DACA (acción diferida para llegadas de menores, en inglés) lo puso en marcha el presidente Barack Obama en 2012 ante la imposibilidad de aprobar una ley que diera estatus legal a los llamados dreamers, inmigrantes indocumentados traídos por sus padres a EE UU cuando eran menores de 16 años y que en su mayoría no conocen otro país más que este.
El 5 de septiembre de 2015, después de meses de mensajes equívocos sobre su opinión al respecto, Trump anunció que ponía fin unilateralmente al programa. Hasta ese momento, se habían acogido al mismo unas 780.000 personas. Aunque su estatus seguía siendo de indocumentados, DACA les otorgaba protección contra la deportación y un permiso de trabajo. La decisión dejó a estos beneficiarios en un peligroso limbo. Perdían toda la protección y, además, habían entregado todos sus datos al Gobierno federal.
Trump dio seis mese de plazo al Congreso para encontrar una solución permanente para estas personas por vía legislativa. Sin embargo, en este tiempo ha rechazado varios planes de reforma migratoria que tenían consenso bipartito. Trump ha estado utilizando la espada de Damocles sobre estos jóvenes, que tienen un enorme apoyo popular, como arma de negociación para conseguir financiación para el muro fronterizo. Mientras, la decisión ha sido peleada en los tribunales por particulares y organizaciones.
El pasado enero, un juez de San Francisco obligó a mantener las protecciones del programa DACA mientras no hubiera una decisión definitiva sobre el mismo. Al mes siguiente, un juez de Brooklyn dictó una resolución similar. El plazo dado por Trump concluyó en marzo, pero no ha tenido efecto en los beneficiarios gracias a estas sentencias.
En la argumentación publicada este martes, el juez Bates concluye que “la rescisión de DACA fue arbitraria y caprichosa porque el Departamento (de Seguridad Nacional) no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal”. La justificación pública para rescindir el programa fue que era ilegal, es decir, una consideración sobre la ley. El juez dice que esa opinión no está argumentada en la decisión y, por tanto, no puede servir de sustento a la decisión.
El juez da 90 días al Gobierno de Donald Trump para explicar por qué considera que DACA (una orden ejecutiva de Obama) es ilegal. En ese caso, podría revertir su decisión. Bates es un juez federal nombrado por el presidente George W. Bush. Los otros dos habían sido nombrados por presidentes demócratas.
Fuente: El País
