El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana pasó balance de los hechos que impactaron de una u otra manera a la República Dominicana durante el presente año.

A continuación  la percepción de esta organización y los casos que destaca del 2017:

El 2017 puede ser calificado como uno de los más representativos en los anales de los escándalos de corrupción y la impunidad, pero también pasará a la historia por el despertar de la ciudadanía, con renacimiento de la esperanza en que es posible edificar una sociedad mejor.

En el ámbito institucional y político las debilidades no se superan y las fortalezas no se consolidan. El año parece haberse perdido en el intento del grupo gobernante por imponer una ley de partidos a la medida de sus intereses.

La justicia siguió siendo incapaz de renovarse a sí misma. Mientras los ayuntamientos seguían relegados cada vez con menos recursos cuando apenas se le asigna el 2.8 por ciento de los ingresos nacionales, aunque la ley indica el 10.

El año termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, la continuación del incremento de la deuda pública, y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía.

El destape de la corrupción

A un año del sunami provocado por los sobornos y sobrevaluaciones de la empresa brasileña Odebrecht el sometimiento formal a la Justicia de los que fueron imputados por la Procuraduría aún está pendiente. Todos están libres, la empresa sigue trabajando para el Estado Dominicano, y está exigiendo 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas eléctricas, pese a que no ha cumplido las cláusulas más importantes del convenio de delación firmado, que la obliga a entregar todos los detalles de sus operaciones ilegales en el país, pero tampoco la Procuraduría se lo ha exigido.

El Año del movimiento Marcha Verde

El escándalo Odebrecht removió la conciencia de decenas de miles de dominicanos, produciendo el surgimiento de un movimiento con características y proporciones nunca visto en la República Dominicana. El domingo 22 de enero del 2017 se escribió un nuevo capítulo en la historia de las luchas sociales, cuando decenas de miles de personas, salieron a las calles para mostrar su rechazo a la corrupción y la impunidad imperantes, iniciando una cadena de movilizaciones que se mantuvo todo el año.

Un rosario de escándalos

El año inició con el revuelo provocado por la venta en 72 millones de pesos del barrio Los Tres Brazos con sus 14 mil familias; luego, los sucios negocios del CEA, fueron saldados con la muertede tres personas en San Pedro de Macorís; el caso del ingeniero Diandino Peña, ex director de la OPRET, con contratos por más de RD$4,600 millones repartidos entre allegados y familiares; el Malecón de Nagua, una obra licitada por la OISOE en 2010 por RD$499 millones de pesos y llevada mediante adendas a RD$1,600 millones a favor el ingeniero Ozoria, uno de los protegidos del senador oficialista Félix Bautista; la mafia criminal de la OMSA que cobró la vida del abogado Yunior Ramírez; el escándalo de los equipos de la Junta Central Electoral.

El año terminó con el ruidoso fraude millonario en los precios de paridad de importación del gas licuado mediante el cual el entonces ministro de industria y comercio, José Castillo Saviñón, facilitara desde el año 2013 ganancias superiores a los RD$10,000 millones de pesos en cinco años, a favor de varios importadores de gas licuado de petróleo.

Retrasos institucionales y políticos

El poder Ejecutivo se queda con los fondos que las leyes atribuyen a los ayuntamientos, en más de dos tercios; al Poder Judicial en la mitad; a los municipios de explotación minera, en 90 por ciento; y en gran proporción los correspondientes a la capitalización del Banco Central. Mientras el Presidente recorre el país en “visitas sorpresas”, repartiendo lo que se le niega a esas instituciones.

El Congreso Nacional se ve relegado de su función legislativa respecto a la aprobación de la ley de partidos políticos;pese a la prohibición de la reelección presidencial del actual Presidente de la República, funcionarios, dirigentes y legisladores del PLD, la promueven abiertamente.

Poca confianza en la democracia e instituciones

La última entrega del Latinobarómetro, evidencia que el apoyo a la democracia en República Dominicana ha disminuido de un 65% en 2004 a un 54% en 2017; el Barómetro de Las Américas, correspondiente a 2016, encontramos que tiene confianza en las elecciones solo el 34.8% de la población y en los partidos políticos apenas llega al 26.7%. Según el Latinobarómetroel nivel de confianza en el Congreso es de apenas un 23% y el de la Justicia es de tan solo un 22%.

La encuesta Gallup-Hoy, en su primera entrega el lunes 30 de octubre, mostró una disminución de la valoración de que gozaba la gestión del Presidente Medina, que en febrero de 2014 alcanzaba un 87%, se había reducido a octubre de 2017 al 51.4%.

El partidismo y el sindicalismo en crisis

Las encuestas han mostrado que por primera vez menos de la mitad de la población expresa su afiliación o simpatía por los partidos políticos.El Partido Reformista Social Cristiano prosiguió la lucha de facciones por su control. El Partido Revolucionario Dominicano sufre una reducción tan fuerte que 14 de los 26 diputados que obtuvo en el 2016 se han declarado independientes; el PLD atraviesa por una crisispor el enfrentamiento por la candidatura presidencial para el 2020; el Partido Revolucionario Moderno, no ha dejado de confrontar tensiones.

Desaceleración del crecimiento económico con mayor endeudamientoLa deuda consolidada, que ya sobrepasa el 54% del PIB, considerando la intergubernamental, presiona las finanzas públicas porque el pago de intereses se acerca al 25% de los ingresos tributarios, siendo el segundo renglón de gastos luego de educación y por encima de salud. El servicio de la deuda superará el 39% de los ingresos tributarios en 2017.

En ese contexto destaca la informalidad laboral que ya alcanza el 58.9 por ciento, lo que indica que casi seis de cada diez dominicanos se encuentran ocupando empleos informales, un factor que dificulta la posibilidad de los trabajadores poder cotizar a la seguridad social para un retiro digno al final de sus vidas productivas.