en usted para ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente”, indica la misiva, firmada por el fiscal general en funciones.
Pam Bondi, la elegida por Trump para ser fiscal general, está pendiente de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado para tomar posesión, pero el titular interino del cargo ha empezado ya el trabajo sucio. Bondi, al igual que Trump, se mostró partidaria de investigar a los investigadores.
El presidente, de hecho, firmó en su primer día en el cargo una orden ejecutiva en ese sentido. En ella se pedía revisar las actividades del mandato de Joe Biden de todos los departamentos y agencias federales encargados de hacer cumplir la ley, tanto desde el punto de vista civil como penal, citando expresamente al Departamento de Justicia, la Comisión de Valores y Bolsa y la Comisión Federal de Comercio. Se alegaba que muchas de sus acciones habían sido una persecución de los rivales políticos.
El Departamento de Justicia ha creado ya un grupo para investigar a los fiscales que acusaron a algunos de los participantes en el asalto al Capitolio de obstrucción de un procedimiento oficial. El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, determinó que ese tipo legal no era aplicable a ese supuesto, lo que llevó a anular condenas e imputaciones. Ahora, los nuevos responsables del departamento quieren exigir responsabilidades a quienes impulsaron esas acusaciones. El propio Trump era uno de los imputados por ese delito.
La purga de fiscales y empleados del Departamento de Justicia sigue a otras emprendidas por Trump en su primera semana en el cargo. Desmanteló los departamentos de diversidad, igualdad e inclusión de la Administración federal y suspendió de empleo a sus miembros. Luego, saltándose el procedimiento previsto para ello, destituyó a los inspectores generales ―encargados de supervisar al Gobierno para que se cumpla la legalidad― de una docena de departamentos de la Administración.
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