El presidente Medina reconoce que no tiene los votos para imponer las primarias abiertas y plantea volver a la Comisión Bicameral de la que sacaron el proyecto hace dos meses, sin acabar de ceder ante un amplio consenso político-social que las rechaza
Por Juan Bolívar Díaz
Aunque plantea un diálogo sobre el proyecto de Ley de Partidos, el presidente Danilo Medina se lanza otra maroma en su afán por imponer a toda la sociedad política y civil el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, con el efecto inmediato de evadir su empantanamiento en la Cámara de Diputados y ganar tiempo.
Devolver el proyecto de ley a una Comisión Bilateral que ya lo discutió durante un año y lo consensuó, excepto, en las primarias abiertas, y que los danilistas disolvieron, carece de sentido práctico, pues el diferendo de un solo artículo se puede dirimir por igual entre los mismos diputados a quienes se los remitió el Senado,
Una generosa acogida
Sólo por el cansancio sobre la interminable discusión en torno al proyecto de Ley de Partidos, con 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, y ahora con diferendo sobre las primarias abiertas para elegir candidatos, se puede explicar la acogida que ha tenido la carta del presidente Danilo Medina dirigida a los presidentes de las cámaras legislativas pidiendo que integren una Comisión Bicameral para buscar una solución de consenso.
El texto del documento es engañoso al plantear que “ha llegado el momento de poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, por lo que pide “un escenario de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional con miras a buscar una solución viable y de consenso que haga posible aprobar esta importante legislación”.
De inmediato gran parte de la opinión pública, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado, y el líder opositor Luis Abinader, acogieron la propuesta. Fernández porque quiere mantener un perfil conciliador y necesita la unidad de su partido y el apoyo de Medina en su empeño por para volver a la presidencia. Abinader porque el 9 de enero pasado propuso formalmente al presidente Medina un pacto político por las reformas electorales y la gobernabilidad.
El bloque de partidos de oposición, y entidades como Participación Ciudadana y la Finjus, y organizaciones empresariales también han reclamado la concertación del sistema político para viabilizar una ley de partidos que lleva 16 años dando tumbos en el Congreso, insistiendo como fundamental en la transparencia del financiamiento, límites de gastos y tiempos de campañas y mecanismos democráticos internos y equidad política y de género.
Rebasa los legisladores
El primer elemento que cuestiona la sinceridad de la propuesta presidencial es que Medina, como muchos otros, sabe de sobra que la decisión de una salida consensuada al diferendo sobre la elección de candidatos con padrón abierto sobrepasa el marco legislativo y se inscribe en las alturas del liderazgo político. Sólo los retrasados mentales ignoran que la pelota está en la cancha del Palacio Nacional y que es el mismo presidente quien persiste en imponer un método electivo que divide hasta su propio partido y que rechaza casi todo el sistema político y las entidades sociales, empresariales y religiosas.
El segundo elemento es que parece absurdo volver al escenario donde se discutió el proyecto durante un año, como si él lo ignorara. Tras su enésima introducción al Congreso Nacional, el Senado bajo su control aprobó el 29 de marzo del 2007, crear una Comisión Bicameral, que integró con 14 senadores y 15 diputados, presidida por el senador danilista Arístides Victoria Yeb. Realizaron vistas públicas y recibieron 18 propuestas. Aprobaron 75 de los 77 artículos del proyecto sometido por la JCE, con más o menos variantes, pero quedaron empantanados sobre las primarias abiertas obligatorias organizadas por la JCE.
Los senadores agotaron las dos legislaturas del año pasado, mientras ni siquiera el Comité Político del gobernante PLD lograba acuerdo sobre el punto en conflicto, tanto que en octubre decidió integrar una comisión de cinco juristas para que opinara si ese método es inconstitucional, como ya dictaminó la Suprema Corte en el 2005, Tampoco pudo acordar los juristas, por lo que en febrero revocaron la decisión y dejaron a los legisladores en libertad de votar al respecto. El 7 de marzo los senadores disolvieron la Bicameral y el 18 de abril los más de dos tercios danilistas aprobaron el proyecto con el padrón abierto.
El escenario es la Cámara
Como es mandato constitucional el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados que ahora tiene el poder de decisión. Cierto que allí la división impide lograr dos tercios de los votos para aprobar o para modificar o rechazar el texto del Senado. Alguien tendría que ceder sobre el método de elección de los candidatos, con padrón abierto a toda la ciudadanía o el que el mismo proyecto manda tener en cada partido, o mediante asamblea de delegados, que es lo racional para los pequeños y emergentes, o por encuestas, según lo establecen la diversidad de estatutos. En todo caso bajo estricta fiscalización de la JCE.
Si nadie cede, el proyecto de Ley de Partidos moriría en manos de los diputados, pero ya el escenario de una Comisión Bicameral fue agotado durante más de 11 meses, de manera que rebasa esas instancias para depender del liderazgo político, en especial del presidente Medina. De él se espera que atienda el clamor casi general del sistema político y social y hasta las advertencias de la JCE sobre el costo y la dificultades de elegir al mismo tiempo las candidaturas de 26 partidos a 4 mil 106 cargos, con multiplicidad de aspirantes que podrían totalizar cientos de miles a quienes tendrían que contar votos individuales, y de tres o cuatro elecciones nacionales en 7 meses.
