SANTO DOMINGO (D.N.), República Dominicana.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) rechaza cualquier intento de reformar la Constitución para volver a establecer la reelección presidencial y favorece que exista el relevo para dirigir los destinos del país.
En ese sentido, se opone a tratar de imponer de nuevo la reelección, porque ha quedado demostrado que es un fantasma para la democracia y la institucionalidad del país.
Miriam Díaz, coordinadora del movimiento apartidista, afirma que esa organización busca lograr un cambio en la población basado en la fe. Asegura que las condiciones están dadas para lograrlo y que solo falta creer en ello.
Díaz sostiene que se necesita respetar la Carta Magna y acostumbrar al dominicano a que tiene un período determinado para gobernar y a su salida del poder dedicarse a otros asuntos y dar paso a otro, aunque sea de otra organización política.
Compra de conciencia
De su lado, Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC, dijo que por la vía democrática no existe la posibilidad de una repostulación y reelección del presidente Danilo Medina, ya que existe una jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional donde declaró inadmisible un recurso que buscaba habilitar al mandatario.
Aseguró que la única forma en que se puede modificar la Constitución es sobre la base de una mayoría mecánica, por medio de la compra y venta de votos y conciencia como siempre se ha impuesto en el país.
“Esto sería una fractura a la institucionalidad y profundizaría mucho más la débil democracia que tenemos”, dijo Pimentel.
En otro orden, señaló que se hace necesario que la Junta Central Electoral apruebe el reglamento para la aplicación de la Ley de Partidos, para poder ir a un proceso electoral con un marco legal que garantice competencia, democracia y equidad en la participación.
“Vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la transparencia y que se sepa quién financia las campañas y el cumplimiento de los topes de los gastos, entre otros”, argumentó Pimentel.
Transparencia
Miguel Collado, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, detalló que de 17 países de América Latina el país ocupa el quinto lugar en el gasto legislativo.
Destacó la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de transparencia fiscal depositado desde 2013.
El también economista explicó que desde 2012 a la fecha las cuentas por pagar en el Presupuesto han aumentado de RD$ 9 mil millones a RD$66 mil millones, lo que representa 1.5 del PIB, y no hay transparencia en cuanto a en qué consiste la deuda.
“Y ese es uno de los temas que deben ser atacados”, dijo. Agregó que se debe estar atento a la ejecución, por tratarse de 2019, un año preelectoral.
En tanto, Cándido Mercedes, miembro del Consejo de PC, dijo que el país tiene seis años que solo se está invirtiendo el 16 % y el otro 84 % es para cubrir gastos.
Enfatizó que los problemas impositivos en el país han hecho que la desigualdad haya crecido en los últimos tres años.
“La corrupción y mala distribución de las riquezas son dos de los elementos que están contribuyendo a la desigualdad social.
“Y esa política impositiva no ayuda a neutralizar el tema vía Presupuesto”, señaló.
25 años de satisfacción
Esta entidad de la sociedad civil, compuesta por una membresía de 500 voluntarios, ha cifrado su esperanza en que los dominicanos serán capaces de realizar los cambios que requiere la ciudadanía.
La coordinadora general de Participación Ciudadana destacó que seguirán trabajando en los próximos años bajo la consigna de cero impunidad y corrupción. Además, lograr una justicia independiente y mayor participación de los ciudadanos, estos y otros temas están contemplados en su Plan Estratégico aprobado recientemente.
“Quisiéramos insistir en que la ciudadanía debe tomar, para las elecciones de 2020, los temas que todavía están pendientes y que deben ser atendidos por el Estado dominicano”, manifestó.
RD sin institucionalidad
Corrupción. La coordinadora general de PC, Miriam Díaz, afirma que la institucionalidad del país se encuentra capturada por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, reconoce que cada día en el país crece el rechazo a la corrupción administrativa, pese a que las instituciones llamadas a fiscalizar e impartir justicia para evitar la impunidad y delitos administrativos no hagan sus papel.
Díaz argumentó que no hay instituciones de control que fiscalicen, “es por eso que los ciudadanos podemos lograr un cambio, ya que están dadas las condiciones para lograrlo”.
Fuente: El Día