El documento sostiene que el periodo de precampaña ya fue formalmente declarado abierto por la JCE, y que las organizaciones políticas y sus precandidatos pueden efectuar una serie de actos de propaganda y campaña electoral.

El “Comunicado de Admonición” emitido por la Junta Central Electoral (JCE) para llamar al orden durante el período de la precampaña no se aviene a la jurisprudencia dominicana, advirtió hoy un grupo de juristas.

El documento de la JCE exige a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que participarán en los comicios del 2024 abstenerse en esta etapa de celebrar eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, en espacios y lugares públicos.

A través de un documento firmado por Eduardo Jorge Prats, Luis A. Sousa Duvergé, Roberto Medina Reyes y Pedro J. Castellanos Hernández, en el que los juristas analizan la disposición de la JCE, advierten que la misma no se ajusta «ni a la jurisprudencia constitucional vinculante del Tribunal Constitucional, ni a la jurisprudencia reciente del Tribunal Superior Administrativo, ni mucho menos al voto de la ley y al espíritu del constituyente, ambos orientados de forma decisiva a reconocer amplias libertades a las organizaciones políticas y los aspirantes a cargos electivos en la difusión de sus programas y consignas».

Todo ello, añade, «sin perjuicio de la potestad que posee la JCE de reglamentar los plazos y periodos en que ello ha de tener lugar».

El documento sostiene que en el periodo de precampaña, declarado abierto por la JCE, las organizaciones políticas y sus precandidatos pueden efectuar una serie de actos de propaganda y campaña electoral, tal como ha ocurrido –y sigue ocurriendo—, sin que quepa imputar irregularidad alguna.

La JCE señaló que vence el día 25 de agosto del año en curso el plazo para el retiro de la propaganda ya colocada y que como sanción al incumplimiento de ello podrá proceder con la retención de los fondos públicos otorgados a las organizaciones políticas.

Fuente: acento.com.do