Es obvio que el mismo esfuerzo que se podría hacer otra vez en la Comisión Bicameral, puede tener efecto en la Cámara de Diputados, escenario lógico si ya los senadores tomaron su decisión y si es allí donde nadie reúne la mayoría calificada de dos tercios para una ley orgánica, como es la de Partidos.
Otro divertimento de Danilo
Si el presidente Danilo Medina estuvieran en disposición de aceptar lo que es un consenso nacional casi total, en vez de tratar de revivir la Comisión Bicameral, hubiese pedido a sus parciales en la Cámara de Diputados que no siguieran boicoteando allí el conocimiento del proyecto, como hicieron el 3 de mayo cuando sería introducido al pleno y el martes 15 cuando empezaría a ser evaluado por la Comisión Especial de ese organismo.
En su carta, pidiendo consenso, Medina dedica 4 párrafos a defender sus primarias abiertas y la aprobación senatorial que despreció el amplio consenso nacional. La iniciativa presidencial es tan ilógica que parece fruto de una improvisación, como para sobreponerla y restar impacto al comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana, enviado a los medios el miércoles 16 para publicarse en los diarios del jueves. Así ocurrió, pues para casi todos los medios la carta del presidente fue lo más relevante del día y pocos pusieron atención a lo suscrito por los 23 obispos, incluidos los 7 eméritos.
Varios de esos obispos ya se habían pronunciado individualmente contra la imposición del padrón abierto, y ahora el colectivo plantea que es hora de romper la “prolongada espera” de la Ley de Partidos, “de asumir la responsabilidad con el criterio consensuado por todos, y que responda a los principios democráticos del ejercicio partidario”. Así mismo “que no se puede forzar a la Junta Central Electoral, a la que todos debemos dar nuestro voto de confianza, para que tenga que llevar a cabo tantas elecciones en un mismo año o en unos pocos meses sucesivos”.
Un presidente acorrralado
Si algo queda claro del largo debate es que el presidente Medina, como casi todos los que han alcanzado ese cargo en el país, se siente por encima del resto de la sociedad y trata de imponer a cualquier costo lo que cree conveniente al proyecto de eterno poder. En la sociedad faltan pocos sectores importantes por pronunciarse contra un sistema que abriría de par en par las puertas al ya grave mercado de compras de votos y estremecería el sistema político, amenazando dividir hasta su propio partido.
Nada ha hecho el mandatario para disipar la generalizada convicción de que la imposición del padrón abierto en la Ley de Partidos busca crear espacio a su continuidad en el poder, y que si lograra para ello los dos tercios de los diputados, “conquistando” opositores, los empleará también para modificar la Constitución que le prohíbe volver a ser candidato a la presidencia.
Los más optimistas creen que al reconocer que no ha podido alcanzar esos votos, el presidente está buscando una salida honrada del acorralamiento en que se metió. De ser así devolvería el sosiego a la sociedad. Pero hubiese sido más elegante y más ponderado que siguiera el curso constitucional y lógico de la Cámara de Diputados, puesto que en el Senado el tiene no un tercio, sino tres cuartas partes de los votos.-
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El largo viacrucis de la Ley de Partidos
1998: El “Diálogo Nacional” aprueba instituir una Ley de Partidos y otras reformas políticas y electorales.
1999: La Comisión para Reforma y Modernización del Estado entrega el primer consenso de Ley de Partidos al Presidente Fernández, quien no lo remite al Congreso.
2001: El Consejo Nacional de Reformas del Estado (CONARE) renueva el consenso con modificaciones, pero el presidente Mejía tampoco lo envía al Congreso.
2002: Varios diputados, encabezados por Liselotte Marte de Barrios, someten al Congreso el proyecto de ley consensuado en el CONARE
2009: Tras varias infructíferas reintroducciones al Congreso, el proyecto es incluido en el “Pacto de las Corbatas Azules” entre el presidente Fernández y el presidente del PRD, M. Vargas.
2010: El Comité Político del PLD crea una comisión presidida por el vicepresidente Rafael Alburquerque para consensuar el proyecto.
2011: La JCE envía al Congreso proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, elaborados por técnicos de la OEA tras consultas a los partidos.
2012: En la campaña electoral los candidatos presidenciales firman un compromiso en la PUCMM para aprobar ese mismo año las reformas electorales.
2017: El 29 de Marzo se crea una Comisión Bicameral para consensuar los proyectos de reformas electorales.
2017: El 2 de Octubre el Comité Político del PLD aprueba crear comisión de juristas para opinar sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas.
2018: El 5 de febrero el Comité Político desiste de la comisión de juristas y deja en libertad a sus legisladores para votar sobre las primarias.
2018: El 7 de marzo los senadores disuelven la Comisión Bicameral.
2018: El 18 de abril el Senado aprueba el proyecto de ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas organizadas por la JCE.