Una institución encargada de hacer valer la norma suprema y las leyes, que se define a sí misma como paladina de la justicia, no sabe hacer valer la Constitución y la justicia laboral dentro de sus propias paredes.

Santo Domingo (D.N.), República Dominicana.- La explotación laboral de los fiscalizadores del Ministerio Público es uno de los temas más ignorados del ámbito de la justicia. A ningún procurador general del pasado le ha importado, y a las pocas personas que parece importarle no se atreven a hablar. Pero los abusos que sufren estos servidores constituyen uno de los enormes elefantes blancos de la Procuraduría General de la República. Todos lo ven, pero eligen ignorarlo.

Para poner en contexto, en el Ministerio Público la responsabilidad de ejercer la acción penal recae sobre 4 clases de servidores públicos: (1) el Fiscalizador, (2) el Procurador Fiscal, (3) el Procurador General de Corte de Apelación, y (4) el Procurador General de la República con sus adjuntos.

Todos ellos son, por decirlo de alguna manera, “tipos de fiscales” a los que la ley les ha otorgado distintas facultades y responsabilidades de acuerdo al rango del tribunal ante el cual postula, como una especie de espejo jerárquico del Poder Judicial; y, por supuesto, sobre esa base se les ha asignado un salario distinto.

El Fiscalizador es el rango más básico entre los fiscales, ejerce sus atribuciones conforme a la ley ante los tribunales de menor jerarquía: los juzgados de paz, y es el que percibe el menor salario de todos.

Según informaciones de un documento oficial del Ministerio Público denominado «Propuesta de Bases Concurso Interno para Ascensos de Fiscalizadores», en febrero 2023 había 437 fiscalizadores de carrera. Conforme expresa un anterior documento oficial denominado «Propuesta de Matrícula del Ministerio Público», en noviembre 2021 había una cantidad de 491.

Si asumimos que esos números son fieles a la verdad, y deberían serlo, pues provienen de la Dirección de la Carrera del Ministerio Público, en solo 15 meses se sufrió una reducción de 54 fiscalizadores. Esto es lo mismo que decir que la institución ha perdido un promedio de 3 fiscalizadores por mes.

Pero ¿a qué se debe una reducción tan dramática entre los Fiscalizadores del Ministerio Público? La respuesta podría ser simple: Explotación laboral.

Para sentar las bases de lo que debe hacer un fiscalizador y donde inicia su explotación hay que destacar que según el Poder Judicial en el país solo existen 190 Juzgados de Paz. Esto, si se respeta la ley, automáticamente define la necesidad institucional del Ministerio Público en una cantidad de fiscalizadores igual, o quizás ligeramente superior al número de tribunales de su jerarquía.

Pero, si los 190 juzgados de paz del Poder Judicial ya están cubiertos por representantes del órgano persecutor ¿qué están haciendo los 247 fiscalizadores restantes?

Esos cientos de fiscalizadores que por ley solo deben postular ante juzgados de paz e involucrarse en los asuntos de la competencia de su mismo nivel, actualmente están realizando funciones de rangos superiores. Muchos en roles de Procurador Fiscal en las fiscalías, otros de Procurador General de Corte de Apelación en las procuradurías especializadas. Sin embargo, no reciben ningún tipo de compensación salarial por asumir responsabilidades ajenas y superiores a su rango.

Una perversa interpretación leonina de la Ley 133-11 que define al fiscalizador como un servidor que ejerce en la demarcación territorial de una fiscalía, ha sido la excusa institucional para ignorar el precepto del artículo 62, numeral 9 de la Constitución que garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, y también ha sido el pretexto para no ascender ni compensar justamente a los fiscalizadores que ya hacen el trabajo de rangos superiores.

Pero este tipo de explotación no es nueva, decenas de abogados que sin pertenecer al sistema de carrera fueron contratados para realizar las funciones de Fiscalizador, terminaron haciendo funciones de Procurador Fiscal. Literalmente fueron utilizados como mano de obra barata durante aproximadamente una década, pagándoles más o menos la cuarta parte del salario actual de un Procurador Fiscal, por asumir las mismas responsabilidades y ninguno de sus beneficios.

Al final, esos abogados fueron desechados como basura. Relegados a cumplir funciones administrativas bajo el mando de los que alguna vez fueron sus subalternos, sin ningún tipo de reconocimiento por sus años de honorable servicio y, sufriendo la degradación laboral de identificarse bajo juramento como personal administrativo cada vez que asisten como testigos a los juicios de aquellos casos que instrumentaron mientras eran magistrados.

Si bien estos abogados contratados no son los Fiscalizadores de carrera de los que trata este artículo, resulta pertinente mencionarlos porque muestra que la explotación es un patrón de conducta recurrente en la institución. Y la degradación laboral de estos servidores representó una pieza importante de lo que probablemente es una estrategia para la explotación del resto del personal, a quienes acorralan al punto de forzarles a considerar la renuncia. Y todo eso, constituye actos de crueldad que disfrazan bajo arbitrarios criterios de determinación de la carga laboral y el eufemismo de “reducción del pasivo laboral”.

Pero a partir de ese momento en que “se redujo el pasivo laboral”, la carga de los Fiscalizadores de carrera que sin un salario justo asumen el deber de Procuradores Fiscales, se incrementó. La reducción de fiscalizadores expuesta anteriormente muestra que la posible intención de forzarles a renunciar, está rindiendo frutos.

Eso, sumado a un arcaico sistema de atención diseñado a inicios de siglo, obliga a los que se quedan en la institución a cumplir horarios que exceden las jornadas laborables, incluyendo fines de semana y feriados sin que exista ni siquiera un sistema de compensación por el pago de horas extras.

Pero lo peor es que, si bien el Fiscalizador sufre todas las cargas, riesgos y responsabilidades del Procurador Fiscal, la institución se niega a reconocerle los mismos beneficios. Además, deben soportar el desprecio de muchos compañeros Procuradores Fiscales que los ven como esclavos para realizar su trabajo, pero no como entes con la dignidad suficiente para asumir los puestos de coordinación.

Todo se vuelve más desesperanzador, cuando ves que los responsables de buscar soluciones utilizan posturas tan cínicas que parecen manipulaciones políticas, viendo a los fiscales como tainos a los que pueden embobar con espejitos, negándose a reconocer derechos consagrados en la ley para los miembros de la carrera, determinando arbitrariamente el número de fiscalizadores que supuestamente es lo que “requiere” la institución, y normalizando la explotación laboral de los que no caben en los juzgados de paz que les corresponde.

Pero la parte más oscura es ver cómo una institución encargada de hacer valer la norma suprema y las leyes, que se define a sí misma como paladina de la justicia, no sabe hacer valer la Constitución y la justicia laboral dentro de sus propias paredes.

Fuente: acento.com.do