Una mayoría de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dictaminó este viernes que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva no puede presentarse como candidato en las elecciones de octubre por afrontar una condena por corrupción.
La larga votación concluyó luego de que seis magistrados contra uno -de un total de siete- emitieran su voto a favor de considerar inelegible la candidatura del exmandatario, quien se encuentra preso.
Los miembros del TSE que rechazaron la candidatura de Lula desestimaron también la aplicabilidad de una solicitud del Comité de Derechos Humanos de la ONU del 17 de agosto en el que pide a Brasil que se permita al expresidente presentarse a los comicios.
El juez que votó a favor, Luis Edson Fachin, alegó que la petición de Naciones Unidas se debía cumplir y abogó porque Lula pudiera ser «provisionalmente» candidato.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) niega haber cometido las irregularidades de las que le acusan y argumenta que el juicio en su contra tuvo intereses políticos para menoscabar sus aspiraciones electorales.
La decisión, sin embargo, no es definitiva y puede apelarse en las diferentes instancias hasta llegar al Tribunal Supremo.
Los abogados de Lula aseguraron que la apelarían y el PT anunció que mantendría la candidatura del exgobernante.
«Presentaremos todas las apelaciones ante los tribunales para el reconocimiento de los derechos de Lula previstos por la ley y los tratados internacionales ratificados por Brasil», afirmó el partido en un comunicado, para luego agregar que defenderían «a Lula en las calles, con la gente». «
El proceso
Lula aspira a presentarse a las elecciones generales de este año, pero afronta una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero por la que fue sentenciado a pasar 12 años y un mes de prisión.
Pese a esto, lidera los sondeos de cara a las elecciones con casi 40% de las intención de voto, frente al 20% del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Una ley brasileña establece que una persona condenada en segunda instancia, como es el caso del exmandatario, no puede postularse a ningún cargo electivo.
Según el tribunal que lo condenó en abril pasado, Lula aceptó sobornos por US$1,2 millones de una empresa de construcción, OAS, en la forma de un apartamento junto a la playa en Guaruja, a cambio de que la empresa recibiera contratos de la petrolera estatal Petrobras.
La condena fue dictada por Sérgio Moro, el juez federal que dirigió la investigación del caso «Lava Jato» y que se ha convertido en una de las figuras más notorias en la política brasileña.
Lula acusó a sus enemigos de intentar sacarlo de la arena política, tal como a su juicio hicieron en 2016 con su sucesora Dilma Rousseff, también salpicada por el caso «Lava Jato».
La expresidenta resultó destituida tras un juicio parlamentario por irregularidades presupuestarias.
Su sucesor, el presidente Michel Temer, y otros dirigentes políticos brasileños también se han visto envueltos en el escándalo, que ha minado la confianza de los brasileños en sus dirigentes políticos.
Lula fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010. Le sucedió su jefa de gabinete, Dilma Rousseff. La destitución de esta en 2016 puso fin a 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores.
Fuente: BBC Mundo